Ajustes al Código Procesal Penal y debate en los tres cuerpos deliberativos
Ajustes al Código Procesal Penal y debate en los tres cuerpos deliberativos
Iniciativas contra la inseguridad
Diputados aprobó el proyecto que incluye un procedimiento ágil que apunta a evitar la impunidad jurídica. En agenda, la prisión preventiva por portar armas en situación irregular. El Senado pidió gendarmes para la ciudad. Y el Concejo avaló la suspensión de la venta de armas y municiones.
Los casos de sospechosos sorprendidos in fraganti tendrán un trámite más rápido y eficaz (imagen de archivo de un procedimiento en bulevar Gálvez y Güemes, en septiembre pasado). Foto: Flavio Raina
Mario Cáffaro
A poco más de ocho meses de vigencia plena, la Cámara de Diputados aprobó el primer cambio al nuevo Código Procesal Penal de la provincia y votaría otro la semana próxima en el marco de reclamos ciudadanos por agravar las sanciones a quienes delinquen, avalados incluso por el discurso de la propia presidente de la Nación el martes último cuando anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto del nuevo Código en la materia para la Justicia Federal.
Ayer, Diputados votó un ajuste en la redacción de la figura de la flagrancia y estableció un procedimiento más ágil y eficaz para cuando los autores son sorprendidos o apresados in fraganti. Pero también, votó un tratamiento preferencial para la semana próxima a los proyectos que facultan a dejar en prisión preventiva a aquellos detenidos por portación de armas en hechos delictivos.
El proyecto sobre flagrancia tiene su origen en el radical Santiago Mascheroni mientras que sobre la prisión preventiva, la Comisión de Asuntos Constitucionales trabajará sobre sendas iniciativas de los justicialistas Héctor Acuña y Darío Mascioli.
Durante la sesión, Acuña volvió a cuestionar las políticas de seguridad del gobierno provincial en diversas intervenciones que realizó al fundamentar pedidos de informes y declaraciones de su autoría que fueron aprobados por el pleno del cuerpo.
Además, la Cámara convirtió en ley la designación de la localidad de Barrancas (dpto. San Jerónimo) como “capital provincial de industrias del freno y embragues” respaldando una iniciativa del senador Danilo Capitani. En cambio, dio media sanción a un proyecto del justicialista Mario Lacava declarando al año 2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, inscripción que deberá estar en toda la papelería oficial de la provincia; y a otro de Germán Mastrocola (PRO) para crear una central de datos sobre el paradero de personas que no son encontradas por sus familiares o su entorno, sistema que se propone bautizar ¿Dónde estás? “El proyecto es sobre la ubicación geográfica de personas que aparentaran estar perdidas o fallecidas o que hubiesen sido detenidas por la fuerza pública o que hubiesen ingresado sin acompañantes lúcidos y conscientes a efectores de salud, o que hubiesen sufrido algún tipo de siniestro que invalidase la normal comunicación y contacto con su entorno familiar y social”, explicó el legislador.
Las razones de la flagrancia
“El objetivo es mejorar la definición de flagrancia en el Código Procesal Penal y establecer un procedimiento efectivo”, dijo Mascheroni tras la votación por unanimidad de la reforma propuesta que apunta “a dotar a la Justicia de una herramienta más ágil, rápida y eficaz para el juzgamiento de hechos en los que los autores fueron sorprendidos en el momento mismo de haberlos cometido, o en posesión de objetos o rastros que hicieren presumir que acaba de participar en la comisión de algún delito”.
In fraganti y en delitos cuya pena no supere los 8 años de prisión si el fiscal entiende que el caso se encuentra comprendido en un delito de flagrancia así lo declarará dentro de las 48 horas de ocurrido el hecho. Notificará en audiencia al imputado, defensor y víctima la propuesta de implementar desde la primera audiencia un procedimiento ágil y eficaz que permita una rápida respuesta del sistema, obteniendo una sentencia en menos tiempo, y sustraer el tratamiento de este delito de las exigencias del procedimiento común.
El fiscal consignará en el acta de notificación, y a su elección, la implementación de cualquiera de las alternativas: probation, criterio de oportunidad o el juicio abreviado, institutos que prevé el Código.
Para Mascheroni, “se pretende aprovechar las particulares características de juzgar un hecho delictivo, cuyos autores son sorprendidos o apresados in fraganti ya que al requerirse mínimos elementos probatorios y la improcedencia de discutir la autoría del hecho, no hay impedimento material para un rápido dictado de sentencia, evitando la imposibilidad de juzgamiento y la posibilidad de prescripción de las causas, circunstancias que alimentan la impunidad del sistema, acrecentando la protesta ciudadana”.
El autor recordó que Buenos Aires, Mendoza y Salta ya avanzaron en el tema y el proyecto abreva en esas iniciativas. “Nuestra propuesta es superadora porque el fiscal no necesitaría de la conformidad del acusado o su defensa para proponer esta alternativa, restándole únicamente la posibilidad de expresar su discrepancia dentro de los cinco días al juez, quien en forma inmediata deberá resolver por la aplicación o no de este procedimiento agilizado mediante decisión irrecurrible, a no ser que el imputado se encontrare detenido”.
Mascheroni explicó que la propuesta apunta a evitar que “por una mala articulación procesal jamás se llegue a una solución final. A ello tenemos que sumarle que la inmensa mayoría de los casos de flagrancia no ingresan dentro de los criterios de oportunidad, y si bien son pasibles de probation o juicio abreviado, es algo difícil de someterse en el caso que sea una probation o un juicio abreviado”.
Nota que derivó en pedido de informes
El legislador se detuvo en varios puntos del reportaje y remarcó dichos de Buscaglia como por ejemplo cuando dijo “lo que sí debe hacer el gobierno de Santa Fe es que una vez que el fiscal federal impulsa una causa por tráfico de droga, los fiscales de la provincia deben desmantelar los bienes no financieros de estas personas ligadas a las mafias. Los jueces y los fiscales no se mueven. Hay mucho miedo. No se quieren meter a investigar los patrimonios porque aparecen ‘hijos’ de políticos involucrados”.
La Cámara pide precisiones a los dichos del experto por entender que se abren demasiadas sospechas sobre la dirigencia política y la magistratura santafesina.