editorial

Intento de censura previa

El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, habría nombrado 138 militantes kirchneristas en los servicios secretos.

Bajo el argumento de que se trata de información clasificada y que puede afectar la seguridad nacional, Agencia Federal de Inteligencia (AFI) intentó impedir que la revista Noticias diera a conocer la nómina de militantes kirchneristas que acaban de ser designados como personal del organismo.

El titular de la AFI, Oscar Parrilli, solicitó una medida cautelar a la Justicia “para evitar que Noticias siga violando la Ley de Inteligencia”.

El planteo constituye una verdadera falacia. De hecho, representa un flagrante caso de intento de censura previa frente a la posibilidad de que Noticias diera a conocer información de sumo interés público, que no sólo afecta la situación actual del país sino que, además, generaría una contexto de riesgo para el futuro.

La muerte del fiscal Alberto Nisman dejó al descubierto -una vez más- de qué manera los gobiernos de turno utilizaron los servicios de inteligencia con fines político-partidarios, que nada tienen que ver con la seguridad nacional. La incorporación de militantes dentro de los órganos de inteligencia, representa un mecanismo con la clara intención de condicionar al próximo gobierno.

Según la investigación de Noticias, Parrilli habría incorporado 138 militantes del oficialismo, amigos o familiares de funcionarios gubernamentales. Algunos, incluso, con la única capacidad de propagar el discurso kirchnerista a través de redes sociales.

A principios de este año, el gobierno se apresuró a sancionar una ley de reforma de los servicios de inteligencia que, en realidad, no representó cambio alguno. Tanto es así, que la nueva norma no establece eficientes mecanismos de control sobre la AFI, ni plantea modificaciones sobre la manera en que se selecciona al personal y se designa a los responsables del área.

En un pronunciamiento público, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió que el planteo de Parrilli viola una serie de tratados internacionales con rango constitucional tendientes a impedir cualquier acto de censura previa que busque impedir que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de libre acceso a información que, como sucede en este caso, afecta a la sociedad en general.

La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe que funcionarios o agentes de los servicios secretos revelen este tipo de informaciones. Sin embargo, no es aplicable a terceros, como ocurre en este caso con la prensa. Así, queda claramente establecido por jurisprudencia nacional e internacional en la materia.

Adepa recuerda que en un fallo del 17 de julio de 2001, la sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal decidió que no cabía sanción alguna para un periodista que había difundido información fiscal reservada en un caso de interés institucional, aunque dichos datos fueron suministrados por un funcionario que sí violó su deber de preservar el secreto.

En 1971, la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió que la prensa no incurre en un delito al publicar documentos oficiales referidos a la política militar con motivo de una guerra, salvo que para obtener la información realizara algún acto de espionaje prohibido por la ley. En el mismo sentido se expidió la Corte Europea de Derechos Humanos en 2007.

Quienes deben rendir cuentas de los nombramientos políticos dentro de la AFI son los funcionarios públicos. El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, acaba de ser denunciado penalmente por “abuso de autoridad, evidenciado en la contratación discrecional de personal”.

Quienes deben rendir cuentas de los nombramientos políticos dentro de la AFI son los funcionarios públicos.