editorial

• Las grabaciones a D'Elía y Khalil son parte de las acusaciones formuladas por Nisman. Las afirmaciones del ex piquetero no fueron desmentidas por la Casa Rosada.

El silencio que todo lo confirma

La jueza Fabiana Palmaghini, que por estas horas es responsable del expediente por la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, tiene a su cargo una causa iniciada por la organización Fútbol en Paz en la Argentina. La entidad a cargo del abogado Juan Manuel Lugones pidió que se investigue si Luis D'Elía le entregó 25 mil pesos a la barra de All Boys.

Según se desprende de diálogos telefónicos entre el ex dirigente piquetero y Alejandro “Yussuf” Khalil, D'Elía reconoce haber entregado esa suma a la denominada “Peste Blanca”, el sugestivo nombre con el que se identifica a la barra del equipo de Floresta, para que concurra a un acto de apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 8 de mayo de 2013.

Más allá de poner de manifiesto la vacuidad con la que se ornamentan parte de los actos populistas, esa grabación suma evidencias a la íntima trama que vincula el aparato político con el financiamiento espurio y la manipulación de voluntades, revestidas de fervorosa adhesión a un poder que maquilla su legitimidad con este singular aditivo.

El hecho parece una derivación menor de las escuchas que formaron parte de la acusación por encubrimiento que el ex fiscal Nisman formuló contra la presidente, Cristina Fernández; el canciller, Héctor Timerman, y el dirigente camporista y diputado nacional Andrés Larroque. Sólo la dimensión histórica de esa imputación hace aparecer la causa de la plata a los barras como un grotesco menor.

Pero no lo es. Forma parte de la trama de sostén desde el poder formal a la informalidad delictiva. Fernando Esteche, el dirigente de Quebracho al que también imputó Nisman, dice haber conocido en la Casa Rosada -en el ámbito de la jefatura de Gabinete- a Ramón Allan Héctor Bogado, un “imprescindible” del entramado criminal descripto por Nisman.

La presidente, el canciller, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, son los voceros directos de la Casa Rosada. Todos se han esforzado por sembrar dudas y contradicciones respecto de la muerte de Nisman, y sugerir oscuros o mafiosos instigadores de su denuncia. Pero ninguno de ellos ha negado la veracidad de las escuchas.

El capítulo judicial tiene formalidades que se deben cumplir. Pero el silencio político institucional propone un implícito consentimiento sobre los dichos de D'Elía, que asegura actuar a nombre y desde la Casa Rosada; o de Esteche, que afirma haber conocido en la sede del poder oficial al agente de la estructura de inteligencia a la que, sólo después de la muerte de Nisman, Cristina Fernández atinó a disolver, no sin antes acusarla de alterar la institucionalidad.

El que calla, otorga. Y la confesión de parte -se sabe- releva de la necesidad de pruebas. Ni el gobierno iraní se ha atrevido al silencio; ha desmentido que Khalil haya actuado en su nombre, pero no dijo que las escuchas sean una mentira. El gobierno argentino, en cambio, no ha sido capaz de asegurar que D'Elía no actuaba en su nombre, o en el del kirchnerismo, que suele concebirse en nombre de la mismísima República, desde una estructura parainstitucional.

El capítulo judicial tiene formalidades que se deben cumplir. Pero el silencio político institucional propone un implícito consentimiento sobre los dichos de D'Elía.