Ricardo Lorenzetti con El Litoral

“El país requiere instituciones estables”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia advirtió sobre las consecuencias del aumento del número de ministros del Alto Tribunal. “El narcotráfico en Santa Fe es de difícil solución si no hay control de fronteras”, señaló. Destacó la importancia del nuevo Código Civil y Comercial.

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Lorenzetti, en el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, advirtió sobre la necesidad de acordar institucionalmente una política criminal.

 

Emerio Agretti Mario Cáffaro

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Ricardo Lorenzetti preside desde hace varios años la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero no deja de ser docente y este viernes, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, dictó clases en uno de los postgrados. En el decanato, atendió a El Litoral donde recalcó la importancia que para los ciudadanos tendrá el Código Civil y Comercial que entrará en vigencia el 1º de agosto. No escapó al análisis lo que definió como “falta de coordinación de política criminal” en el país y su advertencia sobre los efectos institucionales que puede tener la ampliación del número de ministros de la Corte Suprema de Justicia.

—El 1º de agosto entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Magistrados y abogados están preparados?

—Sí. El Código tiene muchos aspectos concretos para la gente común. El destinatario de la ley y de todos nuestros esfuerzos debe ser el ciudadano común, después vienen abogados, escribanos, jueces que ya están entrenados, ya conocen, no hay grandes cuestiones que no sean conocidas.

Para el ciudadano común hay muchos aspectos concretos. Este Código establece un nuevo criterio para la ciudadanía del siglo XXI que es un ciudadano que tiene derechos que puede ejercer por sí mismo y no que dependa tanto de la dominación y el control externo que hoy existe en muchos países del mundo. Por ejemplo, la imagen. Nuestra imagen está difundida en Internet, los chicos usan Facebook. La imagen hoy puede ser muy distorsionada por eso se establecen normas de protección de la imagen o los datos personales. Hay que pensar para dentro de 10 ó 20 años cuando una persona puede ir a pedir trabajo y le van a decir que no porque la información de la base de datos del código genético anticipa que va a enfermarse de algo irrecuperable. La creación de las bases de datos organizados nos va a hacer muy dependientes. Se debe fortalecer la libertad en el uso de datos personales. El Código protege a los niños, les da el derecho a ser oídos; protege la adopción, la va a hacer mucho más fácil, hoy hay muchas distorsiones que hacen muy difícil adoptar. El nuevo Código establece un registro para la adoptabilidad, se termina con las escrituras y se amplía la posibilidad de personas que adoptan, no sólo la familia tradicional. Acercar adoptantes con niños y que el sistema no obstaculice, es un gran logro.

El Código protege a la vivienda. Hoy se dan situaciones en personas que se endeudan, muchas veces no son titulares de la vivienda o como bien de familia sino quienes conviven con él. Hay una protección muy fuerte de la vivienda para el titular y todos los convivientes. Solucionará problemas prácticos de personas que pierden sus viviendas por el alto endeudamiento.

—Muchas cuestiones tienen que ver con las características de la sociedad actual.

—Claro. Por ejemplo, también hay avances en el campo de las relaciones con el consumidor. La persona que accede a créditos y compra en cuotas y cuando el bien no funciona, tiene que quedarse con el bien que no funciona y seguir pagando el crédito. El Código establece que las dos cosas están conectadas cuando provienen de un mismo sistema, de algo común como son las ventas a crédito. Se protege a la persona y si el bien no funciona, no paga. Esto es un tema traumático y el Código regula muy bien la protección de los consumidores. Somos todos consumidores. Protege muy bien de la letra chica que puede ser declarada abusiva. O los contratos por Internet que Vélez Sarsfield no podía prever. Haciendo clic en la computadora se aceptan cláusulas generales. Esto se soluciona en favor de la gente. Son todos casos concretos y prácticos.

Otro caso es la situación de las personas adultas. En la época de Vélez Sarsfield la expectativa de vida era de 30 y 40 años, ahora es de 70. Dentro de treinta años la sociedad va a ser muy adulta. Esas personas tienen muchos problemas, viven con una tecnología que en muchos casos no entienden. Hay que preveerlo y hay varias normas para protegerlos. Por ejemplo, la cuestión mental. En aquella época se lo consideraba estado de insanía. Hoy, las personas adultas pueden ser fácilmente internadas y esto ocurre. Hemos invertido el criterio y se presume la capacidad de las personas y cuando alguien es incapaz los primero es ayudarlo a ser capaz. Hay que poner sistemas de apoyo y lo último es la internación y con controles judiciales.

En materia comercial hay muchas normas que van a facilitar la vida empresarial. Están todos los contratos nuevos; regulación de franquicias, protección de medianas y pequeñas empresas, facilidad para contratos asociativos entre pymes, arbitraje para que las empresas puedan celebrar contratos que les permitan solucionar conflictos sin ir a la Justicia.

—¿Qué rol le reserva a los jueces el nuevo Código? ¿Tienen todo regulado o hay mayor libertad?

—Hay muchos casos en el cual los jueces tienen un protagonismo importante porque evoluciona tanto la vida económica social que hoy no se puede hacer un Código rígido. Tenemos que tener visión a mediano y largo plazo, las normas deben ser pensadas con visión de futuro para que sean estables. Si hiciéramos algo rígido, en diez años no sirve. Se hacen normas flexibles para adaptarlas en el tiempo y ésa es que la hace la gente, los abogados con las peticiones y los jueces con su jurisprudencia. Lo importante del legislador es definir las opciones de valor, qué valores y principios deben guiar a una sociedad, los detalles van cambiando. El Código marca grandes lineamientos.

“La demanda de la ciudadanía por seguridad es legítima”

  • Lorenzetti no escapó al reclamo que en muchas ocasiones realiza la ciudadanía al Poder Judicial en lo relativo a temas de seguridad.

—En muchas de las áreas el Poder Judicial anda muy bien y comparado con el resto de la región tiene muy buen nivel. Casi todo el problema que se discute es el tema seguridad que es la Justicia criminal. Ahí la demanda de la sociedad es justa. El problema son las soluciones. En la inauguración del año judicial hice fuerte hincapié en esto: No puede haber enfrentamiento de poderes cuando ocurre un hecho criminal. Debe haber cooperación y debe ser de mediano y largo plazo. No se puede engañar a la gente diciendo que nos vamos a poner de acuerdo en bajar la imputabilidad de los menores, son temas que requieren que los tres poderes del Estado trabajen de manera continua durante un tiempo prolongado. Lo importante es tener investigación policial porque si no se averigua quién cometió el homicidio es muy difícil después seguir hablando. Se requieren cuerpos de investigación muy sofisticados que no hay, con tecnología como la gente ve en las películas. Lo segundo es que existan normas procesales mucho más rápidas para estos problemas y que exista un esfuerzo muy grande de los jueces para solucionarlo. Tiene que haber una cooperación entre los tres poderes del Estado. ¿Qué pasa hoy? Falta prevención. Todos los años decimos que el problema del narcotráfico requiere una prevención muy acentuada. Si no se entiende que el narcotráfico es un problema y que ese problema empieza en la frontera, entonces lo que pasa en la provincia de Santa Fe es difícil solucionarlo si no hay un control de la frontera. Se requiere una posición más adulta de la dirigencia, no echarse la culpa, sirve organizarse. Pongamos equipos de trabajo del Poder Judicial, gobernaciones, Nación y hacer una planificación ordenada que incluya Gendarmería y control de fronteras.

—¿Esto hoy es difícil en términos políticos?

—Hasta ahora no se ha podido hacer, ésta es la realidad. Sólo parcialmente. Hubo avances cuando hicimos planteos muy fuertes en la frontera noroeste y ahora hay reuniones periódicas en Salta, Jujuy, de jueces federales con algunos organismos para control de la frontera. Esto requiere control que a su vez tenga tarea de inteligencia. No hablamos de los que consumen, sino de las organizaciones que se están creando donde aparecen sicarios, cosas que en la Argentina nunca existió antes. Hoy esto se puede controlar; si no lo hacemos dentro de 20 ó 30 años vamos a estar en una situación mucho más difícil. La obligación nuestra es decir que hay que ponerse de acuerdo en organismos estables, profesionalizados, y que tenga a los tres poderes en sus distintos niveles. Sin cooperación no hay solución.

 

El dato

Silencio

  • Lorenzetti se excusó de opinar sobre dos temas que próximamente podrían tener alguna definición de la Corte Suprema de Justicia y para que su voto no sea invalidado. Uno es sobre “cosa juzgada irrita” y la restante sobre la validez constitucional de los conjueces para la propia Corte designados por el Poder Ejecutivo, sin acuerdo del Senado.

“La Corte no tiene ningún fallo sobre cosa juzgada irrita. Lo que hizo fue no aceptar un caso en el cual había una sentencia pero es por aplicación de una facultad en que la Corte acepta o no casos. Es un tema que todavía está en sus comienzos” aclaró ante la pregunta concreta.

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El número de miembros de la Corte

  • Otra parte del diálogo con Lorenzetti tuvo como eje las versiones sobre la decisión del gobierno de buscar ampliar el número de ministros de la Corte Suprema de Justicia. El presidente actual admitió que “hoy no hay proyecto concreto” pero reclamó “mucha discusión”.

- En el país se requieren instituciones estables, no para los que la ocupan sino para el beneficio de las personas. Si cambiamos las instituciones periódicamente nadie sabe a qué atenerse. La Corte ha dicho que la movilidad de los haberes jubilatorios tiene rango constitucional y obliga al Congreso a que se respete ese principio. Ahora, si cambia la composición de la Corte y cambia la jurisprudencia, se va a afectar a la gente. Lo mismo pasa en materia laboral, contratos empresarios, organización del mercado, división de poderes. Tenemos que pensar en la previsibilidad de las instituciones en favor de las personas. Hay jurisprudencia de los últimos años interpretando la Constitución en favor de los derechos fundamentales, de la protección de las personas; un cambio en las mayorías puede alterar eso.

Este es el primer tema a pensar. Que se discuta, que se entienda la importancia. Lo segundo es que cuando uno hace cambios hay que pensar en las experiencias que se han tenido. En la Argentina tenemos una pasión por repetir los errores y esto ya pasó varias veces. Pensemos si no es repetir errores, si se hace bien, que se discuta públicamente las consecuencias de cambiar las mayorías que lleven a un cambio de la jurisprudencia del tribunal. Formalmente las cortes que hemos seguido en nuestra Constitución tienen cambios muy graduales, de personas en años, si uno cambia el grueso, la modificación es muy grande en la jurisprudencia constitucional que es la más importante