Críticas al juez neoyorquino

Argentina apeló un fallo de Griesa

Era el que le impidió al Citibank pagar el pasado 31 de marzo a los bonistas.

De la Redacción de El Litoral

[email protected]

DyN

El gobierno argentino apeló el fallo judicial emitido por el juez estadounidense Thomas Griesa, el 12 de marzo último, que le prohibió al Citibank realizar pagos de bonos con ley argentina, de cara a los vencimientos que comenzaban a operar en los últimos días del mes pasado.

“En el marco del litigio con los fondos buitre, la República Argentina apeló en el día de hoy la orden del pasado 12 de marzo del juez Griesa a través de la cual, insólitamente, extendió los efectos de las llamadas órdenes pari passu a bonos del canje regidos por ley argentina, pretendiendo, de ese modo, impedir nuevamente que los bonistas reestructurados cobren lo que Argentina paga y les corresponde en territorio argentino”, expresó el Ministerio de Economía, en un comunicado.

La decisión del juez neoyorquino alcanzó incluso a la llamada “deuda doméstica denominada en dólares, la que de ninguna manera puede ser alcanzada por la cláusula pari passu, pues se trata de endeudamiento interno, regido por el derecho local”, expresó Economía.

El comunicado recuerda que “la misma Corte de Distrito había reconocido previamente que no había bases para extender la orden a estos bonos; sin embargo, el 12 de marzo revirtió sus propias decisiones, excediendo, nuevamente, su jurisdicción, tal como lo había hecho con los bonos del canje regidos por la ley inglesa”.

Para la Argentina, “las decisiones de la Justicia estadounidense afectan gravemente al sistema financiero global y al derecho internacional”.

Economía agregó que “su único objetivo (por Griesa) es otorgar mayor poder de extorsión a los fondos buitres. Ya que el juez Griesa no logró poner a la Argentina en default, pretende ahora seguir perjudicando a los bonistas”.

Por último, el comunicado subraya que “la Argentina agotará todas las instancias necesarias para defender sus derechos y el de los bonistas que de buena fe ingresaron a los Canjes de Deuda hasta que se arribe a una solución justa, equitativa, legal y sustentable para la República y para el 100 por ciento de sus acreedores”.

Los hechos

El mes pasado, el Citibank había solicitado a Griesa una autorización para procesar los pagos del país de bonos del canje, ley argentina, pagaderos el 31 de marzo, y como lo había hecho en tres oportunidades anteriores en las que obtuvo autorización para concretarlos “por única vez”. La argumentación del banco norteamericano era que los bonos ley argentina no tienen jurisdicción en Estados Unidos.

Sin embargo, en esta oportunidad, Griesa rechazó los argumentos del Citibank y dijo que Argentina no puede pagar a los tenedores de la deuda sin realizar también el pago de un grupo liderado por NML Capital, de Paul Singer, que ganaron el fallo del siglo, por 1.300 millones de dólares actualizables.

Luego se conoció que el Citibank y el fondo NML entablaron un acuerdo, que fue rubricado por Griesa, y que fue cuestionado por el gobierno argentino. En dicho acuerdo privado, la entidad bancaria se comprometió a salirse del negocio de custodia de títulos y a no apelar el fallo de Griesa en cuestión, a cambio de poder realizar dos pagos, el de fines de marzo y junio.

Este pacto, que fue luego rubricado por Griesa, no había sido notificado a las autoridades argentinas, por lo que fue considerado por la Comisión Nacional de Valores de “violatorio” de las leyes nacionales.

En consecuencia, para salvaguardar a los bonistas del canje, la CNV inhabilitó temporariamente al Citibank para operar en el mercado de capitales y dispuso que los pagos de la Argentina dirigidos a clientes del banco estadounidense se depositen en la Caja de Valores, hasta que los mismos clientes informen en dónde desean percibir su dinero.

Esta medida comenzó a regir para los pagos del pasado 31 de marzo, que finalmente se completaron en tiempo y forma. Asimismo, como consecuencia del pacto firmado por el Citibank Argentina con los fondos buitre, el CEO del Citibank, Gabriel Juan Ribisich, fue suspendido por el Banco Central.

Al respecto de la remoción de Ribisich, la asociación de bancos que nuclea a las entidades extranjera (ABA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) se manifestaron en contra de la decisión del ente monetario de dejar sin efecto la habilitación otorgada a Ribisich al sostener que la medida no se ajusta a derecho.

Buscan tranquilizar a empleados bancarios

El presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, a través de una comunicación telefónica mantenida con el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, transmitió absoluta tranquilidad a los trabajadores sobre la situación operativa y de solvencia del Citibank.

La entidad cuyo titular, Gabriel Ribisich, fue suspendido por el ente monetario como representante del banco ante el BCRA, recurrió ayer la medida ante la Justicia a través de un recurso de amparo.

Antes, una inspección del Banco Central de la República Argentina comprobó que Citibank operó “con normalidad” tras la suspensión de su presidente.

La revisión tuvo lugar en la casa central y estuvo a cargo de un grupo de funcionarios de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (Sefic) que comanda Germán Felman.

“El banco opera con absoluta normalidad”, afirmó un portavoz del BCRA, quien aclaró que se continuará con este tipo de acciones aunque no será siempre necesario la presencia de los funcionarios en el lugar.

El dato

Más deuda

Los denominados “me too” (“yo también”) iban a defender hoy el reclamo por el cual pretenden que el juez Thomas Griesa les reconozca derechos contra la Argentina por 5.400 millones de dólares, al extender el fallo que beneficio a los fondos NML Capital y Aurelius. El 18 de marzo la Argentina rechazó los requerimientos efectuados a pedido de Griesa por este grupo, que se conformó con 526 acreedores que suscribieron 120 demandas. Los “me too” son acreedores con títulos similares a los que tenían los fondos NML Capital y Aurelius y exigen de Griesa una sentencia similar a la que ordenó el pago de 1.330 millones de dólares por incumplimiento de la Argentina de la cláusula “pari passu” (igual tratamiento).