De la Cámara de Senadores

Programa Provincial de Protección de Testigos

El Senado provincial aprobó recientemente y convirtió en ley el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Víctimas y Testigos, a la vez que creó el Fondo Provincial de Recompensas para procesos penales, subraya el senador provincial Hugo Marcucci (UCR-La Capital).

El Programa -sigue el legislador- alcanza a toda persona que verosímilmente se encuentra en riesgo cierto de sufrir un atentado contra su vida, integridad, libertad o en sus bienes, como consecuencia de haber sido víctima o testigo de un delito, o bien por haber colaborado en la investigación de un delito o participado en un proceso penal, sea en carácter de juez, fiscal, defensor o funcionario judicial. Preventivamente, también podrán ingresar al programa personas que se encuentren en las situaciones de riesgo antes contempladas como consecuencia de su esperable intervención como testigos en una investigación o procesos futuros.

Dicha protección se extenderá en caso de necesidad a su grupo familiar directo, entendiéndose por tal a su cónyuge, pareja, hijos y otras personas con los que tenga convivencia y a quienes por su relación inmediata así lo requieran. En cualquier caso, se prestará especial atención a las personas adultas mayores, con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y personas víctimas de delitos sexuales, de violencia familiar, de género, delincuencia organizada o violencia institucional.

El proyecto convertido en ley establece la creación de un Programa dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de un director (civil) y dos subdirectores, uno para el caso de medidas de protección y el otro para asistencia y acompañamiento. Además, prevé crear en el Ministerio de Seguridad la Unidad Especial de Acompañamiento y Protección facultada para intervenir en forma preventiva, disuasiva y/o mediante el uso efectivo de la fuerza a los efectos de proteger a la/s persona/s en situación de peligro bajo su cuidado.

También se crea un Fondo Provincial de Recompensas fijado en el 0,45% anual del presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el texto, se establecen derechos y obligaciones de los incluidos en el programa así como las características que definirán el ingreso al Programa, eliminándose los obstáculos burocráticos que pudieren entorpecer la adopción efectiva e inmediata de las medidas pertinentes. Además, definen las características de confidencialidad, proporcionalidad, temporalidad, gratuidad, solidaridad, provisionalidad y subsidiariedad que debe tener el sistema.

Así, destaca el diputado nacional electo, se extiende la protección del Estado no sólo a testigos y querellantes sino también a víctimas que pueden resultar el blanco de ataques y agresiones y, además, el Programa abarca a personas que intervengan en todo tipo de causa judicial, sin limitación a ciertos tipos de procesos penales. Asimismo, se amplía dicha protección a aquellas personas que han contribuido al avance de una investigación penal sin participar formalmente de un proceso judicial.

El Fondo de Recompensas, por su parte, sin dudas resultará una herramienta útil para la resolución de delitos que, ante la ausencia de tal incentivo, quedarían irresueltos. A diferencia de otros proyectos, se limita la posibilidad de ser beneficiario del Fondo a aquellos que no hubiesen participado en el delito investigado. Por lo tanto, el sujeto que provea información sensible y útil para el caso, podrá ser adjudicatario del Fondo de Recompensas, con la condición de no haber participado en el ilícito.