Certificaciones

Lanzaron el Proacertar

El subsecretario de Comercio Interior, Ariel Langer, y el director de Lealtad Comercial, Sebastián Rubín, se reunieron con los principales organismos de certificación y laboratorios de ensayo para poner en marcha el Programa de Acceso a Certificaciones de Argentina (Proacertar).

Este programa está destinado a impulsar la certificación de productos de fabricación nacional bajo el régimen de seguridad eléctrica. Para ello, todas aquellas empresas que cumplan los requisitos para ser beneficiarias del programa tendrán acceso tanto a un tarifario preferencial, como a la posibilidad de financiamiento público a través del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear). Con estos instrumentos, podrán solventar los gastos asociados a los trámites y financiar la adecuación de la producción a los requerimientos técnicos necesarios establecidos por Ley de Lealtad Comercial.

Proacertar apunta además a que los consumidores tengan acceso a una mayor seguridad eléctrica en los productos que adquieren y también difundir el sello de seguridad que señaliza los productos certificados.

Langer destacó que el programa tiene como beneficiarios a las pymes argentinas, que “podrán acceder a las grandes cadenas comercializadoras gracias a la certificación de sus productos”. Además, Langer celebró la vinculación de Proacertar con el Fondear que se ofrece como opción para el otorgamiento de créditos a tasas preferenciales para solventar los gastos asociados a los trámites y financiar la adecuación de la producción a los requerimientos técnicos necesarios.

Los actores que participan de Proacertar son los fabricantes pymes nacionales -con una facturación anual promedio en los últimos tres años de hasta 5 millones de pesos-, entidades certificadoras, laboratorios de ensayo, la Dirección de Lealtad y el Ministerio de Economía.

La Dirección de Lealtad Comercial es la autoridad de aplicación de la Ley Nº 22.802, bajo la cual se regulan los regímenes vigentes (como el de seguridad eléctrica) para garantizar que todos los bienes, productos y mercancías que se comercializan en el territorio del país se ajusten a estas normas y sean, por ende, aptas para su consumo.