Hoy podrían declarar la ex esposa y el custodio
Hoy podrían declarar la ex esposa y el custodio
La fiscal no descarta suicidio “inducido” del fiscal Nisman
El despacho de Nisman fue señalado por la Justicia para buscar indicios sobre las razones de su muerte. Foto: DyN
De la redacción de El Litoral
La fiscal Viviana Fein ratificó que “no” descarta que la muerte de Alberto Nisman se haya producido por “la inducción o instigación” al suicidio y comentó que para imaginárselo “hay que estar en el lugar de una persona que pueda estar sometida a una presión psicológica”. En tanto, resolvió ordenar un allanamiento en el despacho del fiscal, en Hipólito Yrigoyen al 400, como parte del conjunto de medidas de prueba para encontrar una explicación al fallecimiento del letrado. A la vez, hoy regresó al país la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, y era posible que se le tomara declaración, así como también al custodio del malogrado funcionario judicial.
La decisión del allanamiento surgió de una reunión entre Fein y la jueza Fabiana Palmaghini, a cargo de la causa, mientras se realizaba en La Plata la pericia sobre el cuerpo de Nisman, informó el portal Infojus. Los peritos de la Policía Bonaerense determinaron que el barrido electrónico dio como resultado la ausencia de pólvora en las manos del fiscal.
“Lamentablemente dio negativo”, reveló esta mañana Fein, aunque aclaró que “no es un resultado inesperado. El calibre pequeño del arma, calibre 22, no permite que el barrido electrónico dé un resultado positivo, es un tema técnico”.
Fein concluyó que pese al dictamen negativo del análisis, la pericia “no descarta que él se haya disparado” con la pistola secuestrada y, en ese sentido, aseguró que la autopsia “lo ha confirmado de manera categórica”.
Aseguramiento
En tanto, el juez federal Ariel Lijo ordenó “medidas urgentes para el aseguramiento de la prueba” sobre la que se basó Alberto Nisman para denunciar a la presidente Cristina Fernández, mientras que la Procuración nombró un subrogante momentáneo al frente de la Unidad Amia que había sido propuesto por el fiscal fallecido.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó al fiscal Alberto Adrián Gentilli, quien había sido propuesto por el propio Nisman como reemplazante durante la feria judicial de enero “para garantizar el normal funcionamiento de la dependencia”.
Mientras tanto, el juez Lijo ordenó preservar la prueba que llevó al fiscal Nisman a formalizar su denuncia contra la jefa del Estado y envió en procura de ese objetivo a uno de sus secretarios a la sede de la Unidad Especial Amia. Las medidas están relacionadas con la preservación de las escuchas sobre las que Nisman fundamentó su acusación contra la jefa del Estado, otros funcionarios y dirigentes políticos. Se trata de unos 300 cds con información que Nisman había prometido llevar al Congreso.
Lijo se reincorporó ayer a sus funciones, en plena feria judicial, después de que en las dos primeras semanas de enero su juzgado fuera subrogado por María Servini de Cubría, quien rechazó habilitar la actividad durante el receso para tratar la denuncia de Nisman.
El juez pidió a su colega Rodolfo Canicoba Corral -quien la semana pasada descalificó la presentación de Nisman e incluso deslizó que pudo haberse extralimitado en sus funciones- que le enviara “todos los antecedentes y documentación” relacionados con las intervenciones telefónicas que cimentaron la denuncia de Nisman.
Reclamos
Dirigentes de todo el arco opositor reclamaron que se continúe investigando la denuncia por encubrimiento que había realizado Alberto Nisman contra la presidente Cristina Fernández, a la vez que pidieron la intervención de la Corte Suprema para “garantizar” el avance de la investigación por la muerte del fiscal y la convocatoria a sesiones legislativas extraordinarias para “denunciar y terminar” con el memorándum de entendimiento con Irán.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) cuestionó a la Justicia y al gobierno por la investigación del atentado a la Amia, así como a los organismos de Inteligencia que actuaron en la causa. El centro apuntó a “maniobras para encubrir” el atentado que muestran “vínculos afianzados entre sectores de la Justicia Federal, de las agencias de Inteligencia, de las fuerzas de seguridad y del sistema político”.
La organización Poder Ciudadano advirtió que es necesario “observar el proceso de designación” del fiscal que reemplazará a Alberto Nisman en la investigación del atentado perpetrado en 1994 contra la mutual judía Amia y garantizar la preservación de la prueba.
Archivos desclasificados
Así se desprende de dos oficios enviados ayer a la tarde por el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, a la jueza federal María Servini de Cubría, quien estuvo hasta el viernes pasado subrogando a su colega Ariel Lijo, a cargo de la causa por encubrimiento de la Amia.
En una de las misivas, Parrilli informó al juzgado sobre el pedido de Nisman para “desclasificar la identidad, las acciones y circunstancias correspondientes al personal de inteligencia” que aparece en las intervenciones telefónicas de cuatro teléfonos reportados por el fiscal.
En un segundo oficio, Parrilli advirtió que “desconociéndose el contenido de la denuncia presentada por el doctor Nisman, es que peticiono a Vuestra Señoría tenga a bien proceder a identificar los nombres del personal de este organismo que se encontrarían referidos a la mentada denuncia, a efecto de proceder al levantamiento del secreto de los mismos”.
En la denuncia, Nisman había asegurado que espías de la Secretaría de Inteligencia integraban la lista de sospechados por el delito de encubrimiento a la hora de haber armado un complot para desviar las imputaciones contra Irán y culpar por la masacre a un “sector facho”. En ese marco, tras formular su acusación, Nisman solicitó formalmente a Parrilli la desclasificación de archivos e identidades para no violar la ley de inteligencia.
El dato
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