editorial

Las pruebas del narcoestado

• Nuevas evidencias avalan la certeza de que el Estado argentino está infiltrado por el narcotráfico.

El ex viceministro de Seguridad de la Nación -y actual senador bonaerense-, Sergio Berni, acaba de afirmar que, antes de dejar el cargo, aportó “información importante” con respecto al paradero del prófugo Esteban Ibar Pérez Corradi, considerado el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez.

Frente a estas declaraciones, lo que a estas alturas de las circunstancias no se entiende es por qué motivo Berni no tomó las medidas necesarias para detener a este hombre que no sólo es buscado desde hace años por la Justicia argentina, sino que también pesa sobre él un pedido de captura internacional desde los Estados Unidos.

La ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, quien impulsó las denuncias en la causa conocida como “Mafia de los medicamentos”, adelantó que en las próximas horas denunciará penalmente a Sergio Berni. Es que, según Ocaña, él conocía desde hacía meses esta información relacionada con el paradero de Pérez Corradi, pero no hizo nada para detenerlo.

Incluso, afirmó que esos datos también estaban en poder de un fiscal federal, de la procuradora general -Alejandra Gils Carbó- y de la Agencia Federal de Inteligencia, por entonces comandada por el ultrakirchnerista Oscar Parrilli.

Durante estos años, cada vez que la Justicia estuvo a punto de detener a Ibar Pérez Corradi, el prófugo fue advertido para que pudiera escabullirse.

Pero no son éstos los únicos factores que abonan la hipótesis de que los principales protagonistas del flagrante tráfico ilegal de efedrina en la Argentina contaron con protección política. En primer lugar, habrá que recordar que el ex titular del Sedronar, José Granero, se encuentra procesado por esta causa y que el kirchnerismo nunca pudo explicar con claridad cómo fue posible que parte de ese dinero terminara financiando la campaña política de Cristina Fernández en 2007.

Además, la jueza federal María Servini de Cubría detectó numerosas llamadas telefónicas de los principales involucrados en esta causa hacia despachos de la Casa Rosada.

Sin embargo, cuando la magistrada solicitó a la empresa Movistar el listado detallado de estas comunicaciones, se encontró con una sorpresa: nadie podía explicar por qué razón habían desaparecido dos llamadas entre el empresario Augusto Abraham, de Farmacéuticos Argentinos (Fasa), uno de los mayores importadores de efedrina; y el secretario de Granero, Miguel Zacarías, hermano de Luis Zacarías, un secretario privado de Cristina Kirchner.

De todos modos, los registros aportados por Movistar del celular de Zacarías a partir de octubre de 2007 permitieron detectar cientos de llamados a la Casa Rosada y al Pami. La mayoría, en fechas coincidentes con los días en que se aprobaron cargamentos de 500 ó 1.000 kilos de efedrina. Según Ocaña, se trató de un negocio ilegal que movió alrededor de 500 millones de dólares en apenas dos años.

Desentrañar la evidente madeja de complicidades entre el narcotráfico y el poder político que gobernó el país durante los últimos años no será tarea sencilla. Sin embargo, todo indica que existe abundante evidencia sobre cómo el dinero narco logró infiltrarse en el Estado argentino.

Sobre la Justicia y el nuevo gobierno recae el peso de una responsabilidad crucial: saber qué pasó, detectar a los responsables y hacer que éstos paguen sus culpas. Sólo así será factible mantener la ilusión de un país distinto.

La jueza federal María Servini de Cubría detectó numerosas llamadas telefónicas de los principales involucrados en esta causa hacia despachos de la Casa Rosada.