Renuncias, escisiones y el fantasma del juicio político

Dilma Rousseff enfrenta uno de sus momentos más difíciles

• Sólo tres minutos duró la reunión del Directorio Nacional en la que el Partido del Movimiento Democrático, principal socio hasta hoy del Gobierno del Partido de los Trabajadores confirmó su alejamiento de la colisión oficialista. Ahora Dilma comienza a organizar su nuevo gabinete.

EFE

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, inicia hoy las negociaciones para una reforma de su gabinete, forzada por la ruptura anunciada hoy por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), según informaron fuentes oficiales.

“Vamos a conversar con otros partidos de la base” oficialista, dijo a periodistas el jefe de Gabinete de Rousseff, Jaques Wagner, quien no quiso valorar la decisión del PMDB, la formación más importante del país y que lidera el vicepresidente Michel Temer.

El PMDB ocupaba siete de los 31 ministerios que tiene el Gobierno de Rousseff, pero el titular de Turismo, Henrique Alves, se anticipó este lunes a la decisión de su partido y presentó su renuncia.

Todavía quedan en manos de dirigentes del PMDB las carteras de Minas y Energía, Salud, Agricultura, Puertos, Aviación Civil y Ciencia y Tecnología, cuyos titulares aún no aclararon si dejarán el Gobierno.

Según decidió ayer la dirección nacional del PMDB, todos los afiliados a esa formación deberán abandonar sus puestos en el Gobierno, lo que además de los ministros afecta a cerca de 200 altos funcionarios de empresas y otros organismos públicos.

Wagner dijo que el Gobierno espera concluir las negociaciones que se abren ahora con relación a esos cargos para el próximo viernes e insistió en que la crisis política responde a los intentos de la oposición por someter a Rousseff a un juicio político “sin que haya argumentos jurídicos”.

El jefe de Gabinete también insistió en que el cargo de ministro de la Presidencia no está vacante, ya que Rousseff designó para ese puesto a su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva, aunque su nombramiento está suspendido por decisión judicial.

“Estamos aguardando la decisión” de la Corte Suprema, que se prevé que mañana se pronuncie sobre la situación de Lula, cuyo nombramiento fue suspendido por la sospecha de que obedeció a una supuesta intención de “blindarlo” con fueros privilegiados frente a los procesos en que se le investiga por supuesta corrupción.

“Ese puesto está decidido. Pero si el Supremo dice que no puede asumir, entonces es un cargo que será negociado”, indicó Wagner.

El jefe de Gabinete tampoco quiso opinar sobre la situación en que queda el vicepresidente Temer, después de la rupura de su partido con el Gobierno.

“El vicepresidente fue elegido y el cargo es suyo. Es él quien tiene que evaluar su situación”, pero “la relación política está bloqueada”, declaró.

Las disculpas del juez

• Por su parte, el juez federal Sergio Moro, responsable del grueso del caso de corrupción en Petrobras, se disculpó ante el Tribunal Supremo por haber divulgado las grabaciones de conversaciones de Rousseff y Lula.

En un escrito enviado al Tribunal Supremo, corte que le investiga por supuestas irregularidades en la divulgación de los audios, Moro admitió que se equivocó al hacerlo, aunque negó haber obrado con motivaciones “políticas”.

El magistrado del Tribunal Federal de Curitiba justificó en el escrito que las polémicas grabaciones “pueden eventualmente‘ contener indicios de ‘obstrucción a la Justicia o tentativas de obstrucción a la Justicia”.

En la polémica grabación, Rousseff informa a Lula que le envía el acta de nombramiento para que la use en caso de “necesidad”, algo que la oposición y hasta un juez del Supremo interpretaron como un intento de proteger a Lula de un posible arresto, al ofrecerle un cargo con fuero privilegiado.

La situación de Lula

• Mientras tanto, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado por la Fiscalía de Sao Paulo de lavado de dinero y falsificación, atribuyó todas las denuncias en su contra a un “complot” montado por agentes del Estado y medios de comunicación para perjudicarlo como líder político.

El exmandatario aseguró en un extenso comunicado que, pese a las denuncias y noticias que lo acusan de diferentes irregularidades y que lo vinculan al escándalo de corrupción en Petrobras, hasta ahora ningún juez ha abierto un proceso en su contra ni es reo en ninguna causa.

El comunicado fue difundido en momentos en que el exjefe de Estado espera que el Tribunal Superior se pronuncie sobre la validez de una cautelar que suspendió su nombramiento como ministro de la Presidencia de su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff.

El magistrado de la Corte Suprema que suspendió la designación, Gilmar Mendes, alegó que la presidenta le ofreció a Lula el cargo para blindarlo con fuero privilegiado de las investigaciones de la que es blanco.

“No existe ningún acto o decisión judicial pendiente de cumplimiento que pueda ser frustrada por el hecho de que Lula asuma el cargo de ministro”, según la nota publicada por el Instituto Lula, que aclara que el expresidente “ni pidió ni necesita del fuero privilegiado”.

De acuerdo con el Instituto, las denuncias son parte de un complot para impedir que el exmandatario, en su condición de líder político, ayude al Gobierno en momentos en que Rousseff enfrenta un posible juicio político con fines destituyentes.

“El resultado de ese complot de agentes del Estado (fiscales, policías y jueces) y medios de comunicación es la mayor operación de propaganda opresiva que ya se hizo contra un hombre público en Brasil”, según la nota.

Para el Instituto Lula, el objetivo de ese “complot” es “incitar odio contra el mayor líder político del país en un momento en que Brasil necesita de paz, diálogo y estabilidad política”.

De acuerdo con el exjefe de Estado, desde que fue sucedido por Rousseff, un “ejército” de periodistas, policías y fiscales se ha dedicado a buscar un crimen del que poder acusarlo para alejarlo del proceso político. Agregó que esa búsqueda pasó a ser “frenética” desde que, a mediados del año pasado, “quedó claro” que la investigación del escándalo en Petrobras no lo salpicaría.

El exmandatario alega que, pese a la falta de acusaciones concretas y de nunca haberse negado a declarar ante la justicia, sus derechos fueron violados cuando a principio de mes fue conducido a la fuerza por la Policía a una comisaría para un nuevo interrogatorio, cuando un juez levantó su sigilo telefónico y cuando el mismo juez divulgó “ilegalmente” las grabaciones de sus conversaciones.