editorial

• El kirchnerismo aprobó una supuesta reforma de los servicios de inteligencia. Los candidatos opositores adelantaron que si ganan modificarán esta ley.

Inteligencia: una ley para que nada cambie

Las cartas estaban echadas. El kirchnerismo impuso su mayoría y logró aprobar en la Cámara de Diputados una supuesta reforma del funcionamiento de los servicios de inteligencia argentinos sobre los que, desde hace décadas, pesan sospechas de corrupción, actividades mafiosas y persecuciones internas.

En realidad, el mismo sector político que impulsó el tratamiento urgente -como lo hizo en tantas otras oportunidades- de este proyecto de ley, es el que utilizó a estos servicios de inteligencia, que hoy demoniza, para espiar y perseguir a todas aquellas personas consideradas “de riesgo” para los intereses del gobierno.

Seguramente no sólo el kirchnerismo aprovechó la mano de obra de los espías. Lo mismo sucedió durante otras gestiones. Tanto es así, que el derrumbe del gobierno de Fernando de la Rúa se inició al conocerse la denuncia de que se habían utilizado fondos reservados de la Side para pagar coimas a legisladores con el fin de que aprobaran una ley de reforma laboral exigida por organismos internacionales de crédito.

Lo que sucedió esta semana en el Parlamento es un claro reflejo de la grave situación institucional que hoy atraviesa la Argentina. Una ley de implicancias tan profundas debió analizarse con detenimiento, escuchando a cada uno de los sectores políticos y sociales, dando cabida a verdaderos controles de la oposición sobre el funcionamiento de los servicios de inteligencia. Pero nada de eso ocurrió.

Los precandidatos presidenciales opositores ya adelantaron que, en caso de ser elegidos, modificarán esta ley apenas inicien su mandato. Por ese motivo, probablemente esta ley haya nacido herida de muerte. Pero aun así, durante los meses que le restan al kirchnerismo en el poder, estará en condiciones de seguir utilizando los servicios secretos para satisfacer sus necesidades políticas.

No sólo el arco político opositor advirtió sobre los riesgos que implica haber aprobado esta ley. Distintas organizaciones sociales hicieron lo posible para que el gobierno, al menos, escuchara sus opiniones. Pero todo fue en vano.

La Asociación por los Derechos Civiles, por ejemplo, elaboró una lista de diez preguntas que los voceros del kirchnerismo no fueron capaces de responder. Entre ellas, por qué era necesario aprobar esta norma con tanta urgencia, sin el consenso necesario para garantizar el control de los órganos de inteligencia en el presente y en el futuro.

Otro cuestionamiento pasa por quién o quiénes conducirán a la nueva Agencia Federal de Inteligencia, ya que la nueva ley no establece ningún mecanismo de selección. Esto significa que continuará siendo el presidente de turno el que tenga la potestad de elegir y manejar a su antojo al jefe de los espías, tal como vino sucediendo hasta ahora en la Argentina.

La ley impulsada y aprobada por el kirchnerismo, tampoco establece controles y garantías para el uso de fondos reservados; ni lineamientos claros sobre cuáles serán los criterios para mantener en secreto o para desclasificar informaciones. En otros países, estos mecanismos existen. Son claros y exhaustivos.

En definitiva, resulta evidente que la supuesta reforma del funcionamiento de la nueva Agencia de Inteligencia fue apenas una puesta en escena por parte del gobierno, urgido por apoderarse de la agenda política y decidido a mantener la potestad de controlar y abusar de los servicios secretos.

Lo que sucedió esta semana en el Parlamento es un claro reflejo de la grave situación institucional que hoy atraviesa la Argentina.