Una comunicación con destinatario en la Casa Rosada

El Senado santafesino pide a Sergio Berni la Gendarmería

La Cámara Alta aprobó una expresión de deseos para la capital provincial. Tiene un valor político extra: 11 de los 19 senadores son peronistas. Debate duro por la inseguridad.

 

Luis Rodrigo

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Hubo reproches al gobierno provincial y reclamos a la Nación. Lógicamente, los opositores pusieron más el acento en lo primero y los oficialistas sobre lo segundo. Pero en algo coincidieron: todos cargaron con duras críticas contra el Poder Judicial, tanto a nivel del fuero federal como el de la Provincia.

A esas observaciones respecto de la ineficiencia de los tribunales se sumaron otras críticas, más profundas sobre la llamada corriente garantista dentro del derecho penal.

La inseguridad es parte permanente de la agenda del Senado santafesino. Y aunque el tema no forma parte de los asuntos de todas las sesiones, siempre existen proyectos de ley pendientes, sancionados o manifestaciones al respecto. Ayer, sobre tablas y por unanimidad se aprobó el pedido del santafesino Hugo Marcucci (UCR-La Capital) para que la Gendarmería venga a la capital provincial.

“Queremos que quede claro que Santa Fe pide que vengan los gendarmes; no quiero ser parte ni observar ningún debate en el que se diga que si se pidió o no se pidió la Gendarmería”, subrayó Marcucci, en obvia alusión a la forma cómo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, pretendió eludir responsabilidades nacionales en la crisis provocada por los motines de la policía, en diciembre de 2013, que lentamente se inició en Córdoba y luego se extendió al resto del país.

Luego agregó: “Queremos que venga la Gendarmería para articular su trabajo con el de la Policía provincial y las autoridades del Ministerio de Seguridad y sobre todo queremos que venga la Gendarmería para que la Nación cumpla con su deber: enfrentar el delito del narcotráfico que indudablemente corresponde al fuero federal”, dijo el senador.

En la bota, de punta a punta

Antes de la aprobación de la comunicación (que incluyó un pedido expreso para que la minuta llegue al despacho del poderoso secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni), hubo un debate de casi una hora sobre la inseguridad.

Comenzó con una manifestación de Germán Giacomino (UCR-Constitución), sobre la escalada de inseguridad en una población de no más de 50 mil personas que ha perdido la tranquilidad en los últimos meses.

Esta semana hubo una movilización masiva en la ciudad de Villa Constitución, al sur de Rosario y a su posición (que incluyó críticas a la propia gestión del gobierno provincial y al Poder Judicial, además de la policía) se sumaron las de otros senadores del oficialismo y de la oposición que tuvieron los mismos blancos, con reproches al fuero federal de la Justicia, a las autoridades santafesinas en materia de seguridad y la necesidad de que el gobierno nacional se haga cargo de un delito de su competencia: el narcotráfico.

Dardos a magistrados

Los senadores votaron lo que en términos legislativos se considera una expresión de deseos, pero que tiene un significado mayor cuando se advierte que son del PJ 11 de las 19 bancas.

También hablaron en extenso de los proyectos de ley que tuvieron media sanción en esa Cámara pero fueron archivados en Diputados, y que buscan más facilidades para imponer la prisión preventiva y crea dificultades para las excarcelaciones.

En ese marco, el justicialista Joaquín Gramajo (9 de Julio) dijo que los jueces han “tergiversado” el garantismo y “confunden libertad con libertinaje”. Advirtió que la impunidad “rompe el pacto social del que hablaba Rousseau”, con el resultado de más violencia que esto puede engendrar. Hizo responsable de la “deformación” del garantismo al juez de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Zaffaroni.

En la misma dirección, Lisandro Enrico (UCR-General López) cuestionó lo que considera una “lectura equivocada” de las leyes vigentes. Sin medias tintas preguntó: “¿Qué hacemos hoy con el que roba, es apresado y luego puede seguir robando porque sale en libertad?”.

Más adelante fue el radical Marcucci quien abundó sobre la teoría del contrato social. Recordó que “entre las funciones básicas del Estado” está la de proporcionar a los ciudadanos seguridad. Citó a la presidente Cristina Fernández de Kirchner a propósito de la “puerta giratoria” en el Poder Judicial y subrayó: “Las leyes pueden ser mejoradas, pero la gente debe saber que hoy, con las normas que existen, los jueces y los fiscales pueden actuar ante el delito”.

Sobre un juzgado federal

  • El senador por General López, Lisandro Enrico, se quejó por la lentitud con que los jueces federales libran -en las causas por narcotráfico- órdenes para producir allanamientos o escuchas telefónicas.

Habló, desde su banca, de dos casos cuya resolución se demora “durante meses” porque no hay respuestas de los jueces. Mencionó un informe de más de noventa páginas de la Policía de Venado Tuerto que fue elevado al Juzgado Federal Nº 3 de la ciudad de Rosario.

Dijo que hay indicios que muestran que los narcotraficantes manejan aún “desde la cárcel” el tráfico de drogas. Sostuvo que todo sería más sencillo si Santa Fe adhiriera a la llamada Ley de Narcomenudeo, que lleva a la Justicia santafesina la competencia sobre pequeños traficantes. Hoy son sólo competencia del fuero federal los delitos vinculados con las drogas.

Enrico recordó que en agosto fue desmembrado el Cartel de Santa, que operaba en Venado Tuerto, Elortondo y Firmat (en sur santafesino), con ramificaciones en Pilar y San Isidro (en el norte del conurbano bonaerense). Dijo que “lamentablemente de los 23 detenidos por entonces, ya son 16 los que están en libertad”.

"La inseguridad asuela la provincia. Es obligación del gobierno provincial hacer algo más que lo que hace”,

senador Alberto Crosetti

(PJ-Belgrano).

El dato

Apelación

  • El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, afirmó que en el gobierno se “conformarían” con que “la oposición acompañe esta modificación al Código de Procedimiento Penal” que envió la presidenta Cristina Fernández al Congreso. “Hay un montón de puntos en los que podríamos ponernos de acuerdo” como la defensa de los derechos humanos o la soberanía de Malvinas, pero “necesitamos dirigentes políticos de la oposición que por encima de cualquier interés sectorial estén dispuestos a defender el interés de la mayoría”. Como en este caso, que apunta -dijo- a favorecer “la seguridad ciudadana”.