Está en riesgo la disminución del déficit fiscal

Si cae el tarifazo, el Estado perderá $ 150.000 millones

• Subsiste la incertidumbre sobre el aumento de la energía, tras la ola de amparos concedidos por la Justicia. La Casa Rosada no quiere volver al sistema de subsidios.

De la redacción de El Litoral

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El presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, Sergio Ziliotto, advirtió que de quedar sin efecto los aumentos tarifarios en la luz y el gas, el Estado nacional deberá afrontar por año el pago de $ 150.000 millones de pesos en subsidios que -añadió- “se aplican mayoritariamente en el gran conurbano bonaerense”.

El legislador dijo que ahora, con las suspensiones de los aumentos que determinaron los jueces, “hemos vuelto al sistema anterior, que le cuesta al país 150 mil millones de pesos”.

Agregó que el sistema de subsidios se aplica mayoritariamente para porteños y bonaerenses, donde -recordó- “todos pagan 60 ó 70 pesos de luz, vivan en la villa 31 o en San Isidro”.

El pampeano Zilotto es integrante del bloque justicialista y le puso cifras al informe que ayer divulgó la Fundación Mediterránea, que indicó que el recorte de subsidios destinados a la energía permitió bajar en dos puntos porcentuales del PIB, el déficit del primer semestre. También alertó que lo que resta del año será clave para ver si la administración de Mauricio Macri logra alcanzar la meta fiscal.

El déficit primario, sin computar intereses, pasó de 3,5 puntos del PIB en el primer semestre de 2015 a 3,3 puntos en igual período de 2016.

Esto sucedió pese a que las prestaciones de Seguridad Social subieron de 9% a 9,2% del PIB en ese período, pero el monto de subsidios económicos se achicó de 4,1 a 3,1 puntos del PIB, destacaron Marcelo Capello y Néstor Grión de la Fundación Mediterránea.

Por otra parte, producto de la eliminación de retenciones y la suba del mínimo no imponible de Ganancias, el sector público resignó ingresos por casi 1 punto del PIB. Dentro de las partidas de gasto, además del recorte a subsidios se observó una significativa merma en la cuenta “Gasto de Capital”, equivalente a 0,9% del PIB

En pesos corrientes, “las transferencias corrientes a las provincias se incrementaron un 45% interanual en el primer semestre de 2016, pero las de capital se contrajeron un 17,4%. Los envíos automáticos subieron 35,5 % interanual, mientras que los discrecionales cayeron 10,7%”, indica el informe de la Fundación.

Para lo que resta del año, si la situación fiscal no se deteriora es posible, sostiene Capello, que se alcance la meta fiscal para el año 2016 de un déficit primario de 4,8% del PIB, más aún considerando la revisión realizada sobre el PIB nominal, que le ha brindado un espacio fiscal de 40.000 millones de pesos.

Peña espera

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, desestimó la solución planteada por la diputada Elisa Carrió para resolver el conflicto del aumento de tarifas mediante el sencillo trámite de admitir el error de no haber convocado a audiencias públicas.

El funcionario dijo que el gobierno espera que “lo antes posible” la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle sobre la ola de amparos que desató el tarifazo.

Dijo que para el gobierno nacional “no es un problema el hacer la audiencia pública” y anunció que están analizando la concreción de lo que llamó “más mecanismos de consulta”.

“Fueron muchos años de mentira y estafa a los argentinos, que de un país que exportaba energía tuvimos escasez. No era un tema sencillo y lo sabíamos, había mucho desajuste entre interior y la ciudad de Buenos Aires”.

En riesgo

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina consideró que la medida dictada por la jueza Federal Martina Forns, que frenó la aplicación de las nuevas tarifas del sector, resulta “inconsistente y potencialmente riesgosa”.

Adeera reúne a empresas en el sector distribución, entre ellas, la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

Lamberto pide información a la EPE

El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, envió a la Empresa Provincial de la Energía un oficio solicitando informes en relación al fallo de la Justicia Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, que suspendió el aumento dispuesto por el gobierno nacional en la energía eléctrica.

En el escrito, se pone especial énfasis en la necesidad de conocer qué conducta deben “seguir para los usuarios que tienen pendiente el pago de facturas ya emitidas”.

En el escrito, Lamberto pidió a la EPE que informe a la Defensoría “qué disposiciones se han tomado por parte de la Empresa Provincial de la Energía con relación a la aplicación de ese fallo judicial sobre el tarifario de esa empresa, fundamental sobre la conducta a seguir para los usuarios que tienen pendiente el pago de facturas ya emitidas”.

Al mismo tiempo, el ombudsman santafesino solicitó a la compañía estatal “informar qué disposición se ha tomado” al respecto de “las facturaciones futuras de la empresa”.

Finalmente, ofreció poner a la Defensoría del Pueblo “a disposición para colaborar en la difusión de las medidas que se dispongan al respecto”.

Teléfono de contacto:

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“Habrá apagones en Buenos Aires”

El presidente de la empresa Edenor, Ricardo Torres, advirtió hoy que el actual congelamiento de tarifas “pone en tremendo riesgo” el funcionamiento de la compañía, así como el pago de los salarios y el mantenimiento de las inversiones para sostener el servicio de distribución de electricidad en el área metropolitana.

“Las cosas están en un gran desorden porque una serie de sentencias han ido para adelante y para atrás con los aumentos, algunos con efectos que creo que ni los jueces han querido, como por ejemplo que 600.000 clientes nuestros hayan perdido la tarifa social, o que estemos subsidiando a automotrices, bancos, shoppings centers o gente de clase más alta por volver a la situación anterior”, dijo Torres en declaraciones a Radio Mitre.

Alertó que “dado que tenemos que devolverle (a los usuarios) la plata que ellos pagaron durante los últimos cuatro meses, Edenor tendría cero ingresos durante el próximo año. Es un tremendo riesgo para el servicio, que en el caso de Edenor es 80% de salarios y el mantenimiento e inversiones. La situación es bastante insólita y grave”, calificó.

A los 7.000 empleados de la firma “hay que pagarles el salario y la compañía no puede hacerlo si no tiene ingresos”, señaló. “Los tiempos judiciales son otros y es como que los jueces toman decisiones un poco sin ver los efectos en la vida real”, acotó el directivo.

Torres señaló que, con las anteriores tarifas, en los hogares de Capital Federal y el Conurbano bonaerense los usuarios residenciales pagaban el equivalente al 10% del costo del servicio, y los industriales y grandes usuarios, el 40%. La tarifa residencial promedio rondaba los $30 y ahora, con el aumento, ascendía a $150, dijo.