Editorial

  • El 25 de noviembre se renovó el reclamo por la aplicación de políticas públicas que protejan a las mujeres de toda forma de hostigamiento y sancionen a quienes lo ejercen.

Nueva marcha contra la violencia de género

El pasado 3 de junio constituyó un verdadero hito de participación social, cuando comunidades del país se movilizaron en espacios públicos de todo el territorio para involucrarse en una problemática que durante demasiado tiempo fue considerada exclusiva del ámbito privado. En esa oportunidad, la consigna “Ni una menos” convocó a mujeres y hombres en grandes ciudades y en pueblos pequeños, para pedir por medidas concretas y urgentes que permitan prevenir y erradicar la violencia de género y sancionar a quienes la ejercen. El 25 de noviembre, se conmemoró en todo el mundo, como hace más de veinte años a instancias de una resolución de Naciones Unidas, el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer; ese mismo día la sociedad volvió a marchar. Es que los reclamos entre una y otra fecha siguen plenamente vigentes, y la muerte de mujeres por razones de género sigue siendo una realidad que interpela y exige respuestas urgentes.

Las cifras de lo que se conoce suman razones para preocuparse y ocuparse: según el primer registro difundido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el año pasado fueron asesinadas 225 mujeres en todo el país, 8 de ellas en nuestra provincia donde -por estos casos- no hubo hasta el momento ninguna sentencia condenatoria. En tanto, la Asociación Civil La Casa del Encuentro reveló que en los primeros diez meses del año hubo 233 femicidios en la Argentina. La ONG releva los datos en todo el país a partir de publicaciones en los medios de comunicación y desde hace años viene llevando un registro -por mucho tiempo, el único- de los casos.

Para sumar a las estadísticas oficiales -cuya confección fue una de las demandas que motivó la marcha de junio-, en septiembre, se conocieron los resultados del registro único de casos de violencia contra la mujer en todo el país, a partir de las denuncias realizadas o los pedidos de alguna forma de asistencia por parte de la víctima o un allegado. De los más de 50 mil registros obtenidos en dos años y medio -hasta mediados de 2015- se tiene que casi la mitad de las denuncias refieren a mujeres de entre 30 y 49 años; las víctimas, en prácticamente el 50 % de los casos, no estaban ocupadas; casi el 94 % reportó la agresión por parte de la pareja, novio o ex pareja; más de la mitad convivía con el agresor; sufrieron formas combinadas de agresiones; la enorme mayoría de los agresores eran varones, y la cuarta parte de los casos registrados corresponde a una situación de violencia que lleva más de diez años.

Lejos de ser una problemática exclusiva de nuestro país, la violencia contra la mujer es una realidad lacerante en toda América Latina. Un informe publicado en El País, de España, recoge los datos difundidos por la Cepal en 2014 cuando más de 1.600 mujeres murieron en la región por su condición de género. ONU Mujeres advierte que a nivel global, una de cada tres mujeres adultas va a experimentar violencia física o sexual.

Mientras tanto, en nuestro país, como en otros del mundo, una ley (la 26.485) postula la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, lo que en su momento significó un notable avance en la materia. Sin embargo, su aplicación plena junto con la asignación de recursos económicos acordes forma parte del reclamo que las organizaciones sociales llevaron a las plazas en junio y, otra vez, el 25 de noviembre.

Es que más allá de los incipientes registros oficiales, de la habilitación de una línea gratuita para asistir a las víctimas, de la construcción de refugios específicos, de la concientización que se realiza en las escuelas, del nuevo enfoque con que se aborda esta temática en los medios de comunicación, hace falta un cambio muy profundo para comprender que el ejercicio de la violencia en cualquiera de sus formas es un delito y para actuar en consecuencia y sin demoras, y también para erradicar conceptos y conductas que insisten con asignar a las mujeres un rol distinto al que les corresponde, ni más ni menos que personas en igualdad de deberes pero también de derechos.

Según datos de la Cepal, la violencia contra la mujer es una realidad lacerante en toda América Latina.