Editorial

• Una vez más, los servicios de inteligencia argentinos se convirtieron en noticia. Esta vez, a poco de las elecciones.

Espiados y confundidos

Como nunca antes en tiempos de democracia, los servicios secretos argentinos forman parte esencial de las noticias cotidianas. A principios de año, con la muerte del fiscal Alberto Nisman y la presunta responsabilidad del agente conocido como “Jaime” Stiuso. Luego, con la aprobación de la ley de Inteligencia pensada a las apuradas para que nada cambie, o, en todo caso, para que la situación empeore.

Ahora, a escasos días de las elecciones presidenciales, referentes del PRO denunciaron haber recibido de manos anónimas un listado de personas públicas que estarían siendo espiadas por los agentes secretos, a pedido del gobierno nacional.

La denuncia resulta, por lo menos, endeble. No porque en nuestro país los servicios de inteligencia no sean utilizados para realizar seguimientos internos y con fines políticos, sino por el momento en que fue realizada y por los escasos datos de prueba presentados.

Además, las denunciantes revelaron públicamente desde dónde habrían sido realizadas las escuchas. De esta manera, en caso de ser reales los hechos denunciados, los espías seguramente se habrán encargado de borrar cada una de las huellas que pudieran incriminarlos.

Pero más allá de que esta denuncia huela a una improvisada operación con vistas a las elecciones, en la Argentina parece haberse naturalizado peligrosamente el hecho de que los servicios de inteligencia espíen a dirigentes políticos, periodistas, empresarios y referentes de los más diversos ámbitos que pudieran ser de interés para el gobierno de turno.

Tanto es así que, en agosto pasado, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, reconoció en público estas prácticas a través de una conferencia de prensa. Lo hizo al hablar sobre la ampliación de la denuncia contra el ex director general de Operaciones de la Side, Jaime Stiuso, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento del atentado a la Amia.

En aquella conferencia, denunció una supuesta campaña orquestada por el diario La Nación, algunos jueces federales -a los que no identificó- y la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, para evitar que el ex espía declarase ante la Justicia. En otras palabras, Parrilli reveló que sus hombres habían espiado a jueces y a un medio de comunicación. En cualquier país verdaderamente democrático y republicano, esto hubiese representado un escándalo institucional.

En realidad, la primera muestra contundente de cómo serían utilizados los servicios secretos en la Argentina sucedió el 23 de julio de 2004. Aquel día, el entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, advirtió al presidente Néstor Kirchner que Stiuso y sus hombres realizaban operaciones ilegales desde la Side.

La señal presidencial fue clara: Stiuso no sólo permaneció en su cargo, sino que además fue ungido con la delicada responsabilidad de colaborar con Nisman en la Unidad Fiscal Amia.

Béliz, en cambio, terminó renunciando, exiliándose en los Estados Unidos y transitando distintos despachos tribunalicios por haber mostrado en televisión la cara del espía cuestionado.

Cuando a principios de 2015 se impulsó una ley para crear la nueva Agencia Federal de Inteligencia, algunos pensaron que la situación podía comenzar a cambiar. Sin embargo, sucedió todo lo contrario.

Cuando a principios de 2015 se impulsó la creación de la AFI, algunos pensaron que la situación podía comenzar a cambiar. Sin embargo, sucedió todo lo contrario.