editorial

Fayt, bajo la mira

• El gobierno ha dado claras muestras de su intención de avanzar sobre el Poder Judicial.

Los cañones del gobierno parecen estar siempre preparados para apuntar sobre circunstanciales contendientes o potenciales amenazas. Así lo demuestra la experiencia de los últimos doce años, durante los cuales el kirchnerismo fue eligiendo distintos enemigos de turno a quienes atacó sin piedad. Incluso, Jorge Bergoglio llegó a estar incluido en dicho rótulo mientras fue cardenal de Buenos Aires.

En estos momentos, quien evidentemente se encuentra en la mira del oficialismo es el juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Fayt.

A los 97 años este magistrado, que llegó al máximo tribunal de la Nación en 1983 y supo construir una imagen respetable a lo largo de toda su carrera, se encargó de advertir que está dispuesto a permanecer en su cargo al menos hasta el 10 de diciembre de este año, cuando finalice el mandato de Cristina Fernández.

Es probable que, a su edad, Fayt no esté en las mejores condiciones como para ejercer una función tan delicada. También es verdad que, quizá, debió dar un paso al costado en su debido momento -la Constitución de 1994 fija como edad límite los 75 años-, retirándose de esa manera con todos los honores y sin verse obligado a enfrentar una situación tan desgastante como la que hoy vive.

Sin embargo, resulta evidente que el principal problema para el gobierno no radica en la edad o en las condiciones de salud física y mental del magistrado; sino en la necesidad política de avanzar sobre la Corte ante los planteos judiciales que funcionarios del oficialismo deberán enfrentar, seguramente, a partir de este fin de ciclo.

La embestida contra Fayt se produce luego de que fracasara el intento del kirchnerismo por sumar al jurista Roberto Carlés al máximo tribunal. Es que, para lograrlo, se requiere del aval de las dos terceras parte del Senado de la Nación, un número con el que el gobierno no cuenta.

Cooptar posiciones clave de la Justicia parece haberse convertido en una suerte de obsesión para el kirchnerismo. Tanto es así, que el gobierno se encargó de generar espacios abiertamente politizados en el seno del Poder Judicial, circunstancia que atenta contra el espíritu mismo de un poder que debe actuar al margen de los vaivenes político-partidarios.

La creación de estos espacios se llevó adelante de manera flagrante. Incluso, con nombres propios como, por ejemplo, el del sector denominado Justicia Legítima.

Resulta paradójico que, luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el kirchnerismo comenzara a hablar de la existencia de un “partido judicial”, supuestamente integrado por aquellos magistrados y fiscales que salieron a reclamar públicamente el esclarecimiento de la muerte del hombre que acababa de denunciar a la presidente.

Es que, en todo caso, Justicia Legítima es lo más parecido a un partido político, ya que se trata de un sector integrado por jueces y fiscales que se dicen públicamente kirchneristas y que han generado, incluso, mecanismos de comunicación con la sociedad que funcionan por fuera de los canales oficiales del Poder Judicial.

Cuando Fayt dice que permanecerá en su puesto, al menos, hasta el 10 de diciembre; está planteando su decisión de impedir en la medida de sus posibilidades que el Poder Ejecutivo avance sobre la Justicia.

Es que, en definitiva, una Corte independiente representa la última garantía republicana en un país en el que, las instituciones, se han visto dramáticamente vapuleadas.

Una Corte independiente representa la última garantía republicana en un país en el que, las instituciones, se han visto dramáticamente vapuleadas.