Retoques al Código de Faltas

Agravan sanciones para la reventa de entradas en espectáculos deportivos

La reforma fue votada en la Cámara de Diputados e incluye también a los dirigentes de clubes. Otras leyes aprobadas el pasado jueves y giradas al Senado en revisión.

Mario Cáffaro

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Sobre tablas, la Cámara de Diputados votó una reforma al Código de Faltas de la provincia para agravar las sanciones por la reventa de entradas en espectáculos deportivos e incluye a los propios responsables de la organización de tales eventos con posibilidad de ser sancionados económicamente o con hasta 30 días de arresto. “Es la principal fuente de financiamiento de las barras bravas y hay que cortarla”, justificó en el recinto el radical Darío Boscarol, autor de la iniciativa. Explicó que la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya tienen previsto este tipo de sanciones.

El proyecto modifica el inciso C del actual artículo 76 del Código y prevé multas de 3 a 40 jus o arresto de hasta 20 días al que revendiere, por cualquier medio, una o más entradas para un espectáculo deportivo. La sanción alcanzará también por la venta de entradas de cortesía, protocolo o invitación. La sanción se agravará si es cometida por el responsable de la organización del espectáculo y prevé que “si la realización de estas conductas produjere alteraciones al orden público, la escala de la sanción se eleva al doble”.

Boscarol señaló que el objetivo es “sancionar dos tipos de actividades ilegales, la reventa de entradas y la venta de entradas que no fueron obtenidas a través de la venta oficial sino por cortesía o protocolo”. Aclaró que la actual redacción del Código de Faltas no prevé la reventa de entradas como un delito en sí mismo sino que lo hace en los casos en que se produzcan desórdenes, aglomeraciones o incidentes como consecuencia de este acto.

Otra comisión investigadora

Con el voto en contra del radical Santiago Mascheroni, Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto para crear una comisión bicameral que investigue a los actores económicos involucrados en los delitos de lesa humanidad en la provincia. La iniciativa es de José María Tessa (Nuevo Encuentro) quien afirmó que “las terribles secuelas de la última dictadura cívico-militar argentina han dejado una marca indeleble en el tejido social. Los avances observados en materia de juicio y condena a los responsables de violaciones a los derechos humanos brindan una necesaria reparación a la sociedad y a las víctimas directas. Pero los progresos fueron menores en relación al esclarecimiento del rol empresarial en la represión ilegal. Y la cuestión no es menor porque esa cúpula empresarial fue una de las principales beneficiarias del golpe de Estado” dijo el legislador.

Para Mascheroni, la iniciativa está “rayana con lo inconstitucional y con el derecho” e incluso la tildó de ‘disparate jurídico’ y pidió a sus pares analizar las actas de la dictadura que obran en la propia Cámara entregadas por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, para luego definir pasos.

El proyecto consiste en la creación de una Comisión Bicameral Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia en el ámbito de la Legislatura con los fines de investigar, estudiar, desentrañar y esclarecer la actuación de aquellos actores económicos que interesadamente promovieron, facilitaron, contribuyeron o se beneficiaron del accionar represivo dictatorial y los delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe.

Por otra parte, nuevamente fue votada en Diputados la autorización para expropiar el inmueble donde funcionó el centro clandestino de detención La Calamita en Granadero Baigorria. Alicia Gutiérrez (SI) autora del proyecto recordó que leyes votadas sobre el predio a instancias de los diputados socialistas Eduardo Di Pollina y Alfredo Cecchi en 2003 y 2005 cayeron porque el Poder Ejecutivo de entonces no concretó la acción expropiatoria. Diputados luego le dio media sanción en 2008 y 2010, pero no tuvo el acompañamiento del Senado.

La Calamita constituyó uno de los centros clandestinos de detención de militantes sociales, políticos y sindicales que funcionó en el territorio de Santa Fe bajo la órbita del II Cuerpo del Ejército. Se presumen que por el lugar pasaron más de cien hombres y mujeres que fueron secuestrados, torturados y hoy se encuentran desaparecidos, como así también embarazadas cuyos bebés fueron apropiados. La mayoría de la casos de desaparecidos en La Calamita están incluidos en la Causa Guerrieri III que se tramita actualmente en la Justicia Federal de Rosario.

El dato

Representante

La Cámara de Diputados votó la resolución por la cual designó a Carlos Colombo para integrar por el cuerpo el directorio de Radio y Televisión Santafesina Sociedad del Estado. La designación del periodista rosarino fue a instancias de la mayoría justicialista. En tanto, la minoría del Frente Progresista aún no logró consensuar el nombre para ocupar el cargo.

Boscarol propició cambios en el Código de Faltas para sancionar a los barras.

Foto: Sebastián Granata/Cámara de Diputados

Con votos positivos

En la última sesión, Diputados sancionó dos leyes, una de las cuales crea un Juzgado de Familia en el circuito judicial de Vera, iniciativa que no contó con el respaldo del Frente Progresista. La otra es la exención impositiva al alquiler y venta de películas o videogramas grabados.

Por otra parte, la Cámara giró en revisión al Senado varios proyectos:

* Un sistema de historias clínicas y recetas digitales para los pacientes de la provincia y la creación de la base de datos única de salud, iniciativa de Germán Khalow (100% Santafesino).

* El resguardo, difusión y ampliación de los derechos del paciente en concordancia con la Ley Nacional 26.529 de derechos del paciente, de Alicia Gutiérrez (SI).

* La autorización al Poder Ejecutivo para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública, tema que volvió en tercera revisión al Senado.

* Creación del servicio fúnebre de la provincia, proyecto de Bernardo Vega (100% Santafesino).

* Subsidio mensual de 700 litros de aeronafta y 20 de aceite de uso aeronáutico a cada uno de los aeroclubes de la provincia. Es un proyecto del senador Rodrigo Borla, reformado por la Cámara Baja y girado en revisión a la cámara de origen.

José María Tessa pretende investigar las relaciones civiles con la dictadura.

Foto: Sebastián Granata/Cámara de Diputados