editorial

• Existen elementos suficientes como para comenzar a hablar de un verdadero Estado mafioso instalado durante años en cada uno de los pliegues del poder nacional.

Corrupción y mafia

Con el paso del tiempo y el avance -tardío, pero avance al fin- de las investigaciones judiciales, la palabra corrupción comienza a resultar insuficiente para describir lo que sucedió en la Argentina de los últimos años.

Lo que comenzó como un cúmulo de causas relacionadas con lavado de dinero, coimas y financiamiento oscuro de la política, comienza a virar claramente hacia hechos de sangre que desembocaron en matanzas que poco a poco parecen estar esclareciéndose.

A estas alturas de las circunstancias, existen elementos suficientes como para comenzar a hablar de un verdadero Estado mafioso instalado en cada uno de los pliegues del poder nacional.

El recientemente detenido Ibar Pérez Corradi no dudó en vincular al ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, con este andamiaje y con el tráfico de efedrina en el país. Al menos hasta el momento, sólo se trata de los dichos de un personaje oscuro y sospechado de haber sido el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez.

Pero casi al mismo tiempo, se produjo otro hecho en el que aparece sospechado un hombre fuertemente vinculado con Aníbal Fernández. Se trata de Marcelo Mallo, un puntero político de Quilmes que lideró la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas, creada con el apoyo explícito del gobierno kirchnerista.

El fiscal de Brandsen, Mariano Sibuet, cuenta con evidencias que probarían que el arma de guerra utilizada para asesinar en 2008 a dos ciudadanos colombianos en el shopping Unicenter de Martínez, pertenece a Mallo.

El arma fue secuestrada en la casa del ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, durante los allanamientos que el fiscal Sibuet realizó en el marco de la investigación de Víctor Schillaci y los hermanos Martín y Cristian Lanatta, señalados como los autores del triple crimen de General Rodríguez, que a principio de año se fugaron de la Unidad Penal Nº 30 de la provincia de Buenos Aires.

No parece casual que las investigaciones relacionadas con dos de los más sangrientos episodios criminales de los últimos años, conduzcan hacia el mismo círculo de personas. Todas relacionadas con el poder político de entonces.

La cantidad de hechos de corrupción y los nombres que se investigan en estos momentos o que fueron investigados, resulta escalofriante: Aerolíneas Argentinas, Ciccone Calcográfica, Ricardo Echegaray, Julio de Vido, Lázaro Báez, la efedrina, Ricardo Jaime, Felisa Micheli, Cristóbal López, Skanska, Rudy Ulloa, Antonini Wilson, las importaciones de gas, las Madres de Plaza de Mayo, Amado Boudou, el dólar futuro, la causa Hotesur, son sólo parte de una lista que parece interminable.

Pero no sólo resulta inquietante que tantas posibles conductas mafiosas se hayan replicado en cada una de las áreas del poder político de los últimos años. Lo más grave, quizá, sea que desde hace mucho tiempo cada uno de estos casos viene siendo denunciado por el periodismo, sectores de la oposición y miembros del Poder Judicial; sin que gran parte de la sociedad argentina reaccionara.

De hecho, en las últimas elecciones el candidato oficialista perdió por apenas 2,68 puntos. Si no fuese por algunos errores de cálculo -como que Aníbal Fernández fuera candidato en provincia de Buenos Aires- y porque la Justicia truncó los deseos de poder eterno de Cristina Kirchner, el país seguiría gobernado por los mismos que hoy aparecen sospechados de crímenes aberrantes.

La sociedad argentina, deberá hacerse responsable de un grado de permisividad que también la convierte en cómplice.

La sociedad argentina deberá hacerse responsable de un grado de permisividad que también la convierte en cómplice.