Por cohecho y negociaciones incompatibles

Confirman procesamiento a Boudou e investigarán el rol de Afip en Ciccone

De la redacción de El Litoral

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DyN

El fiscal federal Jorge Di Lello aseguró hoy estar “satisfecho” porque el fallo de la Cámara Federal porteña que ratificó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, en el marco de la causa Ciccone, “confirmó todo lo actuado y recomendó seguir las medidas pendientes que había solicitado la fiscalía”.

Di Lello, titular de la Fiscalía Nº 1 y a cargo de dos expedientes que involucran a Boudou, aseguró que “no es fácil hablar de plazos” para la realización de un eventual juicio oral contra el funcionario porque “todavía quedan medidas por hacer”, y afirmó que “la gente necesita respuestas judiciales rápidas”.

En el mencionado fallo, el tribunal de alzada ratificó las imputaciones de Boudou por cohecho (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública, y además, quedaron confirmados los procesamientos de otros acusados, como José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele y Nicolás Ciccone.

“Ratificó lo que había dicho el doctor (Ariel) Lijo (el juez a cargo de la causa) y vino a completar la ruta de dinero”, expresó Di Lello en declaraciones a las radios Mitre y Nacional Rock, y apuntó que “todavía no ha quedado claro de dónde salieron los millones necesarios para poner en funcionamiento Ciccone”.

Para el fiscal, tampoco quedó clara “la intervención que le cupo a la Afip en el otorgamiento de una facilidad inusual” para el salvataje de la imprenta. En este sentido, destacó que “la Cámara está recomendando efectuar una serie de medidas para completar el plexo probatorio para incluir algunas personas más que hasta ahora todavía tienen una situación indecisa”, como “investigar la ruta del dinero y tomar medidas procesales respeto de la Afip y el doctor (Ricardo) Echegaray”.

Pronunciamiento

En su fallo, la Cámara señaló que estaba demostrada “claramente” la relación de amistad entre el vicepresidente de la Nación y José María Núñez Carmona y, “de allí, a (Alejandro) Vandenbroele”, titular de The Old Fund, la empresa que se quedó con la imprenta.

La Sala I de la Cámara ratificó el fallo del juez Ariel Lijo que procesó a Boudou por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo, o sea recibir como coima un porcentaje de la empresa. También fueron confirmados los procesamientos de Núñez Carmona; de Vandenbroele; de los ex funcionarios Guido Forcieri, del Ministerio de Economía y Rafael Resnick Brenner, de la Afip, y del empresario Nicolás Ciccone, cofundador de la mítica imprenta. En tanto, el tribunal revocó el procesamiento de Guillermo Reinwick, yerno de Ciccone, y dispuso su falta de mérito, por lo cual podría seguir siendo investigado si aparecen nuevas pruebas que lo involucren.

La Cámara ordenó además que se investigue el rol de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en el levantamiento de la quiebra de la empresa y al banco Macro por los presuntos vínculos financieros con la compañía.

La operación

En su resolución, la Cámara ratificó la investigación del juez Lijo, quien dijo que Boudou, mediante Núñez Carmona, negoció con la familia Ciccone el levantamiento de la quiebra de la empresa para luego garantizarle negocios desde el Estado que se concretaron, entre ellos la contratación con la Casa de Moneda. Ciccone le cedió 70 por ciento de las acciones a The Old Fund y luego la Afip le acordó un plan de facilidades de pago que hasta ese momento le negaba a Ciccone.

“Las probanzas colectadas, y que no fueron motivo de ataque, demuestran claramente la relación de amistad entre Boudou y Núñez Carmona y, de allí, a Vandenbroele. En este punto, coincidimos también con el juez en que la ausencia de un conocimiento directo entre el primero y el último resulta fútil cuando los vínculos han sido construidos de manera encadenada y no de un modo estrechamente asociativo”, sostuvieron los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah.

Otra causa

Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele y familiares del vicepresidente están siendo investigados en otra causa que lleva el juez Lijo por presunto enriquecimiento ilícito. El tribunal entendió que el juez Lijo debe hacer lugar al pedido del fiscal Jorge Di Lello de citar a indagatoria a Pablo Amato y Jorge Capirone, ex directivos de Ciccone; a Máximo Lanusse, vicepresidente de la nueva Ciccone y ex directivo de la entidad financiera y a Sergio Gustavo Martínez, quien compró acciones de The Old Fund.

También señaló que debe investigarse a la Afip respecto de su rol en el levantamiento de la quiebra de la Ciccone, cuando primero habían negado una facilitación en el plan de pagos. “En este trayecto el juez deberá, además, esclarecer las causas específicas que preludiaron al consentimiento que la Afip prestó para que se levantara la quiebra de la empresa y la identidad de los funcionarios que arribaron a esa decisión”, señalaron.

El dato

Echegaray

En un voto en minoría, el juez Eduardo Farah entendió que el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, debe ser citado a indagatoria y que Boudou y el resto de los procesados deben ser enviados a juicio oral y público, a pesar de que la Cámara ordenó medidas de prueba, ya que “su situación procesal se encuentra ya resuelta en ambas instancias”.

Bonadío sigue en Hotesur

El juez Claudio Bonadío fue ratificado en la causa que investiga anomalías en la empresa Hotesur, que regentea el hotel sureño de la presidente Cristina Fernández, al rechazar la recusación que impulsaba en su contra la sobrina de la mandataria y titular de esa sociedad, Romina Mercado.

La Sala I de la Cámara Federal -que un rato antes había ratificado el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone- firmó un fallo en donde no hizo lugar a la solicitud de apartamiento de Boudou efectuada por la defensa de Mercado.

La decisión fue por mayoría: los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah se impusieron para ratificar a Bonadío, porque entendieron que el planteo “no es más que una discrepancia con la dirección asignada al curso de la investigación, a las medidas dispuestas en su marco, o bien al modo en que el juez, como director del proceso, ha conducido la sustanciación del sumario y la actuación de sus actores”.

Bonadío lleva adelante la investigación para determinar si existió el delito de lavado de dinero a través de la firma Hotesur, una sociedad mediante la cual la familia presidencial administra el hotel Alto Calafate. La empresa pertenece a la presidente y sus dos hijos, Florencia y Máximo, aunque la titular de la sociedad es Romina de los Angeles Mercado, sobrina de Cristina Fernández e hija de su cuñada Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social.

El abogado Carlos Beraldi, representante de Mercado, reclamó en diciembre pasado que Bonadío se apartara del expediente: dijo que el juez se excedió en la jurisdicción de su investigación y actuó con grandilocuencia al ordenar el allanamiento a Hotesur en noviembre, cuando se encontró con un departamento vacío.