Yo voy en tren

En el mismo día de esta semana, el ferrocarril ocupó los titulares de los diarios argentinos: las nuevas tecnologías de los japoneses y una ley que vuelve a poner las cosas en su lugar. El desafío de la reconstrucción.

Federico Aguer

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Mientras en Japón un tren de levitación magnética alcanzaba los 590 kilómetros por hora en un recorrido de pruebas (nuevo récord mundial de velocidad), en nuestro país, el Senado sancionaba una ley para re estatizar el servicio ferroviario.

La revolucionaria tecnología de la formación nipona le permite “correr” sobre un campo magnético que hace que el tren se eleve hasta 10 centímetros por encima de los raíles, lo que elimina el contacto y deja al aire como único elemento de rozamiento, favoreciendo así la velocidad.

Mientras tanto, el proyecto sancionado por el Congreso argentino declara de interés público nacional y objetivo prioritario de la República a la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas. También busca la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a su modernización y la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional. Doce años después del fallido anuncio del tren bala, festejar la vuelta de los ferrocarriles a la órbita del Estado parece un objetivo bastante más modesto y básico. Dicho logro debería haberse anunciado una década atrás, no luego de haber inyectado billones de los contribuyentes en concepto de subsidios para las empresas que concesionaron las líneas en Capital Federal, mientras en el interior del país se terminaba de descalabrar la estructura ferroviaria desmantelada y malvendida por el Gobierno de Menem.

La tragedia de Once obliga a que más que un festejo, el hecho se asuma como una deuda saldada de la clase política con los argentinos de a pie. Es de esperar que también sea el puntal para una recuperación de la red que supo ser una de las más modernas y adelantadas del mundo. El campo la necesita más que nadie, y sus entidades deberían tomar el desafío como una cuestión de Estado para trabajar con el Gobierno que asuma los destinos de este desquiciado país.