editorial

• En numerosos países latinoamericanos, la realidad es preocupante. La Argentina, no es una excepción.

Sombría situación de la libertad de prensa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) arribó a una conclusión contundente: “La situación de la libertad de expresión y la concentración de medios en Latinoamérica ha empeorado” durante los últimos años. Y en este contexto, países como Venezuela, Ecuador y Cuba se llevan la peor parte.

Así lo plantea el informe recientemente presentado en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se desarrolló en la ciudad de Charleston, Estados Unidos, con la presencia de representantes de medios de todo el continente.

La situación de la Argentina no escapa a lo que sucede en otros países con graves problemas en materia de libertad de prensa. Según el reporte de la SIP, los medios de comunicación argentinos vivieron durante los últimos años “el período más adverso desde el regreso de la democracia”.

Entre otros motivos, por la utilización de recursos públicos para montar gigantescos aparatos comunicacionales destinados a la deslegitimación del periodismo independiente y de la oposición; partidización de los medios públicos; distribución discriminatoria de la pauta oficial, con el objetivo de cooptar a sus beneficiarios o castigar a los medios no adictos y la aplicación selectiva de normas para perseguir la disidencia.

También debido a la manifiesta arbitrariedad en la asignación de frecuencias de televisión digital abierta; sanción de leyes específicas para desarticular a medios críticos y favorecer a voces oficialistas; presión a los anunciantes privados para quebrar las ecuaciones económicas de las empresas periodísticas; utilización de los organismos de control y de los servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar; cierre de información sufrido por periodistas críticos; destierro de las conferencias de prensa presidenciales; empleo de cadenas nacionales con fines proselitistas; discurso oficial estigmatizante para los periodistas.

Hace apenas algunas semanas, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) había planteado un panorama similar. Fue durante la asamblea general de la entidad, que agrupa a los editores de medios gráficos de todo el país.

En dicho documento, se hizo hincapié en las dificultades de un periodismo coaccionado como nunca desde 1983 a la actualidad, sometido por el gobierno nacional a descalificaciones permanentes en las cadenas nacionales de radio y televisión que la jefa del Estado utiliza con una frecuencia inusitada y al margen de la ley.

Adepa remarcó, además, los graves daños institucionales provocados por el manejo militante de los medios públicos; asignación arbitraria, discriminatoria y sin control de la pauta publicitaria del Estado; utilización de los organismos oficiales para presionar o condicionar a medios y periodistas críticos; aplicación selectiva de leyes y resoluciones y el secretismo como regla para el acceso a los datos generados por el Estado, entre otros puntos.

No importa a qué signo político pertenezca el próximo presidente. Por delante, tendrá una ardua tarea de reconstrucción de libertades esenciales y, sobre todo, de restauración de una serie de pautas básicas de convivencia y de respeto. No sólo a las leyes, sino a todos aquellos argentinos que piensen diferente.

"Los medios de comunicación argentinos vivieron durante los últimos años “el período más adverso desde el regreso de la democracia”.