ante el delito, “con las armas de la Constitución”

El gobierno impulsa un nuevo código procesal contra la “puerta giratoria”

Los fiscales tendrán más poder y se potencia el rol de las víctimas. Pidió que la oposición acompañe la reforma. La “controvertida” decisión de expulsar a los extranjeros sorprendidos in fraganti.

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“La inseguridad tiene mucho marketing”, disparó la presidente. Y garantizó “prisión preventiva” en casos que provoquen “conmoción social” o indiquen reincidencia. Foto: DyN

 

De la redacción de El Litoral

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DyN

La presidente Cristina Fernández anunció por cadena nacional el envío hoy al Congreso del proyecto de reforma del Código de Procedimientos Penal que “responde a una demanda de la sociedad” para “terminar con la puerta giratoria” y estimó que será “un avance fundamental en el combate del delito”.

“El que cree que con armas que disparan se combate al delito, está muy equivocado”, advirtió, al tiempo que aclaró que se hace “con armas de la Constitución” y se quejó de que “la inseguridad tiene mucho marketing”.

La jefa del Estado destacó que la propuesta cambia el sistema mixto, vigente en la actualidad, por el “acusatorio” que delega en el fiscal la responsabilidad de conducir la investigación pero, aclaró, “no le quita facultades al juez”.

De esta forma, se “asegura la administración de la Justicia penal mucho más segura, que contemple la reparación de víctimas y la participación de las víctimas como contralor” de las causas.

Luego de enumerar las modificaciones propuestas, Cristina Fernández hizo un llamado a la oposición -“a todos los componentes del parlamento”, dijo- para que aprueben la iniciativa porque “quiero que este Código no sea de un gobierno” y porque “la demanda de justicia y de reparación no tiene colores partidarios”.

Ahora Alfonsín

En este sentido, Cristina Fernández recordó especialmente que el ex presidente radical Raúl Alfonsín había impulsado durante su gobierno un código con el sistema acusatorio que fue rechazado y que fue también el responsable de incorporar la figura de un Ministerio Público Fiscal en la Constitución, por afuera del poder político.

Sin hacer mención de nombres, la presidente se encargó de recalcar el carácter independiente de ese organismo, actualmente a cargo de Alejandra Gils Carbó. Uno de los aspectos, que la propia mandataria admitió que “va a generar controversia” en el Código, es la expulsión de extranjeros que “tengan algún tipo de irregularidad” y sean encontrados in fraganti cometiendo un delito.

Luego de defender la política migratoria de la Argentina y comparar esta medida con la anulación de los fueros de un legislador si es encontrado cometiendo un delito, Cristina Fernández subrayó que esta medida “es una protección que merecemos los argentinos frente a lo que se ha venido observando, extranjeros que ingresan al país para delinquir”.

“Además, no podrán volver a ingresar por 15 años y si lo hacen, serán juzgados por ese delito”, agregó.

Al hacer el anuncio en la cadena número 25 de lo que va del año y defender la iniciativa, la presidente puso como ejemplo de la necesidad de reformar el actual Código lo ocurrido con el motochorro filmado en el barrio de La Boca por el turista al que intentó asaltar y que quedó libre. “Esto es un reclamo de jueces, juristas, fiscales, y de toda la sociedad que se siente desprotegida”, afirmó y cuestionó la situación de la “puerta giratoria” en la que, en sentido figurado, “el delincuente entra por una puerta y sale por la otra”.

La clave

Corrupción

  • El esquema acusatorio, que descarga en los fiscales el peso de llevar adelante la investigación, es el mismo que rige en Santa Fe y responde a los lineamientos actuales en materia procesal. La diferencia es que en nuestra provincia, el titular del Ministerio Público de la Acusación -más allá de su prestigio personal- se impuso en un concurso y no mereció objeciones legislativas. En el caso nacional, los cambios implican dar mayor poder al cuerpo de fiscales designados en su mayoría durante el kirchnerismo, y encabezados por la procuradora Gils Carbó, claramente identificada con el gobierno. Y la suspicacia -acrecentada por el apresuramiento oficial- se dispara con relación a las numerosas causas por corrupción contra actuales funcionarios que esperan turno para ser activadas, y cuya aceleración o estancamiento pasará a depender ahora de esos mismos fiscales.