El mega-allanamiento en Santa Cruz
Son más de 150 las propiedades de Báez
Hay una fortuna en inmuebles a nombre del empresario amigo de Néstor Kirchner, que alguna vez trabajó como cajero de un banco. De la ruta del dinero K comenzó a hablarse en 2013.
En la enorme estepa. El fiscal Guillermo Marijuan (de campera celeste) se saca la duda y hace excavar un posible lugar donde podrían haberse enterrado dólares. La búsqueda sigue.
Foto: Telam
De la redacción de El Litoral
El fiscal federal Guillermo Marijuan advirtió hoy que en los allanamientos que desde hace dos días realiza en Santa Cruz se hallaron más de 150 inmuebles registrados a nombre de Lázaro Báez y sus allegados.
Respecto del origen del dinero con el que se compraron esos bienes “puede -dijo- ser el sobreprecio de la obra pública”. De todas maneras, aclaró que la causa que investiga es por lavado de dinero, y sostuvo que son otros magistrados los que tienen a su cargo los casos relacionados con el dinero público.
“Tenemos un informe del registro de la propiedad de inmuebles de Santa Cruz que habla de una cantidad cercana a esa (150), propiedad de los imputados y de las empresas vinculadas a ellos”, expresó.
“Las sumas que se ha canalizado de dinero es enorme”, sostuvo y adelantó que se labrarán informes al respecto.
El funcionario del Ministerio Público confirmó también el secuestro de un bolso con dinero de la casa de una hija de Báez “porque estaba lleno de tierra, y tenía en su interior las cintas con las que se arman los fajos de dinero”.
“La empresa cabeza de este grupo es Austral Construcciones. Es posible que luego de poner en las facturas cifras falsas para cubrir esos sobreprecios, se hayan encontrado con millones de pesos en su poder, que utilizaron para realizar maniobras de lavado, como llevar dinero al exterior, comprar inmuebles en cantidad, o construir cascos de estancias, muy costosos y llamativos”, detalló.
De todas maneras, aclaró que la investigación de esos delitos está en manos de otros jueces, aunque resaltó que “todos los aspectos deben profundizarse”.
La causa por lavado de dinero (popularmente conocida como la ruta del dinero K) alimentará con el mega-allanamiento en Santa Cruz, otras causas judiciales en marcha, a cargo de otros jueces y fiscales.
Dudas sobre el mausoleo
La Municipalidad de Río Gallegos y oficinas de la empresa Austral Construcciones del detenido empresario Lázaro Báez fueron allanadas ayer en busca de documentación en la causa que investiga el financiamiento y funcionamiento del mausoleo donde están los restos del ex presidente Néstor Kirchner, un obsequio de Báez a la memoria de su amigo.
Mientras el fiscal Guillermo Marijuan realizaba diligencias en busca de activos de la familia Báez o de otros imputados en la causa por lavado, el juez Sergio Torres encomendó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizar procedimientos en la Municipalidad de Río Gallegos y en dos oficinas de Austral por el caso del mausoleo.
La causa investiga el financiamiento de la construcción y el mantenimiento del mausoleo donde están los restos de Kirchner, y el juez Torres ya había dispuesto allanamientos el 15 de abril último en la Secretaría Legal y Técnica y en la Dirección General de Administración de Santa Cruz, situadas en un edificio ubicado frente a la Casa de Gobierno provincial.
Sorprende en Uruguay el repentino apuro de los jueces argentinos
La diputada uruguaya Graciela Bianchi, que integra la comisión de lavado de activos del Parlamento oriental, dijo que está “todo listo” para allanar el campo El Entrevero, que ayer fue embargado por la Justicia del país hermano.
Las 150 hectáreas entre José Ignacio y Punta del Este, valuadas en 16,5 millones de dólares tienen 8 contenedores, ubicados bajo una arboleda. Bianchi dijo que habrá “una inspección ocular” y aventuró: “Esto es la punta del iceberg, no sé si la familia Báez tiene más propiedades en Uruguay, pero hay que seguir investigando”.
Bianchi agregó, entrevistada por el Canal 26, que Lázaro Báez participó en dos ventas en Uruguay y señaló que “probablemente se haya pagado un sobreprecio”, al comentar el valor del predio. La diputada recordó que la investigación en la Justicia de su país surgió hace tres años en su país, pero cuando el kirchnerismo estaba en el poder la Justicia argentina “no contestaba los exhortos”. “Ahora con el cambio de gobierno lo empezaron a hacer”, contrastó.
“Por eso se pudo empezar a actuar ahora, se pidió el allanamiento y el predio está en este momento en custodia. Yo me trasladaré hacia allá mañana”, indicó.
Obras por $150 millones subían a $ 3 mil millones
El administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, dijo que al Grupo Austral Construcciones -del empresario K Lázaro Báez- el Estado Nacional le pagaba “por adelantado”.
El titular de la DNV denunció penalmente a sus predecesores kirchneristas
Nelson Periotti, y al ex subadministrador general Carlos Alonso por “la presunta comisión de varios delitos con el manejo de dinero de la obra pública”.
Dijo que las obras para Báez se licitaban pero con “un enorme sobreprecio y estaban digitadas” desde el Ministerio de Planificación que comandaba Julio De Vido.
“Se iniciaba una obra por un monto de 150 millones y, después, se iban agregando cosas y se hacían a un sobreprecio enorme: obras que empezaban con 150, 200 millones de pesos terminaban costando 3 mil millones”, enfatizó Iguacel.
El funcionario macrista dijo haber encontrado “una maquinaria” para favorecer a Báez, que sistemáticamente “cobraba primero e incluso por adelantado”.
La denuncia judicial también alcanza a Mauricio Collareda y Miguel Salazar, ex funcionarios de Vialidad en Santa Cruz: el gobierno nacional pidió que se investigue la eventual comisión de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y defraudación contra la administración pública.
El sorteo determinó que la causa quedara radicada en el Juzgado a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.
Casanello y las estancias
El juez federal Sebastián Casanello dijo al cierre de esta edición, en Rosario, que es “una causa gigante, muy enorme” la que sustancia por lavado de dinero e involucra al empresario Lázaro Báez, en diálogo con Télam.
“Se trata de ir cerrando hechos con pruebas para ir llevándola al juicio oral”, al tiempo que apuntó que “aún no hay un tiempo estimado al respecto”.
En esa línea el juez, que arribó hoy a la ciudad del sur para participar como panelista en el IV Congreso organizado por la Red Nacional Antimafia, no descartó nuevas detenciones en la causa.
“Aquí no podemos descartar nada, pero hasta hoy el fiscal no ha pedido nuevas detenciones”, señaló.
Consultado sobre si en la causa se investiga, además de la compra de las estancias, si Báez buscaba percibir un canon del Estado nacional por la obra de las futuras represas sobre el río Santa Cruz, el juez precisó que “nosotros investigamos lavado de dinero, pero tengo entendido que al respecto hay una denuncia presentada en el Juzgado número 8 en el año 2010”.
La mayoría de las estancias compradas por Báez están cercanas al río Santa Cruz, donde el Estado nacional proyecta la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic.
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