Decisión de la jueza Palmaghini

Citan a declarar a custodios de Nisman

Los policías Niz y Miño debían cuidar al fiscal el día en que fue hallado muerto. El mes próximo tienen cita con la jueza que tomó a su cargo el control de la causa.

De la redacción de El Litoral

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La jueza penal Fabiana Palmaghini citó a prestar declaración indagatoria a los dos policías que debían custodiar a Alberto Nisman el día en que fue hallado muerto en su departamento de las torres Le Parc, de Puerto Madero.

Según confirmaron fuentes judiciales, la magistrada indagará al suboficial Armando Niz y al sargento Luis Miño, acusados del presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por haber omitido ingresar a la vivienda de Nisman cuando el fiscal no respondía a los llamados.

Los dos policías fueron citados por la jueza para los días 12 y 19 de febrero, respectivamente.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del ex titular de la UFI-Amia, Niz y Miño fueron separados de sus cargos y pasados a disponibilidad preventiva. Además, fueron denunciados por el Ministerio de Seguridad, cuando María Cecilia Rodríguez estaba a cargo de esa cartera. El gobierno de Cristina Kirchner los acusó de no haber tenido contacto con el fiscal durante doce horas el día de su muerte.

La situación de ambos custodios había quedado comprometida por la declaración testimonial de una secretaria letrada de Nisman, Soledad Castro, quien describió cómo el día en que el ex titular de la UFI Amia apareció muerto insistentemente pidió sin éxito a los policías que derribaran la puerta del departamento. En el expediente está probado, además, que los custodios abandonaron el puesto de trabajo en las Torres Le Parc para ir a buscar a Sara Garfunkel, la madre de Nisman, quien tenía llaves para acceder al departamento, y volvieron a hacerlo para ir en procura de una agenda con una clave numérica para acceder vía ascensor a la entrada principal del departamento. La jueza Palmaghini entendió que existe un “estado de sospecha suficiente” para convocar a Niz y Miño -quienes declararon en la causa como testigos cuando la instrucción estaba a cargo de la fiscal Viviana Fein-, a brindar explicaciones en torno al presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Las querellas que representan a la madre y a las hijas de Nisman sostienen que el fiscal fue asesinado, que hubo para ello una “zona liberada” e involucran en esa secuencia a las conductas de los custodios del difunto fiscal. La jueza ordenó, además, a la Gendarmería Nacional, una revisión tecnológica del entrecruzamiento de llamados telefónicos que venía investigando la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal, y le reclamó al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, que le remita en el término de 48 horas documentación que le reclamó hace un mes sobre distintos aspectos de la pesquisa.

Designación

En tanto, el Poder Ejecutivo oficializó la designación de Mario Cimadevilla al frente de la Unidad de Investigación del atentado a la sede de la Amia, que actuará bajo el área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, según publicó hoy el Boletín Oficial.

El decreto 108/2016 establece, entre otras funciones del organismo, la de “intervenir como parte querellante en las causas judiciales por encubrimiento al atentado a la sede de la Amia, coordinando su accionar con el de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia”, a cargo de Laura Alonso.

El artículo 2 habilita a la unidad a monitorear el avance de la totalidad de la causas vinculadas con el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, proponer al ministro de Justicia los proyectos normativos para cumplir con los compromisos del Estado Nacional con relación al ataque terrorista y establecer espacios de diálogo con las entidades de la comunidad judía. También se encargará de recibir denuncias, informes y pruebas sobre los hechos materia de investigación, debiendo remitirlos en forma inmediata al Ministerio Público Fiscal si resultasen relevantes, de actuar como “auxiliar de la Unidad Fiscal de la Procuración General de la Nación” y de “emitir informes periódicos sobre el estado de las investigaciones”.