El Senado votó cambios en 29 artículos del Código Procesal Penal

Hubo consenso para el paquete de leyes contra la inseguridad

Por unanimidad, el Senado votó la creación de la Policía Judicial, un programa de protección a testigos y víctimas. También cambios para facilitar allanamientos y la prisión preventiva.

Luis Rodrigo

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Con cambios de fondo que difícilmente prosperen en Diputados y otros que -por el contrario- tienen muchas chances de ser confirmados por la otra Cámara, ayer en el Senado santafesino hubo una suerte de “minirreforma” a la reforma del flamante Código Procesal Penal.

En sus discursos, los senadores dejaron en claro que los cambios no deben ser interpretados como una “contrarreforma” sino como adaptaciones lógicas; necesarias tanto por las falencias que ha revelado la puesta en práctica del nuevo proceso en los casos penales, como por la crisis de inseguridad que sufre la provincia.

“No es de reaccionarios modificar el Código Procesal Penal, sino de sabios interpretar la realidad”, dijo en su banca Lisandro Enrico (UCR-General López; en tanto que su par Hugo Marcucci (UCR-La Capital) destacó: “Los cambios que votamos no deben llevarnos a pensar en un antes y un después en materia de inseguridad: sólo son herramientas”, advirtió el santafesino, autor de la mayor parte de las normas que ayer se sancionaron.

En la penúltima

El próximo jueves, la Cámara Alta tendrá su última sesión del período ordinario (prorrogado). Ayer votó el tantas veces mencionado paquete de leyes contra la inseguridad, que implica cambios relevantes a 29 artículos del nuevo Código.

Entre los bloques, y dentro de las bancadas, los senadores hicieron todos los esfuerzos necesarios para que se alcanzara el consenso, y llegaron a la unanimidad en todas las medias sanciones sobre la ley 12.734. (El nuevo código se votó en julio de 2007 y fue puesto en vigencia en febrero de este año).

Allanamientos e investigación

En la Legislatura se descuenta que, como en el Senado, habrá consenso en Diputados para la sanción las leyes que cambiarán las condiciones con que hoy la parte acusatoria del nuevo sistema lleva a cabo su tarea.

El Ministerio Público de la Acusación, en la figura de su fiscal general, Julio de Olazábal había pedido públicamente, el 16 de octubre pasado, el tratamiento de normas que -en algunos casos- ya contaban con media sanción de Diputados.

Ayer, logró media sanción y volvió a Diputados la creación de un nuevo órgano de investigaciones que dependerá de los fiscales. La llamada Policía Judicial apoyará con investigadores y técnicos las pesquisas de la acusación.

El Senado produjo una media sanción sobre la base de un proyecto de ley de Hugo Marucci (UCR-La Capital), así como de la iniciativa que había logrado media sanción en diputados. Además, se agregaron contenidos de la frustrada ley (por veto del Ejecutivo) que impulsaran Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) y el diputado Eduardo Toniolli (PJ-FPV), entre otros aportes.

También parece tener todas las chances de convertirse en ley la media sanción para morigerar unas exigencias demasiado precisas para los allanamientos. (Hoy los fiscales deben consignar hasta el calibre del arma que buscan en un domicilio particular para poder pedir estos procedimientos). En este punto, más que una reforma de tipo ideológico, el cambio se ha apoyado apenas “en el sentido común”, según coincidieron los senadores.

En este caso, el expediente aprobado lleva las firmas (además de las de Marcucci) de sus pares del oficialismo Enrico, Miguel Lifschitz (PS-Rosario) y Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal).

Prisión preventiva

Enrico atacó al “garantismo” y felicitó a sus pares por tomar la decisión política de cambiar el código para facilitar el dictado de la prisión preventiva. El senador advirtió que hoy sólo le cabe cárcel (a alguien que aún no ha sido declarado culpable) cuando el juez entiende que se encuentra amenazado el proceso judicial.

La reforma, en su aspecto más polémico, otorga mayores herramientas a los fiscales a la hora de solicitarla. Podrán hacerlo para proteger a eventuales víctimas de delitos, a los denunciantes, los testigos o los familiares de los mismos.

Otro dato de peso: el uso de armas de fuego en la comisión de un delito (antes del juicio) será considerado también como causal para la prisión preventiva.

Entre otros cambios, los fiscales van a tener más plazos para mantener con prisión preventiva a los acusados. A las 48 horas previstas en el Código vigente, si Diputados lo aprueba se sumarán otros dos días para que el fiscal, atento a los pocos recursos y la mucha demanda, pueda preparar mejor el caso.

Testigos y querellantes

Los testigos, así como los querellantes y los imputados contarán con un programa de protección si así lo ordena el juez de una causa, de oficio o a pedido del fiscal o cualquiera de los mencionados.

El programa contempla desde el patrullaje y la presencia policial hasta el cambio de identidad de los involucrados.

El proyecto de ley (también del senador Marcucci) llevaba cinco meses de estudio en las comisiones y ayer logró media sanción y su pase a Diputados.

" Los senadores y los asesores de las distintas comisiones han trabajado denodadamente para la redacción de las normas que impulsamos y por la construcción del consenso; han sido injustas las críticas que enlodaron a este Senado”,

Joaquín Gramajo,

senador (PJ-9 de Julio), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.