editorial

  • Distintas huelgas se realizarán durante los próximos días, antes del paro general del 9 de junio.

Tensión entre gobierno y sindicatos opositores

Las semanas por venir serán realmente convulsionadas en la Argentina. Mientras los empleados bancarios realizan un paro por 48 horas y los aceiteros llevan más de 20 días de huelga, se avecinan nuevas medidas de fuerza en el marco de una coyuntura que no parece de fácil resolución y en la que se dirimen posiciones de poder que van más allá de meros reclamos salariales.

En un año electoral y mientras el gobierno intenta controlar el proceso inflacionario que carcome la economía del país desde 2007, el principal foco de conflicto radica en que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a homologar mejoras de sueldos que superen el 27%.

De hecho, algunos gremios aliados al oficialismo aceptaron estas condiciones. En caso de que los sindicatos opositores logren mejoras salariales por encima del 27%, se generaría una situación verdaderamente tensa que pondría en riesgo a los acuerdos logrados hasta el momento.

La situación planteada con los bancarios no es nueva. De hecho, durante este año ya realizaron algunas medidas de protesta para que el gobierno eleve el mínimo imponible de Ganancias. Ahora, lo que piden es un aumento salarial superior al 27%, aduciendo -con razón- que el sector ha obtenido importantes réditos durante los últimos años.

Los aceiteros inician su cuarta semana de paro en un escenario particular. El sindicato y la patronal alcanzaron un acuerdo para elevar los salarios en un 36%, pero el gobierno no está dispuesto a homologar dicha mejora. Por estas horas, la situación tiende a agravarse y los trabajadores decidieron profundizar su reclamo sobre la Ruta Nacional 11 a la altura de la ciudad de San Lorenzo. Mientras tanto, decenas de buques de ultramar permanecen varados en el río Paraná a la espera de que se solucione el conflicto. Las pérdidas para las empresas y para la economía nacional son cuantiosas.

Desde la Unión Industrial Argentina consideran que, en este contexto, la única solución viable será que sindicatos y empresarios firmen acuerdos que no superen el 27% de aumentos salariales y que, en los rubros donde existan posibilidades de otorgar mayores incrementos, se abonen premios, sumas fijas o cualquier otro mecanismo que permita destrabar los conflictos.

Pero no sólo bancarios y aceiteros han paralizado sus actividades. El próximo 4 de junio, los camioneros adoptarán la misma decisión porque también reclaman aumentos salariales superiores a los que el gobierno está dispuesto a homologar. En este caso, piden un 35% de incremento de sueldos.

Apenas cinco días después, en el país se realizará un nuevo paro general, convocado por los gremios opositores.

Tal como están dadas las cosas y teniendo en cuenta que el transporte se adherirá a la huelga, puede vaticinarse que la paralización de actividades será realmente importante.

El gobierno nacional incurre en una serie de contradicciones. En primer lugar, porque es el mismo gobierno que se jacta de haber generado las condiciones para que se realicen paritarias libres en la Argentina, el que se niega a avalar los acuerdos alcanzados entre los trabajadores y los sectores patronales.

Pero eso no es todo. La presidente Cristina Fernández se quejó públicamente por la actitud adoptada por los sindicatos opositores. Lo que la mandataria parece olvidar es que se trata de los mismos gremios que hasta hace algunos años eran considerados “amigos” del poder. Y en aquel momento, cuando descargaban sus peores métodos de presión sobre los considerados “opositores”, al gobierno no parecía importarle demasiado.

El Poder Ejecutivo no está dispuesto a homologar mejoras de sueldos que superen el 27%.