Investigan corrupción en el D4

Confirmaron que los móviles policiales no fueron reparados

Así lo determinó el peritaje de Gendarmería Nacional, solicitado por el fiscal Roberto Apullán. Uno de los móviles pertenecía a la custodia oficial del gobernador y su mantenimiento ni siquiera estaba dentro de la órbita de Logística.

Juliano Salierno

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Peritos mecánicos de Gendarmería Nacional Argentina determinaron de manera categórica, que siete de los diez vehículos policiales que fueron secuestrados a principio de mes, no tienen signos de haber sido reparados o que se hayan reemplazado piezas o repuestos, según lo documentado en la denuncia penal por presunta corrupción en el Departamento de Logística (D4) de la Jefatura de Provincia.

La confirmación oficial fue comunicada el martes de la semana pasada al fiscal del MPA, Roberto Apullán, quien continúa con las actuaciones a los fines de determinar si las maniobras urdidas se corresponden con los gastos de taller que se cobraron y cuyos fondos fueron presuntamente desviados.

De los tres vehículos restantes, los especialistas tampoco corroboraron los arreglos; sino que aclararon que no se pudieron constatar de manera fehaciente las irregularidades denunciadas.

Custodia oficial

Comprobantes por cambios de ópticas en móviles cuyo dispositivo no fue siquiera abierto para reemplazar una lámpara; boletas por arreglos de chapa y pintura de la trompa de unidades en las que no se registran tales intervenciones; colocación ploteos; y hasta gastos de pintura para un colectivo inutilizado que se descascara en uno de los talleres del D4, son apenas una muestra de lo que el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, vaticinó como un caso de “corrupción institucional” que se sospecha generalizada.

Como si fuera poco, del grupo de móviles secuestrados, uno de ellos pertenecía a Logística pero estaba asignado a la custodia oficial del gobernador Miguel Lifschitz, por lo que su mantenimiento como su reparación no dependían del D4, sino de la Dirección de Movilidad de la provincia y sin embargo figuran gastos que lo incluyen.

No hay imputados

La investigación comenzó el 4 de mayo con la denuncia del ministro Pullaro, ante el Ministerio Público de la Acusación, luego de una denuncia anónima en la que se suministró información precisa sobre un posible caso de defraudación.

El fiscal Apullán ordenó siete allanamientos en talleres mecánicos, una casa de repuestos y en dependencias del Departamento de Logística (D-4) de la Jefatura de Policía de la provincia que se realizaron entre el viernes 13 y el lunes 16 de mayo; y se completaron el jueves 19 con otro allanamiento a la División Logística de la Unidad Regional Uno.

También el viernes 13 se secuestraron diez vehículos: un colectivo, cuatro camionetas y cinco autos, cuyos peritajes quedaron a cargo de Gendarmería.

Actualmente, la causa no tiene imputados, pero se espera que a medida que avance la investigación, ésta pueda involucrar a personal policial de distintos rangos; así como a particulares cuya participación habría posibilitado la maniobra delictiva, sacando un provecho económico de ello, en perjuicio del Estado.

Palabra oficial

En un comunicado de prensa del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Roberto Apullán dijo que los resultados de las pericias “tienen el carácter de anticipo jurisdiccional de prueba”, y destacó que son importantes por sus posibles vinculaciones con otras diligencias investigativas.

“Si bien está vigente el estado de reserva de las actuaciones investigativas, para satisfacer los principios de publicidad e información con relación a la ciudadanía, podemos detallar que las pericias indican que en más de la mitad de los vehículos se corroboró la ausencia de indicios de reparación, y/o repintado, y/o arreglos de partes motoras, y/o sustitución de elementos lumínicos, y/o de diversos circuitos que hacen al funcionamiento de los móviles en cuestión”, detalló Apullán.

También se refirió al personal policial del Departamento de Logística que fue agredido en la calle el pasado viernes 20 de mayo. “Esta persona sufrió agresiones físicas y amenazas, recibió atención médica y realizó una denuncia en sede policial, en la que vinculó lo sucedido con la investigación penal en curso”.