Analizan investigar vínculos con la Actc
Analizan investigar vínculos con la Actc
Liberaron a los acusados por trata en el TC de La Pampa
Juliano Salierno
La jueza federal de La Pampa, Iara Jésica Silvestre, concedió esta semana la libertad a los tres santafesinos acusados por el delito de trata de persona con fines de explotación sexual, en ocasión de disputarse el Turismo de Carretera en la localidad de Toay. La Justicia dictó “falta de mérito” para los hombres que se desempeñaban como remiseros truchos, y anuló la mayor parte del procedimiento policial realizado en el autódromo, donde se desarrollaba el tradicional certamen automovilístico.
Además, la jueza que tiene residencia en la ciudad de Santa Rosa, ordenó oficiar al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Social de La Pampa y al jefe de la Policía provincial para que se investigue el desempeño de los miembros de la fuerza; así como los supuestos vínculos entre las mujeres identificadas y miembros de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera (Actc).
La resolución dictada por la jueza subrogante Silvestre se conoció este lunes 1º de diciembre ni bien fueron notificadas las partes y tras la cual los imputados recuperaron inmediatamente la libertad.
En carrera
El procedimiento que terminó con los santafesinos Leandro René Gómez (23), Sixto Alberto Gorria (44) y Carlos Alberto Yamamoto (31) tras las rejas, tuvo lugar el 31 de octubre en el autódromo de Toay, en La Pampa, donde se desarrollaba el evento deportivo Turismo Carretera. Los tres hombres fueron arrestados con diferencia de minutos entre autos particulares (Renault Megane, Chevrolet Corsa y un Fiat Siena) vulgarmente llamados “remises truchos”, en los que transportaban a once mujeres que habían llegado al circuito para ofrecer servicios sexuales.
“Todos los identificados eran oriundos de la ciudad de Santa Fe”, constató la jueza Silvestre en los considerandos y en cada caso reconocieron, los hombres que “habían llegado al evento con la finalidad de que las femeninas mencionadas y otras ejercieran la prostitución” y las mujeres, que “éstas organizaron el viaje entre ellas y contrataron a los remiseros”.
Sin embargo, ante la posible existencia del delito de trata de personas con fines de explotación sexual el juez federal subrogante, Jorge Ignacio Rodríguez Berdier, libró órdenes de requisar los vehículos.
El negocio
Los tres fueron acusados de “haber trasladado a mujeres mayores de 18 años abusando de su situación de vulnerabilidad con el fin de explotarlas mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico del comercio sexual que tales mujeres ejercían en el predio del autódromo de la localidad de Toay, durante el desarrollo de la competición Turismo Carretera.
No obstante, “de las entrevistas realizadas a las mujeres se desprende que éstas organizaron el viaje entre ellas y contrataron a los remiseros, quienes les cobrarían una tarifa por el viaje”, resumió la jueza que además refirió que “todas reconocieron ejercer la prostitución por cuenta propia y negaron terminantemente que tuvieran que participar a los imputados de sus ganancias”.
Es decir que “si bien se ha acreditado que los imputados trasladaron a las mujeres desde Santa Fe hacia esta provincia más precisamente al Autódromo provincial, no es posible sostener que las hubieren captado, ni la existencia de la finalidad de explotación que requiere el tipo penal del artículo 145 bis del Cód. Penal ”, resumió.
Irregularidades
Párrafo aparte mereció el procedimiento policial que fue anulado en su gran parte. A modo de ejemplo, uno de los testigos declaró que “no estuvo presente cuando secuestraron los elementos porque ya estaban sobre la mesa de una oficina”, en sede policial.
Para la jueza surgen claramente las irregularidades en el procedimiento dado que no se explica “cómo pudo el personal policial secuestrar los vehículos a las 18:10 si, según surge del libro de novedades de la dependencia, los imputados ingresaron como demorados a las 18:35 hs”.
“A esta altura no cabe sino concluir que el personal policial actuante efectuó el secuestro de pertenencias de los imputados y revisó los vehículos estando éstos detenidos antes de requerir a este Juzgado las correspondientes órdenes y que esta última acción obedeció al mero hecho de intentar legitimar su accionar”.
“Párrafo aparte merece el tratamiento dispensado por el personal policial actuante a las presuntas víctimas del delito aquí investigado”, sostuvo la jueza, que en base a lo actuado cuestionó “que las once mujeres que se encontraron junto a los imputados fueron trasladadas a la Brigada de Investigaciones local en calidad de demoradas” y que allí estuvieron sin la asistencia adecuada hasta altas horas de la madrugada.
“Puro humo”
“No sólo a mi cliente le concedieron la libertad este lunes, sino a los otros dos imputados que los atendió el defensor oficial Carlos Riera”, señalaron los abogados.
En cuanto a los plazos vigentes, si bien “hay tiempo hasta el lunes para que el fiscal apele”, “creo que la resolución es categórica en cuanto a que no hubo responsabilidad de nuestro pupilo”, afirmaron.
Por otra parte, denunciaron que “a las supuestas víctimas tampoco se le dio el trato adecuado para el delito de trata de personas, porque las llevaron detenidas a una comisaría común” cosa que está expresamente prohibido y reglamentado.
“Pudimos demostrar que nuestro cliente es totalmente ajeno a los hechos que se le imputaron y que no hubo elementos de convicción suficiente para probar su autoría o participación en el hecho que se le imputara”, sostuvo el Dr. Aguilar. Por su parte, el Dr. Corazza agregó que “en definitiva la policía de La Pampa le dio trascendencia en los medios nacionales y por propios errores procesales la causa se cayó”.
El dato
“Alguien de boxes”.