editorial

Un mensaje nefasto para la sociedad

• Todo indica que el único procesado por la balacera contra la casa de Antonio Bonfatti recuperará pronto su libertad.

Cuando el 11 de octubre de 2013 un grupo de motociclistas encapuchados disparó una ráfaga de balas contra el domicilio particular del entonces gobernador Antonio Bonfatti, los narcocriminales traspasaron un límite hasta ese momento desconocido en Santa Fe y demostraron abiertamente que, en la lucha por territorio, poder y dinero, estaban dispuestos a todo. Incluso, a atentar contra la vida de la máxima autoridad provincial.

Fue, sin duda alguna, el hecho de mayor gravedad institucional ocurrido en la provincia de Santa Fe desde el retorno de la democracia. Por aquellos días, no sólo la vida de Bonfatti y de su familia estuvieron en riesgo, ya que otros funcionarios del Ejecutivo y del Poder Judicial también recibieron amenazas. Tanto es así que, desde entonces, fue imprescindible reforzar las medidas de custodia personal.

El mensaje para el ciudadano común resultó aterrador: ni siquiera las máximas autoridades provinciales estaban exentas de ser víctimas de la violencia desenfrenada. Estos grupos mafiosos, son capaces de hacer todo lo que esté a su alcance para imponer sus propias reglas del juego.

La Justicia investigó el caso y terminó procesando a Emanuel Sandoval como autor material del atentado a balazos contra la casa del gobernador, imputándole los delitos de amenazas agravadas por anonimato y uso de arma de fuego, abuso de armas y daño, en concurso real y en calidad de autor.

La hipótesis de los investigadores indica que narcotraficantes y policías corrompidos organizaron este atentado para generar una situación de gravedad institucional que provocara el desplazamiento del entonces jefe de la comisaría 10ª de Rosario, Roland Cuñé, porque éste se había convertido en un escollo que dificultaba el accionar de estos grupos mafiosos en la zona.

Sin embargo, en noviembre pasado se produjo un hecho que provocó sorpresa cuando Antonio Bonfatti anunció, a través de su abogado, que no impulsaría la acusación contra Sandoval por considerar que las pruebas en su contra eran endebles y podía terminar impune cuando el caso fuera llevado a juicio.

Ahora, cuando el año llega a su fin, se produjo otra noticia que no hace más que alimentar la sensación generalizada de impunidad: Emanuel Sandoval acaba de firmar un acuerdo por un juicio abreviado, lo que implica una condena de tres años y medio de prisión efectiva. Pero como ya lleva más de dos años preso, estaría en condiciones de salir de la cárcel en cuestión de semanas. Por el momento, habrá que aguardar para saber si efectivamente el acuerdo termina siendo homologado.

Si bien este mecanismo se encuadra en el plano legal, lo cierto es que el mensaje que la situación genera hacia el ciudadano común es devastador. La primera lectura es que la Justicia no fue capaz de reunir las pruebas suficientes y que, de esta manera, un hombre procesado por haber baleado la casa del gobernador estará rápidamente en libertad.

Entonces, si este ataque flagrante a la máxima autoridad política de la provincia Santa Fe termina quedando impune, difícilmente la sociedad pueda confiar en que la Justicia esté en condiciones de aclarar delitos con mayor grado de complejidad y sofisticación.

Así, la sensación de angustia y pesimismo resulta inevitable.

Difícilmente la sociedad pueda confiar en que la Justicia esté en condiciones de aclarar delitos con mayor grado de complejidad y sofisticación.