A 30 años del Juicio a las Juntas Militares

La primera audiencia del Juicio a las Juntas fue el lunes 22 de abril de 1985. Las expectativas en torno a este procedimiento se extendió a lo largo y ancho del país, tanto entre partisanos como entre detractores. Claramente, sentar en el banquillo de los acusados a los 9 ex comandantes de las Juntas Militares que usurparon el poder entre 1976 y 1983, no constituía un hecho menor.

TEXTO. RAFAEL COLOMBO ([email protected]) (*).

El juicio a las Juntas fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia democrática nacional del siglo XX, pues se distinguió por la implacable determinación política de las nuevas autoridades constitucionales de los tres poderes del estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- sumado al enorme activismo y compromiso de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos como las Madres de Plaza de Mayo, en favor de un proceso llevado a cabo en un momento en donde, si bien la democracia había sido recuperada, su estabilidad y permanencia no estaba asegurada.

Tras 7 años de dictadura militar, el 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asume la Presidencia de La Nación. Dos meses antes, compitió en elecciones abiertas contra el candidato presidencial del Partido Justicialista, Ítalo Argentino Luder, logrando el triunfo al obtener el 52% de los sufragios.

A pocos días de asumir, Alfonsín dictó el decreto 158/83 por el cual ordenaba enjuiciar a los “...integrantes de la junta militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes”.

Seguidamente, creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), que comenzó a integrarse por figuras ampliamente reconocidas por su trayectoria en el ámbito científico, jurídico, educativo, social, cultural y otras áreas del conocimiento. Su objetivo fue investigar, documentar, recibir denuncias, reunir información, registrar y reconstruir casos sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar.

Un año después, el 20 de diciembre de 1984, la CONADEP -encabezada por el reconocido escritor Ernesto Sabato- entregó al presidente Alfonsín el informe “Nunca Más” que constituye la pieza probatoria fundamental de la acusación que habría de recaer sobre los miembros de las Juntas Militares.

JUICIO

El juicio comenzó en abril y se extendió hasta diciembre. Entre el 22 de abril y el 14 de agosto se llevaron a cabo las audiencias orales donde prestaron declaración testimonial acusados y testigos citados tanto por la fiscalía como por los defensores de los acusados.

Luego se procedió a la lectura del alegato de la fiscalía, el cual finalizó el 18 de septiembre. Durante los meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo las audiencias para los alegatos de los defensores de las ex comandantes. Finalmente, el 9 de diciembre de 1985, se procedió a la lectura de la sentencia.

JUECES Y FISCALÍA

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal estuvo integrada por León Carlos Arslanian; Ricardo Gil Lavedra; Jorge Valerga Araoz; Guillermo Ledesma; Andrés D’Alessio; y Jorge Torlasco. Durante el transcurso del juicio, semana tras semana se fueron turnando la presidencia del tribunal en el marco de las audiencias.

El jefe de la acusación fue el fiscal Julio Cesar Strassera quien, a su vez, contó con la asistencia del fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo y un reducido equipo de colaboradores.

La Fiscalía acusó a los procesados de secuestro, tortura, robo, homicidio, allanamiento ilegal y falsedad documental, todos ellos delitos tipificados por el Código Penal vigente en el marco de la ejecución de un plan sistemático concebido por la más alta jerarquía militar.

Se estima que, si bien hubo más de 10.000 denuncias realizadas por violación a los derechos humanos, la fiscalía adoptó el criterio del Consejo Europeo de Derechos Humanos que seleccionaba los casos denominados “paradigmáticos”, optando por presentar finalmente 709 casos como parte de la acusación definitiva.

ACUSADOS

Los acusados sometidos a juicio fueron los comandantes de las Juntas Militares que gobernaron de facto a la Argentina entre 1976 y 1983: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti; Roberto Viola, Omar Domingo Rubens Graffigna y Armando Lambruschini; y Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo.

TESTIGOS

Durante el transcurso del juicio, fueron 79 las audiencias orales llevadas a cabo. Allí, 833 personas prestaron declaración testimonial, entre otros ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas, personal de las fuerzas armadas, peritos forenses y actores políticos. A ello se sumaron 80 testigos provenientes del exterior por vía de exhorto diplomático.

Si bien no se permitió la transmisión en vivo del juicio, dos cámaras de Argentina Televisora Color (ATC) filmaron todas las audiencias. Por decisión de la Cámara Federal, los medios disponían de 3 minutos diarios con imagen pero sin sonido para transmitir por televisión. Tiempo después, fueron difundidos algunos compilados más extensos.

Recientemente en el año 2013, fue digitalizado e inventariado todo el material audiovisual disponible, en 530 horas.

SENTENCIA

La sentencia es el resultado de un sumario de más de 38.000 fojas con más 9.000 agregados.

En ella, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a partir del análisis de 281 casos presentados durante el juicio, condenó a los acusados Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a la pena de reclusión perpetua; a Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; a Roberto Eduardo Viola a diecisiete años de prisión y a Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión, con accesoria de inhabilitación absoluta perpetua en todos los casos. Resultaron absueltos Omar Domingo Rubens Graffigna y los integrantes de la tercera junta: Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo.

TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA

El Juicio a las Juntas Militares es un caso de estudio para la llamada Justicia Transicional, en tanto proceso en donde se debate, a partir de la substitución de un régimen de facto por uno democrático, la necesidad o no de investigar, llegar a la verdad y hacerla pública, determinar responsabilidades, enjuiciar, retribuir con castigos, reparar daños a las víctimas y llevar a cabo reformas políticas que logren afianzar el nuevo orden republicano. Todo ello en medio de un clima de ansiedad, expectativa y efervescencia social no menos complejo.

Durante el siglo XX -e incluso más atrás - hubo muchos casos en el mundo que pueden ser objeto de análisis en ese sentido. En efecto, las experiencias colonialistas o de naciones ocupadas durante la guerra, los Juicios de Nuremberg, la salida de los países de Europa del Este luego de la caída del Muro de Berlín, sumado a casos de regímenes autocráticos en Grecia, España, Portugal, el apartheid en Sudáfrica e incluso las dictaduras de América Latina en Chile, Uruguay o Brasil, nos ilustran de manera muy diferente acerca de cómo esas nuevas autoridades políticas han resuelto la manera de conducir sus transiciones.

En lo que a nosotros concierne, el caso argentino no registra precedentes que se comparen. Ninguna de las experiencias mencionadas tomó la determinación política de avanzar en un proceso de investigación, enjuiciamiento y finalmente condena sobre los responsables del asesinato, secuestro, tortura y desaparición de miles de personas. Ocurrió en un momento en que la joven democracia y el juicio mismo no gozaba del consenso ampliamente mayoritario del que por estos tiempos si gozan, por ejemplo, los juicios sobre violaciones a los derechos humanos.

Nadie ignora lo ocurrido con posterioridad a la sentencia condenatoria, tanto durante la segunda mitad de la presidencia de Alfonsín -con las leyes de punto final y obediencia debida- o los injustificados indultos del presidente Carlos Menem. La historia en general está repleta de gestas atravesadas por continuidades y discontinuidades, acciones progresivas y regresivas, marchas y contramarchas y corresponde evaluar todo ello con una actitud crítica.

Sin embargo, el Juicio a las Juntas Militares fue un proceso que, analizado en si mismo, requirió mucho coraje y valentía. Fue, sin lugar a dudas, el puntapié inicial para consolidar la democracia no solo como forma de gobierno sino también como una cultura política ciudadana que se resistió a esconder la atroz y dolorosa verdad del mal absoluto. Su reconocida importancia y trascendencia histórica no es mancillada ni desmerecida por lo ocurrido posteriormente.

Porque en definitiva, en la Argentina de la transición democrática no hubo pactos de impunidad, amnistías, o indultos. No se recurrió a tribunales especiales o legislación dictada con posterioridad a los delitos cometidos. Tampoco hubo perdón por vía de la reconciliación. El objetivo fue lograr memoria, verdad y justicia por vía de las garantías constitucionales del debido proceso.

No muchos episodios de la historia política mundial se han propuesto objetivos tan complejos y difíciles y han logrado tanto en tan poco tiempo.

(*) Analista político

Entre el 22 de abril y el 14 de agosto se llevaron a cabo las audiencias orales donde prestaron declaración testimonial acusados y testigos citados tanto por la fiscalía como por los defensores de los acusados.