Stolbizer empuja la causa de la sociedad Los Sauces

Allanan en Santa Cruz empresas vinculadas a Cristina Kirchner

Fuerzas federales revisan documentación en el gobierno provincial, en el municipio de Río Gallegos y en una inmobiliaria donde trabajó Máximo Kirchner.

De la redacción de El Litoral

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La Policía Federal realizaba hoy allanamientos simultáneos en Santa Cruz, que incluían dependencias de los gobiernos provincial y municipal, para secuestrar documentación vinculada con la sociedad Los Sauces, de la familia de la ex presidente Cristina Fernández, en el marco de una causa por presunto lavado de activos de origen ilícito.

Por orden del juez federal porteño Claudio Bonadio, los efectivos ingresaron a la inmobiliaria Sancho San Felice, donde trabajaba Máximo Kirchner hasta que asumió como diputado nacional. También buscaban información en dos complejos de departamentos situados en Mariano Moreno al 800 y en Alvear y Tucumán, en el centro de esta capital, que fueron construidos por la empresa Austral de Lázaro Báez y serían propiedad de Los Sauces.

Asimismo, la prensa constató el ingreso de personal de Policía Federal en la Gobernación de Santa Cruz y en el edificio de la Municipalidad de Río Gallegos. En el caso de esta última dependencia, también se estaba allanando un edificio situado a dos kilómetros del Palacio Municipal, donde funciona el Departamento Tierras de la comuna.

Denuncia ampliada

Bonadio dispuso los procedimientos en la provincia de Santa Cruz para secuestrar documentación relacionada con la sociedad Los Sauces, porque sospecha de maniobras de lavado de dinero. La causa es la que inició la diputada Margarita Stolbizer, quien amplió la denuncia días atrás y extendió la acusación contra la ex mandataria al delito de “asociación ilícita” y “enriquecimiento ilícito”.

Los procedimientos ordenados por Bonadio incluían varias propiedades que figuran a nombre de Los Sauces en tres ciudades de Santa Cruz, aunque hasta esta mañana se había informado sólo de los procedimientos en Río Gallegos. La intención del juez es secuestrar expedientes de autorización y ejecución de obras civiles en los municipios de la capital provincial, El Calafate y El Chaltén. También dispuso el secuestro de expedientes relacionados con esos emprendimientos en la gobernación santacruceña. Bonadio ya había efectuado allanamientos similares pero en relación con la sociedad Hotesur, también vinculada con la familia Kirchner.

Embargan a López por $ 200 millones

El juez federal Daniel Rafecas procesó hoy al ex secretario de Obras Públicas kirchnerista, José López, por el delito de enriquecimiento ilícito y le embargó sus bienes por 200 millones de pesos.

El magistrado mantuvo la competencia -es decir se quedó con la causa- pese a un pedido del fiscal Federico Delgado para que le remitiera el expediente a su colega Julián Ercolini.

Rafecas dispuso, por otra parte, extraer copias de todo lo actuado para que se investigue en paralelo a López por presuntos delitos de corrupción, en el contexto de la causa que lleva adelante Ercolini por supuestos sobreprecios en la obra pública entre 2003 y 2015.

El fallo defiende la autonomía del delito de “enriquecimiento ilícito” por el que fue procesado López, con el objetivo de acelerar el proceso hacia el juicio oral, y la eventual obtención de un fallo que le permita al erario recuperar el dinero obtenido de manera ilegal por el ex funcionario.

Rafecas resolvió, además, aceptar a la Oficina Anticorrupción (OA) como querellante en la causa. El fiscal Delgado había pedido que Rafecas se declarara incompetente y unificara la investigación en la causa de Ercolini, pues los supuestos sobreprecios en la obra pública podían ser el origen del dinero mal habido por López, aunque el juez desestimó ese planteo. En cuanto a la situación de detención de López, el juez la convirtió en prisión preventiva porque entendió que cuando fue arrestado estaba intentando ocultar prueba, lo que implica un riesgo procesal que amerita mantenerlo preso.

López, añade el fallo, no pudo justificar 8.982.047 de dólares, 153.610 euros y 159.114 pesos, además de costosos relojes, que le fueron encontrados en bolsos que pretendía esconder en un convento en General Rodríguez, el 14 de junio pasado.

Jueces bajo la lupa

El Consejo de la Magistratura aprobó hoy la realización de una auditoría en el Fuero Penal Federal porteño sobre las causas de corrupción de funcionarios públicos que se acumulan en los tribunal de Comodoro Py. La decisión fue adoptada por el plenario del Consejo con unanimidad de los votos. El cuerpo dispuso que la auditoría comience cuanto antes.

El Consejo de la Magistratura de la Nación trató la iniciativa del presidente del organismo, Miguel Piedecasas, ante la sospecha de que hubo “causas dormidas” durante los gobiernos kirchneristas.

Los 12 jueces porteños tienen todas las investigaciones por presunta corrupción del gobierno anterior. En algunos casos la demora en la tarea investigativa ha sido “inadmisible”, dicen desde el entorno del presidente del organismo.