Editorial

• La ley de “alcohol cero” no alcanza para enfrentar un problema con implicancias complejas.

Tránsito, alcohol y consignas efectistas

La tendencia a buscar soluciones mágicas a los problemas parece haberse convertido en un rasgo constitutivo de la sociedad argentina. Y si bien este fenómeno se observa -lamentablemente- en todos los ámbitos, resulta más preocupante cuando surge de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de tomar decisiones clave.

En los últimos días, en Buenos Aires un joven de 19 años perdió la vida por un accidente ocurrido en la avenida General Paz, a la altura del barrio de Mataderos. Pocas horas después, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, dijo que volverá a presentar en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de “alcohol cero”, como una medida clave tendiente a reducir las muertes en el tránsito.

La cuestión de fondo, en todo caso, pasa por determinar si el sólo hecho de prohibir la ingesta de alcohol en quienes conducen acabará con este flagelo, en un país donde los controles de tránsito son escasos, la violación a las leyes es una constante -exceso de velocidad, falta de casco en motociclistas, reticencia a utilizar cinturón de seguridad en automovilistas, etc.-, la mayoría de calles y rutas se encuentra en mal estado, la mezcla de vehículos con tracción mecánica y tracción a sangre (con diferentes velocidades y capacidades de respuesta), la circulación de carros sin luces y conducidos por menores, y un cuadro endémico de violencia generalizada que se expresa a cada paso.

Recientemente, el Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam) emitió un documento con estadísticas internacionales que resultan útiles para acabar con ciertos mitos y que demuestran que el problema del tránsito es una cuestión compleja, que no se soluciona con meras consignas efectistas que suelen actuar, apenas, como expresiones de deseo.

Las leyes argentinas establecen para los conductores una tolerancia de hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre, lo que coincide con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, no es verdad que los países más desarrollados y con menores índices de siniestralidad tengan tolerancia cero al consumo de alcohol. Suecia, por ejemplo, tiene como límite permitido 0,2 gramos de alcohol en sangre y Japón 0,15. Sin embargo, los EE.UU., Irlanda y Reino Unido de Gran Bretaña admiten hasta 0,8 gramos.

De todos modos, los ingleses saben que sobrepasar esa barrera significa una multa de 6.000 euros y hasta la confiscación del vehículo. Y si un conductor alcoholizado genera un accidente con víctimas fatales, puede ser condenado a una pena de prisión de hasta 14 años.

Tampoco es cierto que los países de la región cuenten con leyes de tolerancia cero al consumo de alcohol. En los casos de Chile y Uruguay, el límite está fijado en 0,3 gramos; en Brasil, 0,2 gramos; y en Colombia existen rangos que parten de 0,2 a 0,39 gramos. Una cosa es lo que dicen los títulos de estas leyes, y otra lo que en realidad expresan sus contenidos.

La experiencia en la Argentina demuestra que los conductores alcoholizados que protagonizan accidentes son los que han consumido más del límite permitido. Es decir que superaron los 0,5 gramos de alcohol en sangre, pero ningún control de tránsito logró detectarlos a tiempo.

De hecho, para los conductores profesionales argentinos ya rige la tolerancia cero. Sin embargo, igualmente suelen conocerse casos en los que conducen luego de haber consumido alcohol. El problema, una vez más, pasa por la falta de controles.

En definitiva, en lugar de lanzar consignas que difícilmente alcancen para solucionar los problemas actuales, las autoridades deberían poner mayor empeño en hacer que las normas vigentes se cumplan, en generar controles adecuados, invertir en infraestructura y sancionar con dureza a quienes se empeñan en violar la ley.

Las autoridades deberían poner mayor empeño en hacer que las normas vigentes se cumplan.