editorial

• Mientras miles marchaban en Rosario para pedir seguridad, ocho personas resultaban baleadas en Santa Fe en menos de 12 horas.

Inseguros

El fenómeno no es nuevo, pero el problema de la inseguridad cruje de manera cíclica en una provincia como Santa Fe, donde sus dos principales conglomerados urbanos figuran desde hace demasiado tiempo en la nómina de las ciudades más violentas de la Argentina.

A decir verdad, no se trata de casos aislados. Sería injusto focalizar la problemática del delito en esta provincia, como intentó hacerlo el kirchnerismo durante los últimos años por razones meramente políticas. Sin embargo, sería de necios negar que el flagelo alcanza dimensiones por momento dramáticas en Rosario y Santa Fe.

El jueves por la tarde, miles de rosarinos salieron a las calles para pedir más seguridad. Se trató de una convocatoria realizada a través de redes sociales, a partir de la iniciativa de los familiares de Rubén Figueroa, un hombre de 56 años que a fines de 2015 fue asesinado cuando trató de evitar que robaran en el comercio de su esposa.

Fue una manifestación absolutamente genuina, en una ciudad donde desde hace años se multiplicaron las bandas de narcotraficantes y que, en los últimos tiempos, se convirtió en el escenario de diversos crímenes cometidos en ocasión de robo.

Tanto fue así que el gobernador Miguel Lifschtiz optó por suspender su agenda de actividades prevista para el día siguiente, para abocarse a evaluar la situación con su equipo de colaboradores. A su vez, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, reconoció que el gobierno provincial está “impactado” por la marcha de Rosario.

No se trata de un término usado con frecuencia en la política. Y, mucho menos, a modo de autocrítica y reconocimiento de una situación que debe ser abordada desde los distintos ámbitos del Estado de manera urgente.

Pero mientras las miradas del país se posaban sobre Rosario, en la ciudad de Santa Fe se producía un hecho gravísimo: el mismo día y en apenas 12 horas, ocho personas resultaron heridas por armas de fuego. Una de ellas, perdió la vida.

Se trata de un promedio aterrador para cualquier comunidad que aspire a vivir en paz y que, sin embargo, pasó prácticamente desapercibido para la opinión pública.

Seguramente fue así por un entramado de motivos. Pero uno de ellos, sin dudas, radica en el hecho de que todos los casos se produjeron en la zona oeste de la ciudad, por razones vinculadas con enfrentamientos interpersonales, venganzas y pujas territoriales por el narcomenudeo.

Mientras los crímenes ocurran en las zonas más violentas del oeste de Santa Fe, difícilmente se produzca una reacción social generalizada en la ciudad. Sin embargo, se trata de una postura miope y mezquina. Quizá, por momentos, la inseguridad pueda parecer problema de otros. Pero tarde o temprano, se convierte en una verdadera bomba de tiempo que estalla frente a quienes prefirieron mirar este flagelo de costado.

A esta altura de las circunstancias, se puede teorizar sobre los intrincados motivos sociales que generaron esta situación de violencia que parece no tener límites. Pero mientras algunos sectores del Estado -provincial y nacional- se abocan a la ardua tarea de generar un contexto diferente para enormes sectores que se encuentran excluidos del sistema; otros deben trabajar en la coyuntura y tomar las medidas imprescindibles para prevenir el delito y castigar a los responsables de tantos crímenes.

Las falencias se observan en ambos planos. Durante las últimas semanas, el poder político y la Justicia de la provincia entablaron durísimos cruces mediáticos.

Puede que cada uno de los sectores tenga su cuota de razón. Sin embargo, cuanto esto ocurre, la sensación que prevalece en la sociedad es que los responsables de enfrentar la inseguridad sólo intentan evadir sus responsabilidades y encontrar culpas ajenas.

Quizá, por momentos, la inseguridad pueda parecer problema de otros. Pero tarde o temprano, se convierte en una verdadera bomba de tiempo.