El Poder Ejecutivo revocó el beneficio para Ceballos

Conmutación: el gobierno pidió “disculpas” a la familia Mattioli

• “Firmamos sin saber”, reconoció esta mañana el ministro de Justicia Juan Lewis ante los familiares de las víctimas, y pidió perdón por el “error”. El gobierno publicó el decreto de revocatoria, y argumentó que se trató de una decisión “inadecuada e inoportuna”.

Ivana Fux

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Argumentando que se trató de una decisión “inoportuna e inadecuada”, el gobernador firmó ayer el decreto Nro. 2703 mediante el cual “revoca” la conmutación de penas dispuesta por decreto Nº 2.484 del pasado 5 de agosto, “en beneficio de Antonio Nicolás Ceballos”.

Ceballos había sido condenado hace casi ocho años por un doble crimen cometido en Rincón, donde tras un intento de asalto, perdieron la vida Rubén Mattioli de 53 años, y su hijo de 19. Conocido el decreto de conmutación, la familia de las víctimas repudió la decisión del Poder Ejecutivo, y exigió una revisión de la medida, que fija la cadena perpetua de Ceballos en 25 años. Tras la repercusión pública del caso, el gobernador decidió dar marcha atrás con su decisión.

Esta mañana, el ministro de Justicia Juan Lewis, recibió a Alicia y Nilda Mattioli, hijas de Rubén. “El ministro nos pidió disculpas por el error y nos confirmó que el gobernador firmó la revocatoria”, dijo Nilda a El Litoral tras retirarse de Casa de Gobierno. “Nos vamos tranquilas; valoramos el gesto de rever la decisión y lo agradecemos”, acotó.

“El ministro reconoció que fue un error -insistió-; que firmaron sin conocer particularmente los casos. Lamentablemente, (el gobernador) firmó algo sin leer, pero tuvo la grandeza de reconocer su error”. Nilda reparó en que si el caso no hubiese adquirido repercusión pública y social, quizá no habría tenido este desenlace, pero prefirió hacer hincapié en la retractación oficial. “Vivimos una semana muy dolorosa; con la conmutación nos volvieron a matar. Pero más allá del error, el gobernador supo escuchar y revisó la causa”, valoró. Lewis advirtió, de todos modos a la familia, que “seguramente”, los abogados de Ceballos apelarán la revocatoria.

Fundamentos

En los considerandos del nuevo decreto, el gobierno insistió en que previo a la conmutación, existieron informes “favorables” sobre Ceballos tanto de la Dirección del establecimiento penitenciario como del juez de Ejecución Penal. Advirtió, además, que la conmutación es una “atribución constitucional”, y aseguró que la gestión “se ajustó plenamente” al procedimiento legal, y a las normas y principios constitucionales vigentes. Sin embargo, mencionó que el titular del Poder Ejecutivo consideró “oportuno y conveniente” volver a analizar y “evaluar” la situación, “en el marco de una política activa y permanente de atención a los diversos pareceres expresados por quienes conforman la comunidad santafesina”. Y alertó que dicha revisión “tiene necesariamente como centro de atención el interés público comprometido, que debe estar presente en todos los actos de gobierno, y la visión de la comunidad donde los hechos se produjeron”.

Interés público-social

Al avanzar en su línea argumental, el gobierno volvió a justificar la revocatoria “en aras de solucionar el conflicto potencial entre los dos grandes intereses en juego”, y teniendo en cuenta que “la medida adoptada con relación a Ceballos resulta inoportuna e inadecuada, todo ello a la luz de los nuevos elementos recabados como también del sentir de la propia comunidad donde el hecho sucediera”. El Ejecutivo admitió, finalmente, que “es indudable que en determinadas situaciones debe primar el interés público-social por ante el interés individual”.

Sobre la base de esos conceptos, el decreto enfatiza que “la administración pública, en ejercicio de las funciones que le son propias, puede efectuar de oficio la extinción de sus actos ya sea en virtud de su ilegitimidad, o bien, por existir razones de mérito, conveniencia u oportunidad que así lo hagan aconsejable”. Dicha extinción por razones de oportunidad, “no sólo se basa en el cambio de las circunstancias tomadas en cuenta originalmente en el momento de la emisión del acto, sino también en la nueva valoración de ellas o en la mutación del interés público que determinó la emisión del acto”.

En función de dichos argumentos, el Ejecutivo revocó el beneficio para Ceballos.

Otra polémica como antecedente

Durante la segunda gestión de Jorge Obeid, un decreto de conmutación de penas benefició a Carlos Alberto Lovazzano, un ex bombero condenado por un triple homicidio perpetrado en la ciudad de Pérez. La decisión provocó una gran conmoción social y política. Hubo reclamos en la Legislatura y de vecinos de la localidad, que elevaron un petitorio con más de cinco mil firmas al gobernador. Todo ello hizo que el Ejecutivo enmendara su decisión con otro decreto. De esa manera, Obeid firmó también un decreto de revocatoria anulando el beneficio.

Según publicaba El Litoral en su edición del 16 de febrero de 2004, Lovazzano recurrió la medida del Ejecutivo y pidió que le restituyeran la conmutación, pero la petición fue rechazada por el gobierno provincial de entonces.