editorial
Control de tránsito y atropello a policías
- Se produjeron dos casos en apenas 72 horas en la ciudad de Santa Fe. Los policías fueron embestidos por motociclistas.
En apenas 72 horas, dos agentes policiales fueron embestidos por motociclistas que intentaron evadirse de controles de tránsito en distintos puntos de la ciudad. El primer caso se produjo en la esquina de Bv. Gálvez y Vélez Sarsfield. El otro, cerca de Cilsa, en uno de los ingresos a Santa Fe.
La presencia de los policías en estos operativos no es casual. De hecho, están allí a pedido de la Municipalidad, ya que los inspectores de tránsito requieren de esta protección debido a las continuas agresiones que sufren por parte de conductores que infringen las normas más elementales.
Sin embargo, ni siquiera los efectivos policiales logran poner límite a tanta locura. De hecho, en uno de los recientes casos, la agente atropellada debió ser atendida en el hospital Cullen por las heridas sufridas.
Los dos motociclistas fueron detenidos. El primero de ellos tiene 28 años -ningún organismo informó sobre la identidad del imputado, aunque trascendió que es hijo de un funcionario de la Subsecretaría de la Niñez-. El otro es un adolescente de apenas 18 años.
La situación no es novedosa. Sobre todo durante los fines de semana, las personas encargadas de realizar este tipo de controles reciben amenazas y son agredidas de manera constante. De todos modos, sólo trascienden públicamente los casos más graves.
A mediados de este año, desde el municipio, se informaba que cada 60 días -en promedio- un inspector es agredido físicamente por algún conductor.
La situación del tránsito no es más que un escenario en el que se reflejan conductas sociales fuertemente arraigadas, tanto en Santa Fe, como en el resto de las grandes ciudades de la Argentina: violencia, propensión a transgredir las normas y un fuerte grado de hipocresía entre quienes reclaman mayores controles, pero no están dispuestos a ser controlados.
Esta ruptura de normas elementales de convivencia, la violación de las leyes y la imposición de los más fuertes sobre los más débiles se han convertido en parte intrínseca de los modos de vida de un país en el que sus habitantes suelen estar condenados a sostener la guardia en alto.
Nada de esto es casual. Como tampoco lo es el hecho de que la Argentina continúe integrando el lote de países con mayor cantidad de muertes en accidentes de tránsito por habitantes.
Según un relevamiento realizado por el Foro Internacional del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), se registran más de 5.000 muertos por año en siniestros viales: una tasa de 12,3 muertos por año por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con este ranking, las rutas menos peligrosas son las de Suecia, que tiene 2,7 muertos por año por cada 100.000 habitantes.
Es verdad que se requieren fuertes inversiones para el mejoramiento de la infraestructura vial, que los controles no suelen ser eficientes y que los vehículos que circulan en el país no siempre están en las condiciones adecuadas. Sin embargo, la clave para comprender esta problemática pasa indefectiblemente por las conductas sociales.
La Argentina en su conjunto sufre un profundo proceso de descomposición social del que muchos no parecen ser conscientes. Y frente a este contexto, nadie está a exento de sufrir las consecuencias.
La situación del tránsito no es más que un escenario en el que se reflejan conductas sociales fuertemente arraigadas.
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