Sugerencia de texto alternativo a varios artículos

El Poder Ejecutivo vetó el régimen de economía social

Se repitió lo ocurrido en 2014 aunque con argumentos diferentes. La Legislatura sancionó la ley sobre fines de noviembre y la Casa Gris la vetó sobre el filo del plazo reglamentario.

Mario Cáffaro

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Con el veto a nueve artículos y propuestas de textos alternativos a siete de ellos, el actual Poder Ejecutivo observó parcialmente la ley que pretende crear un Instituto para la promoción y fomento de la economía social y solidaria dentro del Ministerio de Desarrollo Social.

La saga, si bien es parecida a la que se había visto sobre fines de 2014, cuando la Legislatura había sancionado una norma similar y el entonces gobernador Antonio Bonfatti la observó y propuso una redacción alternativa a otros artículos, tiene algunos otros condimentos políticos e institucionales.

Tras el veto de Bonfatti, en Diputados, cámara de origen, aceptaron ese texto que no alcanzó a concretarse por falta de tratamiento en el Senado. Entonces, la Cámara Joven inició el camino de la sanción de la ley en base a ese mix entre iniciativa propia y postura del Ejecutivo y el Senado, con fuerte respaldo de organizaciones del sector, lo sancionó sobre fines de noviembre pasado. Ahora es Miguel Lifschitz quien se encargó de observar parcialmente la ley y proponer un texto alternativo a algunos de esos artículos. Cabe aclarar que en la sesión donde el Senado sancionó la norma, el hoy gobernador y entonces representante del departamento Rosario, no estuvo en el recinto.

La ley define a la economía social y solidaria “como el sistema socioeconómico, político, cultural y ambiental, caracterizado por las prácticas solidarias, asociativas y cooperativas, la participación democrática en la toma de decisiones, la distribución equitativa de los beneficios obtenidos por el trabajo colectivo, la autonomía de la gestión, la primacía del ser humano y del fin social sobre el capital, la equidad social y de género, el respeto a la naturaleza, la diversidad cultural y el desarrollo local, en el cual personas físicas o jurídicas de manera vinculada, buscan la satisfacción de sus necesidades y la de sus comunidades y el desarrollo integral del ser humano y la democratización y no concentración de la economía, a partir de la producción de bienes y servicios, su distribución, circulación, comercialización, financiamiento, y consumo digno y responsable”.

La observación central del Ejecutivo es a la creación del Instituto Provincial de la Economía Social y Solidaria en el ámbito del ministerio de Desarrollo Social. Además preveía órgano ejecutivo, consejo provincial y mesas de diálogos regionales. La decisión -dice en los considerandos - “comportando a todas luces una concreta imposición a otro órgano del Estado que se traduce en una verdadera intromisión en su esfera de competencias constitucionales”.

En cambio, el Ejecutivo propone conformar un consejo provincial y mesas regionales para articular el diálogo político entre el Ejecutivo y ese sector económico. Aclara que esos órganos serán de “naturaleza eminentemente consultiva, enmarcadas en funciones de asesoramiento y colaboración, sin que su parecer devenga vinculante u obligatorio, limitándose a emitir en su caso opiniones técnicas y valoraciones, las que, en su caso, serán evaluadas con carácter previo a la eventual toma de decisiones”.

Cuestión de competencias

En el texto alternativo propuesto desde el Ejecutivo además se dispone que la autoridad de aplicación será el Ministerio de la Producción. La reforma ministerial votada antes de la asunción de Lifschitz pasó a esa cartera la competencia en esa materia e incluso hoy el organigrama contiene una Secretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social cuyo titular es Mauro Casella, y una subsecretaría de Economía Social y Solidaria a cargo de Alfredo Cecchi.

Precisamente Casella destacó que la nueva ley ministerial unificó la temática y el presupuesto en la cartera productiva cuando hasta diciembre estaba distribuida en esa cartera, Desarrollo Social e incluso en Trabajo.

Las organizaciones pretendían tener un Instituto con cierta dependencia de las políticas del Ejecutivo mientras que éste sostiene organismos de participación y consulta, así como algunas otras ventajas previstas en la Legislatura como excenciones impositivas, registros e incluso formar parte de la red de proveedores del Estado con prioridad a la hora de comprar o contratar servicios.

 

El dato

Vencimiento

En el Boletín Oficial de la provincia, mediante una fe de erratas, el Poder Ejecutivo aclara que el vencimiento del plazo para tratar el veto con texto alternativo a la ley de economía social y solidaria vencerá el 31 de mayo de 2016.

El decreto 218 del 20 de diciembre fue la que aplicó la enmienda a la ley 13.516 y el veto no fue habilitado, hasta el momento, para el tratamiento en el presente período de sesiones Extraordinarias.

Defensor: advertencia de López Molina

El diputado provincial Roy López Molina (Unión PRO) opinó sobre la posibilidad que el ex ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, estuviera a cargo de la Defensoría del Pueblo. “Es un organismo que debe ser prestigiado con el único fin de beneficiar a la población y no un mero acto de amparo político”, advirtió.

“Como representantes del gobierno a nivel nacional tenemos la responsabilidad de defender a la provincia como se debe y no podemos permitir que un ex ministro de Seguridad como lo fue Raúl Lamberto quede a cargo de un lugar, como lo es la Defensoría en una elección por compromisos políticos”, añadió.

Ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo postule al ex ministro para el cargo vacante, el legislador instó a “demostrar que se terminó la etapa de designación de cargos por favores políticos”.

Por último señaló que “en el momento que Lamberto fue ministro de Seguridad tuvo la oportunidad de proteger a los santafesinos ante la problemática real de la inseguridad, pero a la vista quedó que su cumplimiento no fue efectivo”.