Ricardo Mena, jefe de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres

“La gestión de riesgos necesita la participación de todos los actores”

• Asegura que no es sólo competencia del poder político e insta a que se involucren los otros poderes del Estado y la sociedad civil. Mientras se prepara para debatir en Japón el nuevo marco mundial sobre el tema, visitó la ciudad y participó del primer congreso que reunió a juristas, legisladores, académicos, líderes políticos y referentes sociales.

Lía Masjoan

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La inundación de 2003 sacudió a la ciudad y obligó a cambiar los paradigmas de la gestión del riesgo hídrico y a pensar en incluir políticas en este sentido como prioritarias de la planificación urbana. El Congreso Internacional sobre Derecho, Política y Gestión de Riesgos de Desastres que se realizó esta semana en la ciudad es una muestra de la relevancia que adquirió el tema en la comunidad santafesina.

Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional Las Américas de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, fue uno de los participantes de lujo, con quien El Litoral tuvo oportunidad de dialogar.

Lo entusiasmó la idea de que se haya convocado a participar a “nuevos actores” que no suelen estar presentes en eventos de este tipo, como juristas, científicos y legisladores. “Estamos a cuatro meses de la Conferencia Mundial para reducción de riesgo de desastres que se va a llevar a cabo en marzo en la ciudad de Sendai, Japón. Y uno de los principios guía del nuevo marco internacional que entrará en vigencia luego de esa conferencia ya habla sobre la necesidad de que la gobernanza del riesgo no sea un asunto exclusivo del Poder Ejecutivo sino que hace una clara reflexión sobre la necesidad de que tengan participación todos los actores del Estado y de la sociedad”, destacó. “El Poder Judicial y el Legislativo también deben participar en la gobernanza porque el Ejecutivo por sí solo no puede encarar el problema en las dimensiones en las que se está presentando. Y es importante que haya una activa participación de la sociedad civil. Estamos viendo que por el crecimiento urbano, por el impacto que ha habido sobre los ecosistemas, la degradación ambiental y los problemas relacionados con la pobreza y la marginalidad se construyen escenarios de alta vulnerabilidad y exposición frente a amenazas naturales que son los disparadores del riesgo porque encuentran un terreno muy propicio en procesos de desarrollo que han sido mal planteados”, destacó.

— ¿Qué puede y debe aportar cada estamento?

— Los científicos son quienes pueden hacer el análisis de los diferentes factores que están subyacentes en el riesgo, no solamente para conocer mejor las amenazas en sí mismas (en el caso de Santa Fe, por ejemplo, cómo funciona el fenómeno hidrometeorológico que lleva a que los ríos crezcan, se desborden e inunden zonas habitables), sino que también se necesita el aporte de los científicos que están preocupados por las ciencias sociales para que conozcan cuáles han sido los patrones de crecimiento y los procesos sociales que han llevado a la construcción del riesgo. Por ejemplo, sabemos que muchas de las zonas que están más expuestas a la amenaza de inundación son barrios marginales. Situaciones de pobreza y marginalidad han llevado a las personas a asentarse en lugares altamente expuestos porque no tienen otras opciones. Y esos procesos sociales muchas veces no se analizan y son un componente muy importante de la fórmula del riesgo. Hubo una tendencia histórica a centrarse en la amenaza en sí misma pero no en los procesos que llevan a las personas a asentarse en zonas altamente expuestas, lo cual permite contar con información basada en la evidencia que puede apoyar procesos de toma de decisiones de parte de las autoridades.

Desde el punto de vista del Poder Legislativo, se necesita un acompañamiento de normas jurídicas que permitan institucionalizar y dirigir la forma cómo se deben llevar a cabo los diferentes procesos. Este tema tiene que estar inserto en la ley de régimen municipal, en un plan de ordenamiento, definiendo las responsabilidades del gobierno local, pero tiene que estar también en los cuerpos legales que regulan el manejo y la gestión del ambiente, de los recursos hídricos, de la producción agropecuaria.

Los procesos de respeto de derechos humanos y de protección de la vida también deben ser observados y respetados y el Poder Judicial tiene que tomar esta temática en consideración para que esos derechos puedan ser debidamente garantizados. Hemos visto que en muchas ocasiones, inclusive por exacerbaciones de las amenazas por el cambio climático o por degradación ambiental, están teniendo que obligar a personas a migrar a otros lugares para poder defenderse.

—Eso sucede en Santa Fe. Hay gente que vive desde hace más de 20 años en un determinado lugar que el municipio considera vulnerable a las amenazas y propone su traslado, a pesar de la fuerte oposición de organizaciones barriales y de derechos humanos por el desarraigo que esto supone. ¿Qué derecho pesa más en estos casos? ¿Qué es conveniente hacer en estas situaciones?

—El derecho a la vida es fundamental, por lo que debería estar por encima de todos los demás. Obviamente, hay que tomar en consideración los diferentes aspectos sociales, culturales y económicos que pueden permitir a esa misma persona llevar una vida digna en un lugar en el que no esté tan expuesta a las amenazas naturales. Pero el derecho más fundamental del ser humano es la vida y debe estar en supremacía del resto siempre.

Rol del poder local

— Una de las conclusiones del encuentro que se celebró en Guayaquil (Ecuador) este año fue la importancia de fortalecer el poder local de la autoridad política de una comunidad, por la cercanía que tiene con los vecinos y los problemas ¿Cuáles son los caminos posibles para lograrlo, teniendo en cuenta que muchas veces tienen un plan pero carecen de los recursos económicos para implementarlo?

—Sobre esto se hace mucho énfasis en este nuevo marco internacional que se está negociando y que se aprobará en Japón el año próximo. El gobierno local es el que está en posibilidad de orientar, ordenar y regular el crecimiento de las zonas urbanas. El no hacerlo, y no se ha hecho así durante muchos años de desarrollo urbano, es justamente lo que contribuye a generar altos riesgos. Es cierto que los gobiernos locales no tienen en muchas ocasiones ni la capacidad técnica ni los recursos necesarios para poder tomar a cargo esta responsabilidad en la que -definitivamente- tienen que tener una competencia directa. Lo que se busca es que desde el nivel nacional haya un fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales, que debe estar acompañada de recursos, para que la reducción de riesgo de desastres sea un elemento importante de su programa de gobierno.

Rol del sector empresario

—Y el sector empresario, ¿tiene responsabilidades en este tema?

—El gobierno local no tiene que ser visto como el único responsable. En las ciudades, los actores del sector privado son quienes hacen la mayor parte de las inversiones. Por tanto, los empresarios también tienen que tomar en cuenta el tema de riesgo para que sus inversiones sean más resilientes. El sector privado no sólo debería estar presente cuando ya se presenta una situación de desastre para ayudar a las familias y distribuir ayuda humanitaria, sino que debe preocuparse también por su propia resiliencia y su propia sostenibilidad. Y en ese sentido, las inversiones que lleva a cabo también tienen que ser analizadas desde el punto de vista de la gestión de riesgo para evitar hacerlas en zonas que puede ser que estén expuestas a amenazas, y no contribuyan al problema sino que mitiguen el posible impacto de situaciones de desastre.

—Al igual que las inversiones que realiza el sector público.

—Efectivamente. Es necesario que la inversión pública sea hecha también de manera sensible al riesgo. Esto quiere decir que cuando se hace el análisis costo-beneficio de los proyectos de inversión pública, se debe incluir la variable “amenazas naturales” para calcular, por ejemplo, si en el período de servicio que se proyecta para una obra no conviene invertir un 5 ó un 6 % más para asegurar que no será destruida por una amenaza y se perderá totalmente.

 

2.500 ciudades

• integran la campaña de Naciones Unidas “Construyendo Ciudades Resilientes”, 600 son de América Latina y una docena de Argentina.