Bicentenario de la Independencia Nacional (11)

El costo de la guerra de independencia

Por Ana María Cecchini de Dallo

Entre 1810 y 1816, los primeros seis años de la ruptura del nexo político con España, el movimiento comercial en el Río de la Plata se vio muy afectado por la interrupción de circuitos, como ocurrió con el Perú. Hubo una variable que registró incrementos, la del ingreso de manufacturas inglesas, acompañada por el asentamiento de comerciantes británicos en la ciudad de Buenos Aires. Definitivamente desaparecidas las restricciones españolas, el puerto creció sin limitaciones, y de igual modo los ingresos de su aduana.

Los ganaderos bonaerenses fueron favorecidos con el intercambio comercial inglés, ya que su producción de carnes saladas era un bien de intercambio, por servir como alimento a los esclavos.

Una medida -relativamente proteccionista-, que se aplicó en el inicio del proceso fue la prohibición de exportación de metales, la cual tuvo continuidad a través de los sucesivos gobiernos.

Las primeras campañas para asegurar la revolución, tanto al Paraguay como al Alto Perú y el sitio de Montevideo, implicaron armar ejércitos; para hacerlo se recurrió a los aportes voluntarios o coaccionados de los habitantes, así ocurrió con Belgrano cuando pasó por Santa Fe de camino al Paraguay, oportunidad en la que se le brindó ayuda de hombres, caballos, mulas y bovinos, al tiempo que se le donaron bienes suntuarios para pagar pertrechos. Con esas expediciones militares quedó endeudado el Estado.

El Congreso y el Directorio detrás de la recaudación de fondos

En 1816, para afrontar los gastos que demandaba la guerra de Independencia fue necesario incrementar los recursos de las provincias del Río de la Plata. En consecuencia, entre las diecisiete notas de materias que el Congreso se fijó como temario de tratamiento durante sus sesiones, hubo dos de singular importancia: el arreglo de las cuentas del Estado y el establecimiento de una Casa de Moneda en Córdoba. Ambas cuestiones eran fundamentales para sostener la campaña que preparaba el Gral. San Martín con el propósito de liberar Chile y Perú.

En 1816, la Aduana de Buenos Aires era la fuente de recursos por excelencia para afrontar la guerra. Como estos ingresos no eran suficientes, se tomaban créditos mediante letras de la tesorería -documentos contables que se entregaban como garantía del pago a futuro de los créditos- las que se conocen también como bonos. Además, circulaban pagarés con similares características. Letras y pagarés se transformaron en el papel moneda del momento, a tal punto que hasta en las tiendas eran aceptados para el pago de mercaderías.

El director Juan Martín de Pueyrredón reflejó la misma preocupación que el Congreso en una Memoria que llamó del Mejoramiento del Sistema de Rentas; Extinción de la mayor parte de la deuda interna, sin contraer deuda externa, y Alivio impositivo; la cual, entre otras cuestiones, pretendía que quedara claro para los habitantes el estado desastroso en el que estaba el país a la fecha de su designación y el modo en que lo ordenó.

Pueyrredón fue acusado por sus contemporáneos de malversación de las cuentas del Estado, sin embargo para el historiador Horacio Cuccorese, quien ha trabajado con su archivo: la espontaneidad, serenidad, franqueza y llaneza de Pueyrredón convencen de su honestidad. Hasta el momento no se ha encontrado pruebas para dudar de su sinceridad y rectitud de procederes.

Labor del Congreso en la cuestión de la renta pública

Los diputados se abocaron a establecer un Plan de Arbitrios (impuestos), en él se proponía una contribución patriótica de 2 reales por mes a cada uno de los habitantes, pero no pudieron estimar con precisión la recaudación que se obtendría porque se desconocía el número real de habitantes de las Provincias Unidas.

Hubo discrepancias para su aplicación. Fray Justo Santa María de Oro solicitó que el tema de la contribución de los eclesiásticos fuera analizada por los religiosos; y Tomás Godoy Cruz planteó que el impuesto no fuera aplicado en Cuyo, habida cuenta de que sus habitantes estaban sufriendo continuos gravámenes para formar el Ejército de los Andes. La convicción general era que los sacrificios debían ser proporcionales a los peligros latentes; y también que, al igual que Cuyo, las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Salta eran las que habían cargado ya con el peso de gravámenes para la guerra.

Algunas de las medidas adoptadas consistieron en rescindir todas las ventas de fincas fiscales hechas durante el período de la revolución, puesto que se habían lesionado los intereses del Estado; vender los bienes de temporalidades (bienes de los jesuitas expulsados) en pública subasta; y considerar que Salta y Cuyo no estaban en condiciones de contribución.

Los congresales consideraron que recurrir al sistema de empréstitos forzosos era conveniente, pero era una opción que debía reservarse para solucionar una situación extrema.

Pensaban también que los arbitrios debían preverse para ser recaudados antes de que sobreviniera la guerra marítima, ya que estaban convencidos de que el puerto sería bloqueado, y sin comercio no habría recaudación. También sostuvieron que para triunfar en la guerra era fundamental conservar la unión nacional, evitando las rencillas domésticas. Sin embargo, no aceptaron conceder al Litoral sus demandas.

Otra medida de trascendencia, que apuntó también a mejorar las finanzas del Estado, fue la creación de la Caja de Fondos, con la que se buscaba incrementar esos recursos, ya que todos los caudales que reuniera estarían destinados a cubrir las urgencias de aquél.

La Comisión del Congreso que analizó su creación sostuvo que era urgente aprobarla. También La Gazeta se manifestó favorablemente sobre la conveniencia de que existiera y sirviera para impedir que, ante la necesidad, el Estado recurriera a modos más violentos de obtener recursos de la población.

Si bien se trató de una acción fundamental, no es posible concluir que la finalidad del establecimiento de la Caja de Fondos fuera la de sentar las bases de un inicial sistema bancario. Se la concibió sólo como un medio, entre tantos, para obtener fondos durante ese período de economía de guerra.

En cuanto a la propuesta de creación de una Compañía de Comercio en las Provincias Unidas del Río de la Plata con sede en Buenos Aires, idea generada a partir de las compañías formadas en Europa, se planteó para que se asociaran todos los habitantes de las Provincias Unidas. Entre los fundamentos para su creación se expresó la necesidad de que los potenciales inversores acrecentaran sus pequeños capitales, que así ingresarían así en la corriente circulatoria de la economía, privilegiando la industria nacional, que valorizaría los frutos argentinos. Consideraba que se alcanzarían logros muy beneficiosos para el Estado y para la Nación.

Expuestos los antecedentes, el Poder Ejecutivo solicitó que el Congreso le diese facultad para formar una Compañía de Comercio privilegiada, con el propósito de alcanzar la felicidad económica del Estado de manera conjunta con la de los asociados a la empresa comercial.

La preocupación manifestada por el Congreso y el Directorio respecto de estas cuestiones es una evidencia de que las Provincias Unidas del Río de la Plata vivían en ese tiempo de luchas, abrumadas por los problemas financieros. Pueyrredón procuró sanear las deudas del y con el Estado, tarea que no fue simple por el abuso de los deudores en pagar con las letras de amortización cuando lo que se necesitaba era efectivo para afrontar las crecientes demandas del Ejército, que preparaba el inminente cruce de los Andes.

La preocupación del Congreso y el Directorio respecto de la obtención de recursos son evidencia de que las Provincias Unidas del Río de la Plata vivían en ese tiempo de luchas, abrumadas por los problemas financieros.