Los usuarios lograron un fallo favorable, pero la suba sigue vigente

Aguas: vuelve a tribunales el aumento de las tarifas

En Rosario, un fallo de Cámara vuelve a poner en cuestión el aumento de tarifas de Aguas Santafesinas. La discusión parecía ya cerrada por un fallo de primera instancia.

De la redacción de El Litoral

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La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial de Rosario entendió que la Justicia deberá resolver si es o no constitucional el último aumento de tarifas de Aguas Santafesinas SA, que sigue vigente.

Por unanimidad, la Cámara que integran los jueces Puccinelli, Muñoz y Lotti rechazó la decisión que había tomado el Juzgado Nº 8 de ese fuero rosarino, que en octubre de 2014 rechazó “in límine”, es decir, de inmediato, un recurso de amparo interpuesto por el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), Ojo Ciudadano, Unión de Usuarios y Consumidores y Asamblea por los Derechos Sociales, de la ciudad del sur.

La empresa estatal aumentó el costo de los servicios de agua potable y cloacas entre el 37 y el 41%, de acuerdo con una resolución del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente (Maspyma), que no ha sido alcanzada por la decisión judicial, pero sí será revisada.

Los consumidores entienden que procede el recurso de inconstitucionalidad, por las características del proceso de decisiones con que el Estado santafesino resuelve las actualizaciones tarifarias. Concretamente, esas entidades se quejan de que no sean vinculantes las audiencias públicas realizadas antes de la suba, calificada por esas organizaciones como “un tarifazo”.

En rigor, debe advertirse que las audiencias públicas no figuran en la Ley 11.220, sancionada durante los ‘90. Con aquella ley, el peronismo santafesino creó el marco regulatorio para la privatización de los servicios que prestaba la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos), en diciembre de 1994.

Antecedente

El Juzgado de Distrito Nº 8 de la ciudad de Rosario había decidido declarar “inadmisible” la presentación que iniciaron varias ONG’s, que repitieron su queja ante cada uno de los aumentos de Aguas Santafesinas SA.

En sus considerandos, el juez señaló que no se hallaban acreditados los recaudos para la procedencia del amparo presentado, y que las argumentaciones excedían el marco del conocimiento de la medida, declarada inadmisible.

Los recursos de este tipo contra las subas de las tarifas no son nuevos: se repitieron ante cada aumento del metro cúbico durante la gestión privada de los servicios, cuando el agua y las cloacas estaban en manos de Aguas Provinciales SA (y el contrato de metas y objetivos aún no había sido “congelado” por las interminables renegociaciones que impusieron los gobiernos de Carlos Reutemann y Jorge Obeid).

Cuestionamiento

La representante de la Unión de Usuarios y Consumidores, Valeria Vaccaro, sostuvo en el programa “El día es hoy”, que “la Justicia deberá resolver la medida” promovida por esa y otras asociaciones.

Vaccaro aseguró que “se tiene que resolver si el aumento es inconstitucional o no. De esta forma (si se declara la inconstitucionalidad) las boletas se tienen que volver a refacturar y así devolverle el monto a las personas que abonaron de más”.

“Nosotros entendemos que no está dado un marco normativo para este aumento. Este marco regulatorio no prevé aumentos de esta manera, si no que se fijarán pautas de aumentos” destacó Vaccaro en relación a declarar el aumento como inconstitucional.

“A foja cero”

Juan Marcos Aviano, titular de la Cesyac, dijo que el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial de Rosario “lo que hizo fue marcar dos puntos importantes: en primer lugar habilitar el planteo judicial que realizaron las cuatro asociaciones de usuarios y, también, que tiene jurisdicción un juzgado de instrucción de distrito”.

“Después de la decisión de la Cámara, el caso vuelve a foja cero, y deberá ser analizada la cuestión de fondo por otros juzgados de instrucción”, apuntó Aviano.

El titular de Cesyac -un dirigente kirchnerista que es candidato a concejal en el FPV de Rosario- dijo que lo que se reclamó originalmente fue que el incremento de la tarifa del agua “no cumplió con los requisitos que establece la normativa, por lo que se solicitó a la Justicia que quedara sin efecto”.