No encontraron papeles, y ni siquiera muebles

Allanaron una empresa de Cristina y Capitanich habló de “golpismo”

Es la que administra el hotel que la presidente posee en El Calafate (Santa Cruz) y que alquiló a Lázaro Báez. El jefe de Gabinete habló de “un ataque despiadado y sistemático” al gobierno desde el Poder Judicial.

De la redacción de El Litoral

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DyN

El gobierno acusó hoy a la Justicia de encabezar un “ataque despiadado” y enhebrar una “estrategia de golpismo activo” por investigar una empresa hotelera de la presidente Cristina Fernández a partir de “denuncias falsas sin ningún tipo de entidad”.

Así lo manifestó esta mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien sostuvo que hay “jueces que hostigan permanentemente al gobierno o a funcionarios del gobierno”, en supuesta referencia al magistrado federal a cargo de la causa, Claudio Bonadío.

En su habitual conferencia de prensa, que se realizó en el sector militar del aeroparque metropolitano Jorge Newbery, el funcionario dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad”.

Capitanich repudió el allanamiento judicial a las oficinas porteñas de la sede jurídica de la empresa Hotesur SA, que administra un hotel de la presidente Cristina Fernández en la localidad santacruceña de El Calafate, al asegurar que la operatoria de la compañía “es clara y transparente”.

“Hotesur forma parte de las sociedades activas que presentaron las declaraciones juradas y la documentación se encuentra en análisis (en la Inspección General de Justicia) junto a 47.373 sociedades comerciales”, enfatizó Capitanich. Y amplió: “Por lo tanto, con el simple requerimiento de esta información, no se necesita ningún allanamiento judicial porque la operatoria de la empresa es clara y transparente”.

Por tanto, insistió en que se trata de “un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad, con una sola estrategia: establecer una instalación mediática alevosa, pergeñada y articulada desde el arco opositor”.

Sobre ello, precisó que “este golpismo activo del Poder Judicial” tiene una “pata comunicacional” y otra “de la oposición política, que mantiene una actitud violatoria de la Constitución Nacional y sediciosa al negarse al tratamiento de la designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema”.

Vacío

Bonadío ordenó ayer el allanamiento de oficinas porteñas de la sede jurídica de la empresa Hotesur SA, que administra el hotel que la presidente Cristina Fernández posee en El Calafate (Santa Cruz), pero el lugar estaba vacío. Además, el magistrado dispuso operativos en la Inspección General de Justicia (IPG) y en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), de donde la Policía Metropolitana se llevó documentación vinculada a la firma.

El procedimiento fue ordenado en una causa en la que se investiga una denuncia penal de la diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN-Unen) contra la presidente por supuestas irregularidades fiscales y societarias en Hotesur SA y en la que el fiscal Carlos Stornelli formuló el requerimiento de instrucción.

Se trata de la compañía que administra el Hotel Alto Calafate, que el ex presidente Néstor Kirchner dijo haber adquirido en 2 millones de dólares, y cuyas habitaciones le alquiló a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, que nunca fueron utilizadas.

El juez Bonadío ordenó allanar el domicilio de Lavalle 975, quinto piso, donde Hotesur tiene registrada su sede jurídica, pero el lugar estaba vacío. “Estaba todo vacío. No había ni mobiliario”, confío a DyN una fuente judicial tras el procedimiento que hizo la Policía Metropolitana. La fuerza también realizó procedimientos en la Afip y en la IGJ.

Trámite

La Policía Metropolitana llegó a la Afip con una orden de presentación para retirar los legajos y las declaraciones juradas e impositivas de Hotesur. El organismo que encabeza Ricardo Echegaray sostuvo que “este tipo de información la Justicia la pide por oficio, siendo extraordinario y poco frecuente que la Justicia haga este requerimiento mediante una orden de presentación, como ocurrió en este caso”.

Por su parte, la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, también emitió un comunicado en el que informó del procedimiento que se realizó. La IGJ explicó que “hizo entrega de la totalidad de la documentación existente en poder del organismo relativa a la firma Hotesur S.A. (originales de Constitución de la Sociedad, Reformas de Estatuto, Cambio de Domicilio y declaración Jurada Res. IGJ N1/10), así como copia certificada de la documentación presentada en soporte digital (Balances)”.

“La actividad hotelera es muy usada para el lavado”

• En diálogo con Radio Mitre, la diputada Margarita Stolbizer explicó que “la base de la denuncia es el ocultamiento de la información” porque “la IGJ se había convertido en una cueva de ocultamiento de información”.

“Los hoteles de la presidente son administrados por Valle Mitre, de Lázaro Báez; garantizan una transferencia millonaria de recursos por el alquiler de habitaciones que no hay constancia de que se ocupen. Por eso advertimos que la actividad hotelera es muy utilizada para el lavado de dinero. La presidente debería tener el cuidado de la presentación de la documentación, para que no sea pasible de la sospecha”, agregó.

La diputada presentó a Bonadío “un análisis de documentación pública y oficial” basado en “la declaración jurada de la presidente”, en la cual “declara una participación accionaria de algo más de 9,3 millones en una sociedad llamada Hotesur” y, “al mismo tiempo, manifiesta una deuda de 4 millones con Hotesur. Es acreedora y deudora de sí misma”.

“Lo que hice fue ir a buscar la información accesoria para entender qué era lo de Hotesur: presentó su última conformación de directorio en 2008. El último directorio estaba compuesto por la hija de (la ministra de Desarrollo Social) Alicia Kirchner, Romina Mercado; el marido de la otra hija de Alicia Kirchner; el abogado de Lázaro Báez y el socio de Máximo Kirchner”, prosiguió.

Stolbizer agregó que “al buscar los balances, no hay balances presentados desde hace cuatro o cinco años ni se pagan las tasas de la IGJ. Nunca la IGJ intimó a la presidente o a la sociedad para cumplir con estas normas”.

Y también sedición

• Los senadores nacionales de la oposición que anunciaron que no aprobarán ninguna propuesta del Ejecutivo para cubrir la vacante que dejará en la Corte Suprema la renuncia del ministro Raúl Zaffaroni fueron denunciados por “sedición” por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

Apuntó contra los senadores Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Fernando Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti, Diego Santilli “y todo otro” que haya suscripto el “compromiso público de impedir la cobertura de la vacancia en la Corte Suprema”.

La causa recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Carlos Rívolo. “Ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva con el fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional” de cubrir la vacante en la Corte, embistió Barcesat.

El artículo 230 del Código Penal establece penas de uno a cuatro años de prisión para quienes “se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de funcionarios nacionales o provinciales.”