editorial

El empleo y la hipocresía

• No hay razones para pensar que una ley que duplique el costo de las indemnizaciones protegerá más al trabajador.

La Argentina en crisis amenaza tanto la viabilidad de las empresas como la estabilidad del empleo y la capacidad de consumo de quien posee ocupación, que según su nivel ubicará a la persona -a su grupo familiar- en niveles de mayor o menor calidad de vida, en situación de pobreza o incluso de indigencia.

¿Cuál es el bien que se debe preservar en esta situación? El presidente Mauricio Macri ha puesto la prioridad en generar más trabajo; la oposición y el sindicalismo sostienen que hace falta blindar el empleo existente; los empresarios Pymes piden protecciones especiales, en tanto que los grandes actores de la economía advierten que la inestabilidad de las reglas demoran o inhiben las inversiones.

¿Por dónde empezar? Una mirada a uno de los picos más agudos de la crisis laboral pone a la obra pública en el centro de la escena. Es cierto que el gobierno de Cristina Fernández dejó de pagar contratos en su fin de ciclo, que derivaron en la pérdida de puestos en la actualidad. No menos cierto es que los equipos de Mauricio Macri demoran una salida rápida y eficaz a las aberraciones contractuales que impiden un primer paso necesario para comenzar a salir del difícil momento.

En el segmento del empleo privado, los datos del sistema de aportes sobre el trabajo formal indican una línea de recuperación apenas perceptible, lo que arroja un indicador más cercano al estancamiento que al crecimiento. No hay razones para pensar que una ley que duplique el costo de las indemnizaciones protegerá más al trabajador. No es la prohibición, sino la promoción, lo que genera más actividad económica.

De la misma manera resulta en una falacia lógica el argumento de que los empresarios invertirán menos si se encarece el costo para despedir gente. Por la obvia razón de que nadie invierte para dejar trabajadores en la calle sino para ganar dinero, y para eso necesitará bienes de capital y mano de obra. El verdadero costo laboral que mide el inversor con reales intenciones de producir es otro.

La pelea entre oficialistas y opositores en el Congreso es menos por la economía y el trabajo que por el crédito que una medida puede generar en términos de imagen de poder. Alguien que busca o tiene trabajo no quiere perderlo aunque le paguen el doble; y si no lo consigue tampoco será cierto que sea por el eventual doble costo indemnizatorio sino porque no hay una gestión capaz de promover legítimas inversiones.

En el caso de los gremialistas, muchos de ellos son menos representantes sindicales que “exitosos” empresarios al amparo de contratos con el poder de turno: prestan servicios públicos y cobran de las arcas estatales con costos menos concebidos para el bienestar general que en el beneficio particular.

Defender un partido o un sector es legítimo e indispensable, pero superponer con hipocresías una posición particular, muchas veces teñida de corrupción, es un camino sin retorno. La tentación populista -tradición en unos y recurso propagandístico en otros- es uno de los males culturales que se deben superar. Sin ese paso previo, no hay discusión sobre un Estado más o menos liberal, más o menos protector, que sirva para crear empleo y sacar al país adelante.

La pelea entre oficialistas y opositores en el Congreso es menos por la economía y el trabajo que por el crédito que una medida puede generar en términos de imagen de poder.