La obra demandará una inversión de 350 millones de pesos

De la redacción de El Litoral

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Con la presencia de tres ministros de la Nación, se firmó este mediodía el contrato de adjudicación para la construcción del Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino, que se radicará en la ciudad de Coronda. El acto se realizó en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia, y concurrieron los titulares de Justicia, Julio Alak; de Defensa, Agustín Rossi; y de Seguridad, María Cecilia Rodríguez. También participaron el presidente de la Corte provincial, Roberto Falistocco0 y Rafael Gutiérrez.

El nuevo penal tiene como principal finalidad que el Estado nacional cuente en suelo santafesino con un establecimiento en el que pueda alojar a los presos confinados por autoridades federales. Hasta aquí, son alojados en cárceles provinciales, y su mantenimiento ha generado reiteradas deudas con la provincia de parte de la Nación.

En esta primera etapa, el futuro instituto carcelario prevé 192 celdas individuales -su capacidad total será para 400 internos-, y será levantado en un predio de 62 hectáreas, ubicado en cercanías de la autopista Brigadier López.

En su discurso, Alak habló de la reparación de “una deuda histórica de la Nación” con la provincia de Santa Fe. De hecho, recordó que el primer anuncio de su construcción se hizo en 1995; en 1998 la provincia cedió el terreno y luego se postergó su inicio en cuatro oportunidades, hasta llegar a esta instancia que prevé el inicio de los trabajos en “algunas semanas”, y estima un tiempo de ejecución de dos años.

La obra demandará una inversión de 350 millones de pesos, y prevé emplear a 250 guardiacárceles que se radicarán con sus familias en la ciudad de Coronda. El nuevo penal absorberá a los detenidos que surjan de los juzgados federales de Santa Fe, Rosario, Rafaela y San Nicolás.

Rechazo

En la puerta de Tribunales, antes de que comenzara el acto, se concentró un grupo de vecinos de la ciudad de Coronda, esencialmente estudiantes terciarios, para manifestar el rechazo a la construcción de un nuevo penal, y para exigir, en última instancia, que la Nación compense al distrito con otras obras complementarias.

En diálogo con El Litoral, Mario Ramos, quien desde la localidad corondina comenzó una campaña de recolección de firmas para resistir el proyecto, explicó que no quieren que la ciudad siga siendo sinónimo de cárcel.

“Queremos tener otras fuentes laborales en nuestra ciudad, que no sean siempre institutos carcelarios. Queremos que nuestra ciudad sea conocida no por nuestras cárceles, sino por nuestra historia, por nuestros atractivos turísticos... No aceptamos que se diga que la cárcel es la industria de Coronda”, argumentó.

Desde la Nación, tanto Rossi como Alak apelaron al mismo argumento para refutar el planteo y ambos, consultados por la prensa, recordaron el antecedente de la década del noventa, donde Coronda le disputaba a Fighiera la construcción de dicho penal. “Todos tienen derecho a opinar -dijo el ministro de Defensa-. Pero yo recuerdo que hace varios años hubo un debate en la provincia para colocar la cárcel federal en Fighiera, y fueron las propias autoridades políticas y vecinos de Coronda quienes pidieron que se construya en esa ciudad. Pueden existir dudas e inquietudes, que seguramente se resolverán a través de los canales correspondientes. De todos modos -prosiguió-, la cárcel se levantará del otro lado de la autopista a más de ocho kilómetros del ejido urbano de Coronda y va a impactar positivamente en la economía de la localidad”, afirmó.

¿Qué deuda?

El evento de hoy renovó un antiguo reclamo de la provincia a la Nación. En la previa de la firma del contrato, ministros provinciales -entre ellos Raúl Lamberto y Juan Lewis- compartieron una charla informal con integrantes de la Corte local y los funcionarios nacionales invitados. Pero ello no evitó que a posteriori se generara una polémica por el dinero que Santa Fe asegura haber gastado para mantener a los presos federales, sin que la Nación lo reconozca. Antes y después del acto, tanto Lamberto como el vicegobernador Jorge Henn, recordaron públicamente que actualmente la provincia tiene alojados en sus penales a 285 presos federales, y que la Nación le adeuda a la provincia 60 millones de pesos. La última partida de dinero llegó, según dijeron, en el año 2007.

Pero Rossi se desentendió del asunto y lo propio hizo Alak ante la consulta de El Litoral. “Yo no sé si ésa es la cifra exacta; habría que revisarla -dijo en primera instancia. Pero generalmente no tenemos deudas con las provincias. Hay que ver si es cierto -puso en duda después-, porque nosotros estamos al día. Muchas veces los trámites se dilatan porque no hay precisión; primero, porque para que paguemos tiene que estar certificado por la Justicia Federal que es la titular de la acción de la detención. Pero con el gobierno de la provincia tenemos una excelente relación -suavizó-, así que si fuera así se resolvería muy rápidamente. Pero en realidad -volvió a decir-, con los gobiernos provinciales no tenemos deudas”, concluyó.

Agustín Rossi y su hija

• El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, respondió esta mañana con incomodidad un par de preguntas de la prensa vinculadas con la designación de su joven hija Delfina, en el directorio del Banco Nación.

—En las últimas horas la Justicia aceptó un pedido para cuestionar la designación de su hija ¿Qué opina?

—Pregúntenle a mi hija

—Como padre, ¿cómo interpretó todos los cuestionamientos formulados?

—Es que justamente como papá, tengo que actuar como tal. Pero no creo que la ayude en ese sentido. La verdad es que yo he sido funcionario de este gobierno, he sido presidente del bloque, he defendido a la totalidad de las políticas públicas de este gobierno y a la totalidad de sus funcionarios... Imagínense que me costaría muy poco defenderla; es más, tengo muchas ganas de defender a mi hija -admitió- pero no creo que la ayude. Ella se defenderá como se tenga que defender.

Falistocco, Alak, Rossi y Gutiérrez (uno de los gestores del acto en su condición de titular de la Jufejus). Foto: Mauricio Garín

Salario

• El ministro de Justicia, Julio Alak, reivindicó esta mañana, “más allá de la polémica”, el salario que deben cobrar los presos que trabajan. “Se critica que el Estado pague ese salario mínimo vital y móvil, pero es conceder un derecho que está consagrado en la propia Constitución. Muchas veces se cree que el preso está en una celda sin hacer nada y no es así. Cumple un horario de trabajo, tiene un salario y el 80% de ese dinero se deposita en cuentas del Banco Nación para que disponga de esa suma su grupo familiar. No todos quieren trabajar -reconoció- porque no es obligatorio. Pero tenemos el máximo nivel de internos trabajando de Latinoamérica, que llega casi al 80%”, aseguró.