Fallo de la Corte Suprema
La Justicia Federal deberá investigar la protesta policial
Finalmente, quedó saldada la puja judicial en cuanto a la competencia provincial-federal de los hechos de diciembre de 2013.
Días de tensión se vivieron en toda la provincia cuando un sector de la policía dejó sin servicios a la comunidad en el marco de un reclamo salarial. Foto: Archivo El Litoral
De la Redacción de El Litoral
La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que es la Justicia Federal de Santa Fe la que debe investigar íntegramente los hechos suscitados en la provincia, durante el levantamiento policial de diciembre de 2013, entre los que cuentan, las intimidaciones y amenazas al gobernador Antonio Bonfatti.
En un breve documento fechado el 17 de marzo pasado y que lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el máximo órgano judicial del país determinó que “por los fundamentos y conclusiones del dictamen del procurador fiscal (...), se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, al que se le remitirá”.
Informe del procurador
Previamente, en un informe elevado a la Corte el 5 de junio del 2014, el procurador fiscal del CSJN, Eduardo Ezequiel Casal, señaló que “los mensajes dirigidos al gobernador provincial, por su contexto, inspiración y propósito, no parecen admitir ser fácilmente desligables de las otras conductas que la Justicia Federal se encuentra investigando bajo la justificación de que hubo una afectación cierta de la seguridad nacional, debido al alzamiento simultáneo de las fuerzas de seguridad de varias provincias sucedido en el mes de diciembre de 2013. Por ello, opino que corresponde al Juzgado Federal de Santa Fe continuar a cargo de la causa que originó la contienda”.
Hasta ahora, la Justicia Federal llevaba adelante una investigación a instancias del fiscal Nº 2, Walter Rodríguez, en la que tiene como principales imputados a un grupo de policías, acusados por el delito de sedición.
Asimismo, la jueza de Instrucción Nº 4, Susana Luna, se declaró incompetente para investigar la denuncia presentada por el gobernador Bonfatti el 7 de diciembre de 2013, en la que relata haber recibido mensajes de textos considerados intimidantes en su teléfono celular personal.
Durante la protesta
Para Casal, “los mensajes fueron enviados durante las públicamente conocidas protestas y reclamaciones de agentes policiales de varias provincias que tuvieron lugar en diciembre [de 2013] y su contenido estaba inequívocamente asociado a esos hechos”.
Según consta en el escrito, “el juez provincial declinó la competencia en favor del fuero federal, ante el cual tramitaba una causa contra integrantes de la policía local involucrados en aquella acción de protesta con abandono de tareas por instigación al delito y sedición. La declinatoria se fundó en que los mensajes enviados al gobernador en ese contexto formaban parte del movimiento sedicioso dirigido a arrancarle a los poderes públicos medidas o concesiones”.
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