editorial

• El gobierno nacional puso en práctica distintas estrategias para nombrar jueces y fiscales afines al kirchnerismo.

Nuevos intentos por colonizar la Justicia

“El Poder Judicial debe poner límites”, advirtió en marzo de este año el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

Como representante del máximo tribunal del país, no sólo se refería a los límites que naturalmente la Justicia establece a quienes infringen las leyes, sino, sobre todo, hablaba de impedir los sucesivos intentos del gobierno nacional por colonizar a un poder independiente.

Luego de aquellos dichos de Lorenzetti, el kirchnerismo apuntó contra uno de los integrantes de la Corte. A sus 97 años, Carlos Fayt recibió todo tipo de presiones políticas para que diera un paso al costado. La embestida contra Fayt se produjo luego de que fracasara el intento del gobierno por sumar al jurista Roberto Carlés a la Suprema Corte de Justicia.

Cuando esta discusión pareció aplacarse, el oficialismo avanzó con una serie de leyes en el Congreso de la Nación que habilitaron la posibilidad de incrementar sus injerencias sobre la Justicia.

Con la mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura y a partir de la posibilidad de designar jueces subrogantes, el gobierno desplazó al juez Luis María Cabral de la Sala I de la Cámara de Casación, el segundo tribunal penal más importante del país luego de la Corte. Se trata de un tribunal que deberá tomar decisiones sobre temas cruciales, como por ejemplo el controvertido Memorándum de Entendimiento con Irán.

Se sabe que un gran número de puestos clave en la Justicia se encuentran en manos de jueces subrogantes. La potestad de reemplazarlos de manera automática otorga al gobierno la posibilidad de apartar de sus cargos a todos aquellos magistrados que tienen una mirada crítica hacia las conductas de determinados funcionarios kirchneristas sospechados de corrupción.

En todo caso, dichos jueces deberían ser reemplazados por magistrados que ocupen el cargo de manera definitiva y que sean designados de acuerdo con los procedimientos fijados en la Constitución Nacional.

Horas antes de participar de una marcha denominada “7-J”, convocada para reclamar la reincorporación de Cabral a la Sala I de la Cámara de Casación, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, advirtió que ‘el Estado de Derecho peligra' en el país, porque el gobierno “se ha infiltrado en un sector de la Justicia”.

De hecho, la agrupación conocida como “Justicia Legítima” reivindica abiertamente su afinidad al kirchnerismo, vulnerando los más elementales principios de imparcialidad política que se le reclama al Poder Judicial.

Pero esto no ha sido todo. Las últimas reformas también posibilitaron que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designe fiscales sin convocar a concurso ni exhibición de antecedentes. Además, y en el marco de la “Nueva Doctrina de Inteligencia”, el oficialismo hizo efectiva la transferencia a Gils Carbó del control de las escuchas telefónicas desde la Agencia Federal de Inteligencia.

No parece casual esta embestida sobre la Justicia. Es que, si bien existe la posibilidad de que el próximo presidente pertenezca al mismo signo político, se sabe que los actuales funcionarios -entre ellos la presidente de la Nación y algunos de sus familiares cercanos- pueden llegar a ser investigados por la supuesta comisión de distintos delitos.

“El Estado de Derecho peligra” en el país porque el gobierno “se ha infiltrado en un sector de la Justicia”.