Nueva etapa

Fiscales pedirán indagar a Cristina Kirchner

Es para que declare ante el juez federal Julián Ercolini como sospechosa de favorecer con la obra pública al empresario Lázaro Báez.

De la redacción de El Litoral

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Finaliza hoy la feria judicial y un grupo de fiscales prepara para esta semana la presentación de un pedido de indagatoria para que declare la ex presidente Cristina Kirchner, investigada por corrupción. Según se sabe, el pedido de indagatoria se basa en acusaciones que también vinculan a Lázaro Báez: se investiga a la ex presidente por direccionar licitaciones de obras de Vialidad Nacional hacia el empresario, favorecerlo en los contratos y no controlar su ejecución.

Entre los funcionarios del Ministerio Público que trabajan en la solicitud están Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Ambos buscan que la ex jefa de Estado declare ante el juez federal Julián Ercolini como sospechosa de favorecer con la obra pública al empresario Lázaro Báez, según aseguraron fuentes judiciales.

Las obras en las que se habría beneficiado a Báez están en Santa Cruz y son: tramos de la Ruta Nacional 3, de la nacional 288 y de la provincial 9. Todas fueron adjudicadas a una de las constructoras de Báez llamada “Kank y Costilla”.

Si bien hasta hoy no trascendió cuándo se hará la presentación del pedido de indagatoria, las mismas fuentes admitieron en las últimas horas que “quieren realizarlo lo antes posible”. Por ese motivo, se continúan evaluando las pruebas aportadas y recibiendo nuevas. Entre la información que recibieron los investigadores durante las últimas semanas hay de Vialidad Nacional donde se analiza que en el caso de la ruta 3 hubo una diferencia de un 300% entre el proyecto inicial y lo finalmente pagado. Mientras que en las obras de la ruta 288 se avanzó en un 45% y se cobró en casi un 60%, según dicho documento.

Esta mañana, varios medios porteños especulaban con que la idea de los fiscales es sumar las 51 obras asignadas a Báez que representan el 80% de la obra vial provincial. A estas pruebas se sumaron en las últimas horas nuevas evidencias clave sobre cómo era la operatoria entre la Dirección de Vialidad Provincial y la empresa de Báez. “Se incorporó evidencia que permite corroborar lo que se sospechaba”, dijo una fuente con acceso al expediente.

Otras causas

En causas paralelas se investigan otros favorecimientos a otros empresarios ya citados a indagatoria, como Cristóbal López, y un mecanismo de retorno de dinero hacia empresas de la familia presidencial, mediante el pago de alquileres, ya sea de habitaciones de hotel o propiedades, por parte de estos empresarios a firmas controladas por la ex mandataria.

Ésta es la mirada que reclamó la Cámara Federal (Sala II) cuando dijo, en la causa Báez por lavado de dinero, que se debía mirar la maniobra como un todo, siguiendo las investigaciones de manera separada, pero intercambiando información entre los diversos jueces ante la sospecha de que todas las causas son segmentos de un mismo hecho delictivo por el que están investigados la ex presidente y empresarios amigos.

El dato

Una causa

• Hasta ahora Cristina Kirchner está procesada por el juez federal Claudio Bonadio, acusada de indicar en los últimos meses de su gobierno que se hicieran operaciones de venta de dólar a futuro a mayor precio que el de mercado, para perjudicar al gobierno de Mauricio Macri en caso de que ganara y devaluara, como ocurrió. Este es un caso donde se pone en tela de juicio una decisión política que Bonadio entendió delictiva. Ese procesamiento está apelado ante la Cámara Federal que debe decidir si lo confirma o no.

 

Fariña brindará detalles importantes

• El arrepentido de “la ruta del dinero K”, Leonardo Fariña, ampliará esta semana su declaración indagatoria ante el juez Casanello, con información “precisa y asombrosa”, según los profesionales que lo asisten, sobre el monumental sistema montado para robar con la obra pública.

Fariña comienza con dos datos clave que permitieron montar “el club de la obra pública”: tomando como prototipo el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz -que no sólo construía casas sino que concentraba toda la obra pública provincial con muy pocos controles externos debido a su autarquía administrativa-, se logró que en el Ministerio de Planificación Federal que comandaba Julio de Vido “todas las áreas aportarían a la recaudación y trabajarían en conjunto al mando del difunto ex presidente y luego de la doctora Fernández”, explicó Clarín.

El otro cambio clave fue la modificación de la ley 13.064 de Obras Públicas, que hasta entonces permitía en los grandes proyectos un “acopio de materiales” anticipado, para poder congelar el precio de ciertos insumos. La innovación K fue reemplazar “acopio” por “anticipos financieros”. Así, al momento de firmarse el contrato, se le adelanta al contratista un pago inmediato de entre el 10% y el 20% del valor del contrato”, que tal como Fariña ya había dicho y ahora ratifica, “ese monto era el que debía abonarse en concepto de retorno por la adjudicación de la obra. Usualmente se pagaba a los secretarios de Estado dependientes de la cartera de De Vido”, añadió la publicación.