De domingo a domingo

Lilita, Cristina, las denuncias y una política alejada del pueblo

Hugo E. Grimaldi

(DyN)

Ángeles o demonios, idolatradas o resistidas por sus enjundias o cinismos, Cristina Fernández y Elisa Carrió resultan ser por estos días las personas que mejor saben leer las claves de la política y representan como nadie la lucha por el poder en la Argentina.

Ellas dos son quienes posiblemente definen hoy con mayor precisión dónde está el blanco, lo que no significa que a la hora de la ejecución sean certeras en atinarlo.

Por otra parte, hacer un diagnóstico desde una perspectiva determinada tampoco es sencillo, porque en la actual realidad conviven la disputa electoral que está lanzada desde hace un largo rato, con una situación económica más que débil, con el avance imparable del narcotráfico asesino y con una degradación institucional de tal calibre que ya casi se ha deglutido la división de poderes y ha convertido a la Justicia en el botín de guerra de la política.

Muy crispadas, de furia en furia

En medio de todos estos desaguisados, donde gobierno y oposición jugaron sus fichas y abrieron media docena de frentes, casi todos ellos sin que haya habido aporte de soluciones para la gente, sino más bien todo lo contrario, la presidente y Lilita fueron, cada una a su manera, las dos protagonistas centrales de la semana.

Las palabras “golpismo” y “corruptos” coparon el centro de la escena. Aunque notorias habitantes de mundos diferentes, otras cosas que tienen en común estos dos personajes es que parecen disponer de un solo ojo para examinar la realidad, que viven de furia en furia y que están obsesionadas con ciertos temas que las encorsetan en un peligroso autismo y que las llevan a ejercer la denuncia constante contra todo lo que se les opone.

Un tercer elemento similar es que cuando las dos figuras transitan por el filtro de los amores y odios que se expresan en Twitter se puede ver claramente cómo sus condiciones de liderazgo y sus vidas políticas resultan ser tremendamente “paralelas”.

Más allá de todas estas observaciones, en todo lo demás es imposible visualizarlas juntas y ellas mismas sienten agudas jaquecas cuando se traza este tipo de comparaciones. Efectivamente, en lo personal se repelen: son como el agua y el aceite y se acusan mutuamente de sostener valores opuestos.

Y en lo político-institucional, es obvio que tienen visiones diametralmente diferentes. Así y todo, ambas se han dado tiempo para ser las estrellas del espectáculo, una por su acción desenfrenada en el frente Unen, con una catarata de denuncias que no dejó títere con cabeza, tras la ratificación radical de seguir adelante básicamente con el socialismo al menos hasta marzo y la presidente por su medido silencio, aún controlado por los médicos, que sin embargo no le impidió bajar líneas a la tropa y ratificar con sus gestos algunas controvertidas posturas de sus voceros, inclusive a través del teléfono.

El hotelito Alto Calafate

Más allá del protagonismo de las avasallantes personalidades de Fernández y de Carrió, otras dos mujeres también le pusieron su sello a una semana donde jugó fuerte lo político, pero enlazado con lo judicial: la diputada Margarita Stolbizer, con una denuncia que involucró un negocio de la familia presidencial y la jueza enrolada en “Justicia Legítima”, Gabriela Vázquez, quien tras 32 años en la Justicia y siete como camarista laboral fue elegida por los votos kirchneristas como nueva presidenta del Consejo de la Magistratura.

Sospechas, intrigas y denuncias se cruzaron fuerte desde el gobierno hacia los jueces y hacia los senadores de la oposición, en algo que para los ciudadanos de a pie, quienes corren a diario para conservar el trabajo o para juntar un sueldo digno a fin de mes o para resistir la presión de los impuestos, resulta ser algo bien alejado de su realidad cotidiana, aunque se traten de elementos vitales de la democracia.

Cuando apunta hacia el copamiento de la Justicia, el propósito del gobierno no sólo parece ser lograr la preeminencia y en el fondo de la cuestión ir reemplazando a una corporación por otra (la “Familia Judicial” por “Justicia Legítima”), sino garantizar que los actuales funcionarios no sean ni siquiera investigados por los magistrados.

Por eso, los procedimientos que ordenó el juez federal Claudio Bonadío, tras la denuncia de Stolbizer sobre los hoteles de Cristina, hicieron tanto ruido. La diputada había investigado a Hotesur, la empresa dueña del Hotel Alto Calafate, el mismo en el que Lázaro Báez compraba habitaciones a destajo, y observó que desde 2008 no renovaba su Directorio, pese a que sus Estatutos indican que debía hacerlo cada tres años.

A esa fecha, sus integrantes eran las dos hijas de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, un abogado de Báez y un socio del hijo de la presidenta, Máximo Kirchner. En la declaración jurada de bienes de Cristina Fernández figura una participación accionaria en Hotesur por 9.367.528,85 pesos y una deuda de la empresa hacia ella de 4 millones de pesos y, según el relato de Stolbizer, eso le “llamó la atención” y la hizo avanzar en la investigación. La propia legisladora del GEN señaló que al ir a “buscar los balances para entender a que correspondía esa participación accionaria, se encontró con que no había balances desde hacía cuatro años y que tampoco se pagaban las tasas en la Inspección General de Justicia (IGJ)”.

¿Y tanto éxito tuvimos en Australia?

El miércoles, los senadores opositores habían hecho saber que no van a votar a ningún reemplazante de Eugenio Zaffaroni que proponga el Ejecutivo para la Corte, ya que se necesitan dos tercios de los votos para convalidar a un quinto miembro y el kirchnerismo no cuenta con el número que le permita sumar a alguien afín. Allí, fue contra ellos Capitanich usando, no de modo ingenuo por cierto sino como fruto de una probable estrategia pergeñada en Olivos, la misma y grave expresión que el abogado Eduardo Barcesat, alguien que no oculta su afinidad con el gobierno, plantó el mismo viernes en su denuncia penal ante la Corte contra los senadores: “sedición”.

La vuelta de toda esta historia recaló de modo impensado en la jueza Vázquez, quien decidió diferenciarse del gobierno desde lo conceptual y planteó, casi como su primera declaración pública, que le pareció “una barbaridad” lo que dijo Capitanich sobre los jueces, porque “viniendo de un funcionario de tan alta jerarquía, es una presión muy fuerte a la independencia del Poder Judicial”. Con mucho de lógica, la jueza interpretó que la actitud de los senadores “tiene que ver más con algo político” y así, la calificó: “Me parece una actitud antidemocrática, pero dudo que sea un delito penal”.

Todo este tobogán institucional y el cimbronazo de Unen dejó medio en el misterio los resultados de la Cumbre del G-20 de Brisbane (Australia), desde donde Axel Kicillof vendió como un gran éxito que se siguieron los lineamientos argentinos sobre las reestructuraciones de deuda. Ahora, que se ha publicado en Internet, bien vale la pena leer la declaración final de los presidentes, donde no se menciona en absoluto la cuestión de la deuda ni tampoco a los fondos buitre. Sí, aparecen algunas referencias en los anexos y en ellos se dice que hay que hacer hacia el futuro lo mismo que ya vienen haciendo muchos países que conocen el problema argentino e incluyen cláusulas de acción colectiva que equiparan las reestructuraciones de deudas soberanas con las quiebras comerciales. Más bien, de modo indirecto se alerta sobre que no hay que repetir las concesiones que hizo el ex presidente Néstor Kirchner.

De estas cosas no ha hablado la verborragia tuitera de Luis D’Elía. Más allá de haberle deseado un “Feliz cumpleaños” a Amado Boudou, esta semana su pasión tras el festejo del Día del Militante apuntó contra Bonadío y al mejor estilo de la Mazorca y para evitar el “golpe destituyente”, amenazó con clavar su cabeza en una pica para exhibirla en la vereda de los Tribunales de la avenida Comodoro Py. “Simbólicamente”, aclaró.

D’Elía apuntó contra Bonadío y al mejor estilo de la Mazorca amenazó con clavar su cabeza en una pica.