Apertura de las jornadas de debate sobre el sistema de protección de testigos

El ministro de Justicia fijó los desafíos del sistema penal

Para Lewis es clave un monitoreo que permita elaborar indicadores confiables. Falistocco, De Olazábal y Aga también hablaron en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

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Julio de Olazábal valoró los respaldos legislativos que tuvo cada ley para poner en marcha el sistema penal; Roberto Falistocco instó a tener cuidado con los futuros cambios en la legislación y Juan Lewis puso el acento en la necesidad de tener indicadores sobre el funcionamiento del proceso penal. Foto: Luis Cetraro

 

Mario Cáffaro

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El llamado Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos está pronto a tener sanción legislativa y es uno de los temas pendientes en el marco de la llamada implementación del nuevo sistema penal de la provincia que entró en plena vigencia el 10 de febrero de 2014. Los desafíos y las buenas prácticas que debe tener un programa de ese tipo fue el eje de la jornada realizada ayer en el aula Vélez Sarsfield de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, organizada por esa casa y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Dos paneles integrados por magistrados y legisladores pusieron el foco en el programa mientras que la introducción de la misma estuvo a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco; el titular del Ministerio Público Fiscal, Julio de Olazábal; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, presentados todos por el decano anfitrión, Javier Aga. Esta apertura sirvió para que tanto Falistocco como De Olázabal y Lewis expresen su mirada sobre estos primeros 18 meses de vigencia del sistema y es en ese marco donde el funcionario del Poder Ejecutivo puso énfasis en los desafíos pendientes. El auditorio estuvo compuesto por magistrados, funcionarios del Poder Ejecutivo, jóvenes abogados y muchos policías, la mayoría de los cuales está trabajando en los programas de protección que están vigentes en territorio santafesino. Hoy, funcionan distintos programas en forma separada en la provincia: el de Acompañamiento y Protección de Testigos y Querellantes en causas de lesa humanidad que se tramitan en el fuero federal; el de Acompañamiento y Protección de Testigos y Víctimas vulnerables asistidas por los Centros de Asistencia Judicial, y el de Protección de Testigos.

Durante la gestión de Hermes Binner, de los cinco mensajes del Poder Ejecutivo para la implementación del nuevo sistema penal, sólo quedó pendiente el de Protección de Testigos, todos los demás fueron aprobados y casi todos por unanimidad como bien destacaron ayer los panelistas.

Falistocco no dudó en afirmar ayer que desde la entrada en vigencia del nuevo sistema, “Santa Fe vive un cambio en su cultura cívica con un compromiso de política de Estado de los tres poderes. Hoy, el sistema está en marcha y tiene muchas potencialidades”, según destacó para después detenerse en las inversiones realizadas por la Corte para acompañar a jueces, fiscales y defensores así como informar que 311.536 causas de las 568.000 que quedaron en el sistema residual penal ya fueron terminadas. El presidente de la Corte, en otro tramo, se detuvo a recomendar al Poder Legislativo que los cambios legislativos deben ir de la mano de todos los actores “y no como parches. Escuchen a los operadores” recomendó, algo sobre lo que también insistió luego Lewis quien dijo que apenas 18 meses no ameritan tantos cambios legales.

Lo que se dijo

De Olazábal comenzó su ponencia marcando las diferencias entre el viejo y el nuevo sistema. “El delito es un conflicto entre víctima y victimario y lo primero es solucionar el problema de la víctima. Nos va a llevar tiempo hacerlo carne. Se hizo mucho y faltan cosas”, destacó.

Ya sobre el proyecto de programa de acompañamiento y protección de testigos admitió que intervino para acercar las iniciativas vigentes en el Senado (autoría del radical Hugo Marcucci) y en Diputados (del justicialista Leandro Busatto) e incluso dijo que el Ministerio Público de la Acusación terminó aceptando que dentro del programa figure un fondo provincial de recompensas y, como la mayoría de las leyes, dijo esperar que tenga un amplio consenso al momento de votarse. “En Santa Fe, se puede hablar con los otros poderes”, subrayó y entendió que el programa debe ayudar a devolver a la gente la confianza en las instituciones.

Después Lewis, tras descontar que será sancionado el programa sobre testigos, fijó los desafíos del sistema penal, priorizando la adecuación del sistema procesal penal juvenil donde admitió que todavía no hay acuerdos; la Justicia Contravencional especialmente para las poblaciones más pequeñas donde los llamados ‘jueces de paz’ vuelvan a cumplir esa tarea de pacificación social que tuvieron; el Organismo de Investigaciones cuya ley ya fue sancionada y resta su puesta en práctica en el Ministerio Público de la Acusación; medidas alternativas y acuerdos intermedios que deben ser más explorados por los actores del sistema y la publicidad. Sobre este último punto se detuvo Lewis para resaltar que faltan constituir varios consejos asesores regionales de las fiscalías, previstos por la ley, para ir teniendo un monitoreo social del funcionamiento así como un sistema de monitoreo que permita construir indicadores confiables. “Ahora, es la oportunidad de armar el sistema” desafió.

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Magistrados, funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo y muchos efectivos de policía participaron en el aula Vélez Sarsfield de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL de una nueva jornada sobre el Código Procesal Penal santafesino. Foto: Luis Cetraro

 

El dato

Paneles

  • El primer panel fue sobre el análisis del funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal donde expusieron el fiscal regional de la Quinta Circunscripción Judicial, Carlos Arietti; la defensora regional de esa misma circunscripción, Estrella Moreno, y la jueza integrante del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de Santa Fe, Jaquelina Balangione.

Sobre el programa de protección de testigos, lo hicieron el diputado Leandro Busatto y el director del Programa de Protección de Testigos y Querellantes en juicios de lesa humanidad, Daniel Bóccoli.