Ahora hay consenso y piden poder tratar el tema en extraordinarias
Legisladores prometen avanzar con la protección de testigos
Desde la reforma del Código Procesal Penal se espera una ley que convierta en realidad la protección de víctimas y testigos. Los fiscales se quejan: “Hay gente que teme hablar”.
Leandro Busatto, Julio de Olazábal, Hugo Marcucci y Marcela Aberhardt. Los diputados provinciales justicialistas y el senador radical por La Capital fueron al despacho del fiscal general. Foto: Flavio Raina
Luis Rodrigo
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Terminaba 2014 cuando una pobre discusión -que se ocupaba más de los nombres de los autores de las normas, que del fondo de la cuestión- dejaba a los santafesinos sin una de las leyes que todas las fuerzas políticas consideran que es necesaria para enfrentar al delito.
Hoy, aún no existe la ley para crear un programa que proteja a las víctimas de los delitos, a los testigos dispuestos a señalar a los delincuentes ante un juez y para cuidar la integridad de las querellas en el Proceso Penal.
El tema logró media sanción en Diputados en octubre del año pasado, y otro tanto en Senadores en noviembre, pero no hubo ley. Y para colmo se produjo un público intercambio de reproches (de diputados al Senado) sobre la paternidad de la iniciativa.
Hoy lo dijo con todas las letras el fiscal general Julio de Olazábal: “Tenemos reclamos de los fiscales que están trabajando cotidianamente en la persecución de los delitos que nos dicen que muchas veces los testigos ‘no se animan a hablar’, que tienen ‘el temor de hablar’, sobre todo frente a casos de delincuencia organizada, y frente a eso es que los legisladores le dieron un nuevo impulso a la norma”, destacó.
En su despacho, los diputados provinciales kirchneristas Leandro Busatto y Marcela Aeberhardt y el senador radical por La Capital, Hugo Marcucci, encontraron el ámbito -ajeno al Poder Legislativo- para dejar atrás lo ocurrido en los últimos meses del período ordinario de 2014, madurar acuerdos que sólo requerían del sentido común y pedir al Poder Ejecutivo que el proyecto sea habilitado en extraordinarias.
Elogios
Debe advertirse que Busatto y Marcucci no fueron los protagonistas principales de la discusión que trabó la ley el año pasado, y que por eso ahora no les costó “llegar a algunas soluciones legislativas” sobre el texto que nació en Diputados, recibió modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara Baja.
La “reunión de trabajo” fue extremadamente breve y más simbólica que práctica.
Busatto y Marcucci destacaron la labor del Dr. de Olazábal “como garante”, dijo el primero, para avanzar en la elaboración de estas herramientas “que consideramos indispensables para la sociedad”; y “ por colaborar con el trabajo conjunto, para definir políticas de Estado, que es lo que debe guiarnos siempre cuando se trata de temas que son extremadamente importantes para todos”, agregó luego el segundo. Ambos dijeron que “avanzamos” para encontrar “coincidencias” y buscar una norma de consenso, en el marco de una “ley ómnibus” que también incluye una sistematización propuesta por Aeberhardt para ofrecer recompensas por información.
Una política de Estado
De Olazábal llamó a cuestionar “el escepticismo que todos solemos tener respecto al funcionamiento de la política” y puso como ejemplo que “en Santa Fe hay una verdadera política de Estado en orden a los cambios en la persecución penal”.
El Código Procesal Penal “fue aprobado en una gestión de un signo político distinto al gobierno que luego lo aplicó. Y esa norma, como todas las que le siguieron sobre tema, lograron el consenso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Es una señal importante para la sociedad.
Se avanzó muchísimo pero algunas leyes han quedado pendientes, entre ellas la de protección de querellantes, imputados, víctimas y testigos y el fondo provincial de recompensas”, dijo.
