Ayuda social

La devolución del IVA tiene despacho de los diputados

La Cámara Baja introdujo cambios al proyecto remitido por Macri para ayudar a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo sobre sus compras de productos básicos.

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Luciano Laspina, el santafesino PRO que preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. Foto: Archivo El Litoral

 

De la redacción de El Litoral

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DyN

La alianza oficialista Cambiemos, con la ayuda del massismo y el Frente Amplio Progresista, logró en Diputados sacar dictamen de comisión a favor del proyecto impulsado por el Ejecutivo que crea el régimen de devolución del IVA para los jubilados que cobran la mínima y los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones sociales, que tendrá vigencia hasta diciembre de 2017.

Según los principales cambios realizados al proyecto enviado por el Ejecutivo, se estableció que además de la tarjeta de débito que se otorga a los jubilados y titulares de los planes sociales también se agregan “otras tarjetas o algún otro medio de pago electrónico habilitado por Afip”.

Se insta a los organismos a avanzar en “una ampliación de la tecnología que hoy existe para el pago electrónico”. El tope mínimo de devolución de 300 pesos por persona “se va a ir ajustando según las variaciones de la canasta básica de alimentos según el Indec”.

En este contexto, el macrista Luciano Laspina, titular de la Comisión de Presupuesto precisó que la primera actualización se aplicará en enero y se va a hacer considerando el ajuste semestral en función de la variación de la canasta básica.

En lo que tiene que ver con los sectores excluidos, se resolvió elevar de una a 2,5 jubilaciones mínimas como límite para recibir el beneficio y se incorporan al sistema los planes sociales subnacionales que en la propuesta enviada por el Ejecutivo quedaban afuera.

Se incluye además, en el sistema de reintegro, a los comercios monotributistas con el agregado de que obliga al Poder Ejecutivo a “facilitar las tecnologías para el uso de pago electrónico” como así también “morigerar los costos” para la instalación del postnet con la posibilidad de darle “gratuidad por doce meses”.

Además se incorporó un artículo que insta a las Anses y a la Afip a realizar una campaña para concientizar sobre el uso de pago electrónico y cómo incentivar a los comercios a incorporar estos medios de pago eficiente.

Se agregó por último un artículo que establece que los jubilados que cobran la mínima reciban “algo relativamente rápido” del reintegro de ese tope de 300 pesos “sin alejarse del espíritu de la ley”.

En este punto se acordó que a los jubilados se les otorgue un incentivo de 150 pesos por las dos primeras compras con tarjeta de débito, mientras que en el segundo mes recibirán 75 pesos por las primeras cuatro compras y en el tercer mes se garantizarán 50 pesos por las primeras seis compras.

Emergencia postergada

  • El oficialista frente Cambiemos impulsaba hoy en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo para tratar el proyecto de emergencia laboral, pero casi una semana después de su aprobación en el Senado, Gabriela Michetti no remitió al texto a la Cámara Baja.

El oficialismo decidió postergar la sesión que tenía previsto convocar mañana, en la que se iba a tratar el proyecto del Ejecutivo de Acceso a la Información, justamente ante la necesidad de evitar que se mezcle en el debate el proyecto antidespidos y por el cual se mantiene en pie una sesión especial solicitada para mañana por el Frente para la Victoria. El kirchnerismo no tiene, sin embargo, dos tercios de los votos para tratar el proyecto sin el despacho previo de comisiones.

El jefe del Frente Renovador Sergio Massa, decidió bajarse de la sesión especial. Si el Frente para la Victoria reúne aún así el quórum, el oficialismo bajará para no regalarle los dos tercios y posponer así el tratamiento.

Graciela Camaño respondió a la ofensiva del presidente Mauricio Macri, quien invitó al massismo a no participar en la sesión especial. Avisó que el kirchnerismo “no va a llevarnos a los sopapos al recinto para votar algo, que tampoco sirve si no le incorporamos una parte en la que tratemos el tema de las pymes”.

20 mil

millones de pesos

es el costo fiscal del programa según estimaciones oficiales.