editorial

  • Privados o públicos, los sistemas previsionales son saqueados por gobernantes que cubren sus déficit recurrentes. El proyecto de Macri plantea una nueva oportunidad; el desafío reclama abandonar demagogias.

Las jubilaciones se financian con madurez política

Durante la presidencia justicialista de Carlos Menem, a nombre del legítimo interés de los jubilados, Domingo Cavallo propuso las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones para que los gobiernos de turno no se roben la recaudación previsional con el objeto de financiar sus déficit. El mismo ministro -en la gestión del radical Fernando de la Rúa- obligó a las AFJP a comprar títulos del gobierno de la Alianza para financiar el rojo fiscal nacional.

También a nombre de los jubilados -a instancias de Amado Boudou- el gobierno justicialista de Cristina Fernández de Kirchner estatizó el sistema previsional de capitalización para volver a un sistema de reparto, en sintonía con la declamada justicia social. La ex presidente se negó a pagar el 82 % móvil y obligó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad -que habían acumulado los “privados”- a comprar bonos del Tesoro nacional para financiar, una vez más, el déficit presidencial de turno.

Una compleja trama de impuestos y aportes agobian la actividad económica empresaria que debería liberarse para generar más trabajo formal y aportes al sistema. La ineficacia se reitera en una cultura política que privilegia el camino fácil y la promesa demagógica antes que plantear una verdad dolorosa: los aportes no alcanzan para saldar la cuenta prometida.

Mauricio Macri ha abierto una nueva instancia que en principio plantea pagar las sentencias acumuladas y busca impedir la reproducción de la industria del juicio. Tiene la oportunidad de financiar el primer tramo de esa promesa con un impuesto al blanqueo y lo que tiene disponible en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero sabe, el presidente, que con el correr del tiempo la ecuación debe ser sustentable.

Un capítulo no muy revelado de la iniciativa oficialista propone poner en estudio cómo se va a financiar en el mediano y largo plazo el sistema previsional. Eso suponiendo que el país entre en un tiempo virtuoso en el que no deteriore su propia moneda a nombre del atajo fácil de imprimir billetes para comprar felicidad instantánea en la antesala de una elección cualquiera.

Están en escena, por ejemplo, los recursos de la coparticipación federal, los jubilados de las provincias que transfirieron sus cajas -quebradas por abusos- al gobierno nacional y los derechos de provincias como la de Santa Fe, que soportó ilegales recortes a sus cuotas federales mientras afrontaba su propio rojo previsional.

Es legítimo procurar el crédito de iniciativas políticas eficaces o imponer la discusión de diferencias en el marco institucional. El Congreso nacional, con mayoría opositora, deberá afrontar esta nueva iniciativa presidencial sin perder de vista el bien a procurar: un país capaz de contener a sus jubilados si hicieron aportes, y a sus mayores si no tuvieron oportunidad de hacerlo, de la mejor manera posible pero sin forzar las capacidades reales del sistema.

Un capítulo no muy revelado de la iniciativa oficialista propone poner en estudio cómo se va a financiar en el mediano y largo plazo el sistema previsional.